Argentina está cambiando: las piedras de los violentos ya no alcanzan y Milei demuestra firmeza y decisión

RESUMEN

• La oposición intentó avanzar contra el DNU 70/2023 de Javier Milei, pero la convocatoria parlamentaria descripta terminó sin alcanzar el quórum necesario.

• Los 121 diputados reunidos quedaron a ocho de los 129 exigidos para iniciar la sesión, según los datos de la jornada.

• El oficialismo consiguió articular respaldos parlamentarios que impidieron tratar la derogación de una de sus principales reformas.

• Los incidentes registrados durante las protestas volvieron a instalar el debate sobre los límites entre la manifestación legítima y la violencia callejera.

• La discusión de fondo es si la presión de la calle puede condicionar decisiones que deben resolverse mediante los mecanismos de la democracia.

Durante décadas, la política argentina convivió con una realidad tan incómoda como peligrosa: cuando determinados sectores no conseguían imponer sus posiciones dentro de las instituciones, trasladaban la disputa a la calle. Los cortes, las movilizaciones, los paros y, en algunos casos, los episodios de violencia pasaban a formar parte de una estrategia de presión destinada a modificar decisiones políticas. El problema nunca fue que la gente protestara, porque manifestarse es un derecho constitucional. El problema aparece cuando alguien pretende que la capacidad de paralizar una ciudad, provocar destrozos o intimidar a los demás tenga más valor que los votos de los representantes elegidos por la ciudadanía.

La sesión especial convocada para intentar derogar el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei, de acuerdo con los números consignados sobre la jornada del 15 de octubre, terminó sin siquiera comenzar. La oposición necesitaba reunir 129 diputados y solamente consiguió sentar a 121 legisladores. Ocho bancas vacías fueron suficientes para impedir que avanzara el tratamiento de una de las herramientas más importantes del programa de desregulación económica del Gobierno nacional.

Pero reducir lo ocurrido a una simple cuestión matemática sería quedarse con una parte demasiado pequeña de la historia. Lo verdaderamente significativo es que el Gobierno consiguió sostener una posición parlamentaria pese a no contar con una mayoría propia. Lo hizo mediante acuerdos con gobernadores, sectores del PRO, legisladores radicales y representantes provinciales que, más allá de sus diferencias con el Presidente, decidieron no acompañar aquella iniciativa opositora.

Y esto merece una reflexión. En democracia, los acuerdos parlamentarios son tan legítimos como las discrepancias políticas. La oposición tiene todo el derecho de impulsar la derogación de un decreto, cuestionar sus consecuencias y reunir los votos necesarios para modificar el rumbo legislativo. Del mismo modo, el oficialismo tiene derecho a negociar apoyos para impedirlo. Las reglas deben ser las mismas para todos, independientemente de quién ocupe la Casa Rosada.

Lo que resulta mucho más difícil de justificar es que una controversia institucional termine acompañada de episodios de violencia que afectan a personas, trabajadores, comerciantes y bienes públicos. Según la información aportada sobre las manifestaciones de aquella jornada, se registraron 25 detenciones, efectivos policiales heridos y daños que el Gobierno porteño estimó en aproximadamente 90 millones de pesos. Son cifras que requieren corroboración independiente, pero que, de confirmarse, muestran la dimensión de los incidentes.

Una piedra no es un argumento político. Un comercio destrozado no representa una reivindicación social. Una amenaza de muerte no constituye una forma legítima de oposición. Y ningún dirigente debería encontrar en esos comportamientos una herramienta aceptable para disputar poder.

Conviene establecer una diferencia que muchas veces se pierde deliberadamente en medio de las discusiones. Miles de argentinos pueden movilizarse pacíficamente para defender la educación pública, reclamar mejores salarios, cuestionar medidas económicas o manifestar su desacuerdo con Javier Milei. Ese derecho debe ser respetado y protegido. Pero quienes aprovechan esas concentraciones para cometer actos violentos deben responder individualmente ante la Justicia. No corresponde responsabilizar a todos los manifestantes por la conducta de unos pocos, como tampoco corresponde minimizar los delitos cometidos durante una protesta.

La Argentina necesita discutir algo bastante más profundo que la continuidad de un decreto. Necesita definir qué lugar ocupan las instituciones cuando las diferencias políticas se vuelven irreconciliables. Si un gobierno puede ser obligado a abandonar una decisión solamente porque determinados grupos amenazan con provocar desórdenes, el sistema representativo termina condicionado por quienes tienen mayor capacidad de presión y no necesariamente por quienes cuentan con mayor respaldo parlamentario.

El Gobierno de Milei sostiene que su política de seguridad, su protocolo antipiquetes y su decisión de mantener determinadas reformas frente a las movilizaciones buscan precisamente evitar ese condicionamiento. Sus críticos, por el contrario, advierten sobre los riesgos de restringir el derecho a la protesta y cuestionan tanto el alcance de algunas medidas como los métodos utilizados para aplicarlas. Ambas cuestiones deben poder debatirse, porque el orden público y las libertades constitucionales no son derechos incompatibles: el desafío de cualquier gobierno es garantizar ambos.

También existe otra lectura política que merece atención. El oficialismo comenzó su gestión con una representación legislativa reducida y debió construir acuerdos para sostener sus iniciativas. La jornada parlamentaria descripta mostró que puede reunir respaldos suficientes para bloquear determinados intentos de derogación, aunque eso no equivale a disponer de una mayoría permanente para aprobar cualquier proyecto. La política sigue dependiendo de negociaciones, intereses provinciales y posiciones que pueden cambiar de una sesión a otra.

La oposición, por su parte, enfrenta el desafío de transformar sus cuestionamientos en alternativas parlamentarias concretas. Reunir 121 diputados constituye una expresión institucional importante, pero no alcanza cuando el reglamento exige 129. La diferencia entre expresar un rechazo y conseguir que ese rechazo tenga consecuencias legislativas está precisamente en reunir los votos necesarios. Esa regla vale para cualquier fuerza política.

Y hay un episodio especialmente grave que tampoco debería pasar inadvertido. Según el relato de los acontecimientos, un manifestante llegó a reclamar públicamente el fusilamiento del Presidente y de integrantes de su Gobierno. Si esa expresión fue formulada en los términos señalados, merece un rechazo categórico. La violencia política no puede naturalizarse como una exageración propia del clima de confrontación. En la Argentina democrática no puede haber espacio para amenazas de ejecución contra un presidente, un opositor o cualquier ciudadano.

La enseñanza institucional de aquella jornada es concreta: una protesta, por numerosa que sea, no reemplaza los procedimientos establecidos para modificar una norma. Y la violencia, por grave que resulte, tampoco puede transformarse en una fuente de legitimidad política.

La oposición podrá seguir cuestionando a Milei, exigir explicaciones, convocar movilizaciones y promover nuevas iniciativas legislativas. El Gobierno, a su vez, deberá seguir defendiendo sus decisiones dentro de la Constitución, aceptando los controles judiciales y parlamentarios que correspondan. Esa es la democracia, incluso cuando sus resultados no satisfacen a quienes participan de ella.

Lo que debería quedar definitivamente atrás es la idea de que romper, intimidar o amenazar concede algún derecho especial para decidir el destino del país.

Porque los gobiernos se controlan con instituciones, las leyes se modifican con los procedimientos constitucionales y las diferencias políticas se resuelven con argumentos y votos. Nunca con piedras.

Y esa regla debe aplicarse sin excepciones, gobierne quien gobierne.