La Defensa Pública expuso sus argumentos ante la Cámara de Diputados de Santa Fe

Una veintena de diputados escuchó los argumentos del Servicio Público Provincial de Defensa Penal acerca del mensaje del Poder Ejecutivo que propende reformas a ese instituto del sistema penal santafesino. La defensora general, Estrella Moreno Robinson, encabezó la delegación que había sido invitada por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Pablo Farías. La reunión -llevada adelante en el recinto- fue encabezada por la presidenta del cuerpo, Clara García.

El mensaje del Poder Ejecutivo fue uno de los pocos que sobre reforma al sistema de seguridad pública no llegó al recinto de las cámaras legislativas en diciembre ni en enero. Moreno Robinson advirtió que la redacción de la ley debilita al sistema y lo deja en desventaja ante el Ministerio Público de la Acusación. "Tenemos que tener paridad de armas", insistió en varias ocasiones la defensora en el recinto legislativo, argumento que -basado en legislación internacional- viene repitiendo desde que el Ejecutivo remitió el mensaje a Legislatura.

"Entendemos que no nos deben reducir" afirmó, y marcó diferencias con la decisión del Ejecutivo de poner en marcha un sistema de asistencia profesional privada para los imputados de delitos que quieran usar la defensa pública, sea por estrategia o por términos económicos. "Hemos demostrado eficacia en la tarea de la Defensa y nuestros integrantes no han tenido sanciones" esgrimió la defensora. Para muchos legisladores no pasó inadvertida esa definición teniendo en cuanta que son varios los fiscales que fueron sometidos a investigación de sus conductas en estos diez años e incluso algunos destituidos del cargo.

La semana pasada, la Legislatura sancionó la Ley que 14.248 que aplicó varias reformas al MPA, entre ellas dotando de mayor poder a la figura del fiscal general sobre los regionales, habilitándole nuevas atribuciones e incluso designando 17 cargos de fiscales con dependencia directa. La Defensa no cuestiona la ley pero reclama que también se fortalezca a ese instituto para mantener los equilibrios claves en el marco del sistema acusatorio pronto a cumplir diez años en la provincia de Santa Fe.
"Contrariamente a todo lo expuesto en el proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo, a través de la reducción en la cantidad de defensores y la tercerización del sistema de defensa pública, se profundiza la situación de desigualdad del Servicio Público Provincial de Defensa Penal respecto del MPA y del Poder Judicial, lo cual es violatorio del principio de igualdad de armas, insistió. Se advirtió ante Diputados que "habrá un aumento de la demanda con la aprobación de nuevas leyes, como el nuevo régimen penal juvenil y la Ley de narcomenudeo sin asignación de recursos".

"No estoy en contra de la defensa privada, pero advertí que en muchas ocasiones los privados dejan los casos y los defensores públicos debemos asumir la función en el medio de juicios" señaló Moreno Robinson. "Fuimos escuchados, nos pidieron datos, los vamos a seguir acercando y esperemos que nuestra postura sea aceptada al momento de llegar al recinto", acotó.
Moreno Robinson asistió acompañada por los fiscales regionales de Santa Fe, Jorge Leandro Miró, y de Venado Tuerto, Mariano Mascioli. García y Farías se ubicaron junto a ellos en la cabecera. En las bancas, integrantes de todas las bancadas escucharon, preguntaron, pero se mostraron cautos al momento de definir la postura que adoptarán al momento de tener que votar el mensaje que no será hasta el mes venidero.

Mutismo
Los legisladores oficialistas que participaron de la reunión con los defensores no abrieron opinión sobre los planteos escuchados. El tema será motivo de análisis en lo que resta de enero y primeros días de febrero con las autoridades del Poder Ejecutivo que participaron en la elaboración del mensaje.

El Servicio Público Provincial de la Defensa Penal entregó a cada legislador una cartilla con los diferentes fundamentos que tiene su postura e incluso con el respaldo que vienen recibiendo de pares de otras provincias, nacionales e incluso de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sobre fines del año pasado, Moreno Robinson presidió la reunión extraordinaria del Consejo del Servicio Público Provincial de Defensa Penal y participó del encuentro del Consejo de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina. En ambas encuentros el eje fue el análisis del proyecto de reforma a la Ley 13.014 que está en Legislatura.
Con los consejeros enviaron una nota a la Cámara de Diputados donde solicitan "imprescindible buscar espacios de debate y encuentro con los representantes de los organismos involucrados". La nota se ponen a disposición para aportar experiencia, conocimiento y valoraciones sobre el estado actual de funcionamiento del sistema, las dificultades que requerirán abordaje, y las propuestas de reformas que se encuentran a consideración de la Legislatura.
En tanto, en la reunión del Consejo de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, la santafesina expuso los alcances del proyectos, los respaldos externos e internos a los cuestionamientos mientras que el cuerpo expuso preocupación por entender "que el proyecto afecta a la autonomía de la Defensa Pública y promueve su debilitamiento siendo esto contrario a las recomendaciones internacionales en la materia".
La reunión entre diputados y la defensa fue la actividad sobresaliente en Legislatura que está en receso y que dejó este y algunos otros mensajes del Ejecutivo para seguir discutiéndolos en febrero cuando se reanude la actividad a pleno. Incluso, varios diputados del norte no estuvieron en el recinto porque optaron por esperar al gobernador Maximiliano Pullaro que anunció actividades en los departamentos del norte, agenda cambiada por el temporal de lluvia.

Ministerio Público de la Acusación
El Poder Ejecutivo promulgó y publicó en Boletín Oficial la Ley 14.248 que reforma aspectos del funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación contenidos en la ley 13.013. Se trata de las reformas a varios artículos para empoderar a a la figura del Fiscal General, centralizando la conducción del organismo que hasta ahora tenía prácticamente una conducción colegiada entre el general y los cinco regionales.
Además, la ley creó 17 nuevos cargos presupuestarios, en la categoría de fiscales para desempeñarse bajo la órbita del fiscal general.
Las nuevas atribuciones votadas apuntan a la tarea que tiene ahora el organismo de hacerse cargo de los casos de microtráfico de drogas. La Ley 14.248 fue la primera en esta etapa institucional que fue aprobada únicamente con los votos de la mayoría en la Cámara de Diputados. En cambio, en el Senado hubo voto unánime.

Con informacion de El Litoral.