Cúneo Libarona ordenó que el sistema acusatorio se aplique desde el lunes en Rosario: la reacción del mundo judicial

Imprevistamente, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció este jueves que, desde el lunes próximo, en la justicia federal de Rosario comenzará a regir el sistema acusatorio. La decisión, consecuencia de un decreto que a fines de febrero puso en manos del titular de la cartera de justicia la implementación para avanzar con esa reforma, llegó en medio de la conmoción que generó el asesinato de cuatro inocentes en manos de bandas narcotraficantes y el clima de violencia que se vive en la ciudad santafesina.

Pero la decisión del Ejecutivo cayó mal y la respuesta no se hizo esperar: desde los tribunales ya venían advirtiendo que ese cambio estructural es imposible hacerlo sin recursos. El presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, viajó de urgencia a Rosario para reunirse con la Cámara Federal, eje del ámbito donde se pretende implementar los cambios desde el lunes, dijeron a Infobae fuentes judiciales. Allí estaban los jueces Silvina María Andalaf Casiello, Aníbal Pineda Fernando Barbara y Elida Isabel Vidal.

Mientras tanto, desde el gremio criticaron la repentina decisión y el jefe de los fiscales interino, Eduardo Casal, le pidió formalmente a Cúneo Libarona que postergue esa implementación: “Es indispensable contar con más tiempo para adecuar la infraestructura y la coordinación con el Poder Judicial de la Nación y el resto de los organismos competentes”.

En una carta dirigida al ministro, Casal hizo un repaso “sin pretender invadir el ámbito propio de otro poder” de todo lo que no hay en Rosario y que es necesario para poder poner en marcha el sistema acusatorio que hoy ya rige en Salta y Jujuy. Solo para tener una idea: poner en marcha el sistema acusatorio en Salta y Jujuy costó en 2019 una cifra estimada en cinco millones de dólares, revelaron a Infobae las fuentes consultadas. Y es una jurisdicción pequeña.

“Las funciones asignadas a este organismo y a los demás actores, sumado a la responsabilidad institucional que exige su gobierno, me impone el deber de solicitar al señor Ministro que disponga, un término adicional para hacer posible, aún con esquemas de contingencia, el piso mínimo de circuitos de trabajo y coordinaciones interinstitucionales que eviten consecuencias nocivas para la gestión de los casos en la jurisdicción de referencia, y permita desarrollar un proceso de implementación que asegure la mayor eficacia del nuevo sistema de enjuiciamiento adversarial. En espera de una resolución favorable a esta petición, saludo al señor Ministro con distinguida consideración”, dice la carta que le envió Casal a Cúneo.

En off, los términos eran menos institucionales. “Es una irresponsabilidad -dijeron en el mundo de los fiscales ante la consulta de este medio- Acá se necesita una mínima coordinación para implementar este cambio. Se necesitan por lo menos tres meses para ponerlo en marcha. Todos queremos hacerlo, pero se necesita hacer que funcione”.

Desde que Cúneo Libarona dejó de ser abogado penalista para convertirse en el ministro de Justicia de Milei, insistió en distintas conferencias y entrevistas que su misión era poner en marcha cuanto antes el sistema acusatorio, en busca de agilizar las causas de corrupción y lavado de dinero. Pero la decisión, subrayan en tribunales, requiere recursos. Y eso es lo que le está haciendo ver, desde el primer momento, el mundo de los fiscales.

El 19 de febrero, planteó avanzar “con los medios que tenemos, pero la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN), la entidad que nuclea a los fiscales federales y nacionales de todo el país, advirtió: “Resulta riesgoso para la legitimación del mecanismo y de sus operadores, que el traspaso integral del sistema penal mixto a un acusatorio y oral se haga con los recursos y herramientas existentes”.

Ese mismo día, Cúneo Libarona estuvo de visita en los tribunales de Comodoro Py reunido con los jueces de Casación, junto al viceministro Sebastián Amerio. Ahí repitió el mantra de Milei: “No hay plata”. “Estamos mal económicamente -dijo frente Infobae- El sistema acusatorio se puede aplicar con esfuerzo e imaginación... Si me quedo esperando los recursos, nos vamos a volver todos más viejos. Son tan buenos nuestros jueces que se las van a ingeniar”.

“Con imaginación no alcanza”, repetían en tribunales al conocer sus declaraciones. Es más: los fiscales se preguntaba por qué hablaba de los jueces que debían ingeniárselas cuando en este sistema los protagonistas son los fiscales.

La relación entre el Ejecutivo y el mundo de los fiscales volvió a tensarse a fines de enero. Fue cuando el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció en conferencia de prensa desde la Casa Rosada que el gobierno nacional iba a proponer “crear una fiscalía especial que se encargue de investigar la corrupción de los funcionarios públicos”. El detalle aludía a “todos los funcionarios públicos nacionales y provinciales, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo”, poniendo el foco en “los casos de enriquecimiento político e incrementos patrimoniales no justificados”. Fue luego de la caída del proyecto de Ley Ómnibus. Para esa altura, nadie había llamado a la Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, para comentar la iniciativa.

Hubo una reunión posterior entre Cúneo y Casal, y la respuesta del Ministerio Público llegó en forma de misiva: el proyecto resulta “inviable” en el marco legal actual, dijo expresamente la carta que envió Casal al ministerio a mitad de febrero.

En los días siguientes, el Gobierno decidió avanzar con el despliegue del sistema acusatorio. “Es prioritario que se reanude la aplicación del sistema acusatorio para darle a los argentinos un sistema de justicia que sea justo”, dijo el ministro. El 26 de febrero, el Ejecutivo publicó en el boletín oficial el DNU 188/2024 en donde se dispuso que el Ministerio de Justicia quedaba a cargo de su implementación, desplazando a la comisión bicameral que funciona en el Congreso. Hace casi 10 años, en 2014, la ley 27.063 aprobó el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que implicaba -entre otros puntos- el cambio a un sistema que busca empoderar a los fiscales en las investigaciones y en donde el procedimiento pasa a hacer oral.

En los últimos días, los crímenes ocurridos en Rosario sacudieron al Gobierno: se habló de enviar al Ejército, la ministra de Seguridad promovió una ley antimafias y el titular de la cartera de Justicia hizo público un comunicado en donde informó sobre los nuevos lineamientos para ayudar a jueces y fiscales y acelerar las causas. Fue después de tener que aclarar que no había representado, en su rol de abogado, a un conocido narcotraficante sino que el defensor había sido uno de sus hermanos.

Entre las medidas que anunció la cartera de Justicia había cinco ejes centrales: la implementación del sistema acusatorio; una reforma del Código Penal; cubrir las vacantes en el sistema judicial; la “extinción de dominio”; el fortalecimiento de la delegación de la UIF (Unidad de Información Financiera de Rosario) y la creación de nuevos espacios de trabajo.

Lo que en tribunales nadie se imaginó es que este mismo jueves, al mediodía, se informó por comunicado que Cúneo Libarona resolvió “en el marco de la grave situación de violencia y avance del narcotráfico en la Ciudad de Rosario y su área metropolitana” disponer “la inmediata entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en el ámbito de la Cámara de Apelaciones de Rosario a partir de las 00:00h del lunes 18 de marzo”.

“La ley que incorpora a la legislación argentina el Código Penal Procesal Federal busca la más eficaz persecución de los responsables de los graves crímenes como el narcotráfico, la trata y el lavado de activos. Todo esto es especialmente importante en Rosario y su área metropolitana ya que alrededor del 70% de los 500 homicidios (2022-2023) son resultado de delitos complejos del orden federal. Esto implica la incorporación del sistema acusatorio orientado según los principios de igualdad entre las partes, oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediación, simplicidad, celeridad y no formalización”, se subrayó.

“Una locura total del Gobierno”, dijo el titular del gremio de los empleados judiciales Julio Piumato. En un comunicado anunció el “alerta y movilización contra la improvisación” del Gobierno frente a la “pretendida intención unilateral e inconsulta” de avanzar con este sistema a partir del lunes. Denunció que no se efectuaron “las previsiones y refuerzos presupuestarios como así garantizar los aportes del Tesoro que deberán reforzar los escasos fondos disponibles para permitir la puesta en marcha de todas estas medidas en lo edilicio como en las plantas de personal del Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa”. Subrayó además que también se necesita la capacitación integral de los funcionarios “para que la puesta en marcha comience como debe ser”.

Piumato habló de la decisión “temeraria” en donde “el remedio” promete ser “peor que la enfermedad”. El gremio recordó que los cambios en Salta y Jujuy llevaron casi nueve meses. “Los judiciales no vamos a permanecer con los brazos cruzados. El funcionamiento de la justicia es una cuestión seria y no acepta improvisaciones como se pretende desde el Poder Ejecutivo”, afirmó.

Un rato después, Casal hizo pública en la página de noticias de la Procuración la respuesta a Cúneo Libarona, que se firmó este jueves, a las 5 de la tarde. “Se ratifica el compromiso institucional con la necesaria y pronta implementación del nuevo régimen procesal en dicha jurisdicción. Sin embargo, cabe señalar que la inminencia en la ejecución de la medida implicaría la puesta en funcionamiento del sistema sin muchas de las adecuaciones que, al menos esta institución, considera fundamentales para el correcto cumplimiento del rol que el nuevo modelo le exige”, dijo el procurador interino.

Casal recordó que ya 26 de febrero último se le indicó al Ministerio “el análisis y diagnóstico de la situación de los recursos humanos y sus necesidades, la infraestructura edilicia y tecnológica disponible, el estado de los laboratorios, las capacitaciones efectuadas a magistrados, funcionarios, empleados y fuerzas de seguridad, entre muchas otras medidas llevadas a cabo”. Resaltó que desde esa fecha, se ha continuado con las acciones desde este organismo que reafirman el compromiso con la implementación del sistema en el circuito. Pero resaltó que al menos se necesita al menos tres meses para preparar el cambio.

“Se advierte que es indispensable la adecuación de la infraestructura edilicia para las exigencias del nuevo modelo organizacional del Ministerio Público Fiscal -las unidades fiscales- y que permita garantizar el resguardo de evidencia, la recepción y alojamiento transitorio de personas detenidas, el reemplazo del tradicional expediente a un legajo digital, así como la correcta atención de las víctimas y testigos, funciones que este organismo adquiere a partir de la nueva asignación de roles que establece el CPPF. A su vez, la puesta en marcha de un sistema procesal totalmente regido por la oralidad, como establece el CPPF, exige una readecuación integral de los espacios de trabajo a fin de garantizar su efectiva realización, para que los representantes del PJN y de los Ministerio Públicos puedan cumplir cabalmente sus funciones”, subrayó Casal.

Casal agregó que “la situación de colapso que atraviesan los laboratorios forenses que trabajan en coordinación con la justicia federal de Rosario y que se vería incrementada por la celeridad que exige el nuevo sistema acusatorio, lo cual, de no poder solucionarse en este exiguo plazo, atentará contra una de sus principales virtudes”. Y añadió: “los avances institucionales señalados en el proceso de transición al sistema acusatorio, en particular en la jurisdicción federal de Rosario, son notorios, pero resultan insuficientes para la inmediata puesta en marcha del referido código de forma”.

“Deviene imperioso contar con un tiempo prudencial para lograr la coordinación de un trabajo mancomunado con el Poder Judicial de la Nación, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio de Seguridad de la Nación y - al igual que con todas las autoridades locales que interactúan con este MPF y que son indispensables para alcanzar el éxito en la implementación del CPPF. A modo de ejemplo, y sin pretender invadir el ámbito propio de otro poder, a la fecha no existe la oficina judicial, órgano central en este sistema, que debe determinar el cronograma de las distintas audiencias que genera la nueva forma de litigación. La interoperabilidad tiene que tener una resolución adecuada para evitar que el trámite de los casos concluya en vacíos y omisiones prácticas”, se resaltó.

El jefe de los fiscales también sostuvo que “se impone conformar un esquema de seguridad acorde a la nueva forma de actuación tanto para las dependencias como para los magistrados, funcionarios, empleados y público en general, tanto en las cabeceras como en las sedes descentralizada”. Y, en ese contexto, se le pidió a Cúneo “que disponga, un término adicional para hacer posible, aún con esquemas de contingencia, el piso mínimo de circuitos de trabajo y coordinaciones interinstitucionales que eviten consecuencias nocivas para la gestión de los casos en la jurisdicción de referencia, y permita desarrollar un proceso de implementación que asegure la mayor eficacia del nuevo sistema de enjuiciamiento adversarial”.

Conocida la respuesta de Casal, Cúneo Libarona insistió esta noche en declaraciones periodísticas en avanzar: “Rosario está que arde. Está la decisión política. Si nos quedamos esperando, las cosas no salen”.

 

 

* Para www.infobae.com