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Santa Fe: el hurto de energía provocó otro chispazo del gobierno con la gestión de Omar Perotti

POLÍTICA 15/05/2024 Agencia 24 Noticias Agencia 24 Noticias
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La situación de la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe, uno de los puntos calientes que la gestión de Omar Perotti dejó, sigue dando que hablar. Ahora, el gobierno de Maximiliano Pullaro ordenó cambiar el protocolo ante la detección de robo de luz, que no obligaba a la empresa a denunciar salvo que hubiera reincidencia reincidencia.

El tema, que mete ruido en una relación mayormente tranquila entre el gobernador y su antecesor, se conoció a partir de una comunicación que el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini. le envió al directorio de la empresa, en la que ordenó que el protocolo sea dejado sin efecto “de inmediato” -disposición que fue destacada incluso en el texto-. El instructivo, según se desprende de la nota firmada por el titular de la cartera productiva, se aplicaba ante el descubrimiento de cualquier tipo de infracciones.
 
“Durante la gestión de Perotti, si no había reincidencia, se denunciaba a criterio de la empresa, podía quedar resuelto con una infracción administrativa”, detalló una fuente gubernamental. Ahora, según informaron desde Desarrollo Productivo, buscan que cuando la EPE descubre un posible hurto de energía “se haga la denuncia penal al Ministerio Público de la Acusación sin que la burocracia administrativa pueda jugar a favor de la impunidad”. Aunque se cuidan de decirlo por no contar con pruebas, en el gobierno sospechan que el mecanismo era un caldo de cultivo para la corrupción.


La orden del gobierno de Maximiliano Pullaro
En la nota enviada a la cúpula de la empresa, el ministro de Desarrollo Productivo informa haber tomado conocimiento del protocolo -sancionado a fines de 2022- y solicita “rever de inmediato el procedimiento a llevar a cabo luego de la detección de las infracciones, en especial cuando la misma pueda implicar un hurto o robo de energía”, dado que pretenden “evitar una posible discrecionalidad por parte de la empresa en los procesos” y “tratar al delito como tal”.
En el texto, Puccini sostuvo que “la regularización técnica, administrativa y económica de los infractores no desplaza el hecho de que el accionar constituya un posible delito y, en todo caso, esto no puede ser de ninguna manera determinado por la empresa”. “El sistema judicial es el único facultado para juzgar si una acción es penalmente punible”, sumó.

Para completar el requerimiento, el ministro pidió un informe “sobre las acciones realizadas por la EPE” desde que asumió la actual gestión “en relación a las denuncias de conexiones ilegales a la red eléctrica”. La solicitud incluye “un listado exhaustivo de todas las denuncias recibidas por la empresa durante este periodo”, con los detalles, las acciones tomadas en consecuencia y en cuáles casos se abrió una causa penal.

El caso que detonó el escándalo en Santa Fe
Un hecho puso en agenda el tema del tratamiento que la empresa le da a casos de robo de energía. Se dio semanas atrás en Funes, donde la EPE detectó un barrio cerrado –Funes Lake, según informó el portal Punto Biz– en construcción que estaba conectado de forma clandestina a la red de distribución y que utilizó una cantidad de energía equivalente “al consumo promedio de un usuario residencial durante treinta años, lo cual implica un robo por $14 millones”, indicó el presidente de la empresa, Hugo Marcucci.

Desde la EPE dieron cuenta del impacto del hurto sobre la red eléctrica: “Cada robo de esta magnitud implica una fuerte sobrecarga en la red, generando bajos niveles de tensión y cortes. Asimismo, la manipulación de electroductos de forma ilegal puede generar graves accidentes como incendios, explosiones o descargas, provocando importantes lesiones e incluso la muerte”.

La privatización, una opción en la mesa de Maximiliano Pullaro
Uno de los pocos cruces públicos que se dieron entre el gobierno provincial y las espadas discursivas de Perotti tuvo a la EPE como motivadora. Se dio luego de que Marcucci presentara la auditoría realizada en la empresa sobre el período 2020-2023, con la que oficializó un déficit proyectado a marzo de este año de más de $30 mil millones. En ese mismo estudio se detectaron pérdidas mensuales por hurto de energía de $4.200 millones, un 7% del total de la energía operada.

Quien recogió el guante fue Marcos Corach, exministro de Gestión Pública durante la administración Perotti. “A casi 5 meses de gestión y después de una transición absolutamente ordenada, y lo remarco porque me tocó participar, aparecen con este chivo expiatorio”, señaló el actual diputado provincial. “La realidad es que la gente no va a poder pagar la luz, pero de eso no quieren hablar”, agregó.

Por esos días, Pullaro reconoció en un diálogo con Cadena 3 que “hay fondos árabes interesados en más de una empresa en el traslado y producción de energía”, abriendo la puerta a la privatización, un tema tabú desde que Carlos Reutemann fracasó en su intento a fines del siglo pasado. El gobernador, sin embargo, pateó el tema para más adelante: “Vamos a seguir trabajando por una empresa eficiente y que se hagan los ajustes que tengan que hacerse para que de esta forma sanee sus cuentas y pueda invertir. En este momento estamos concentrados en eso”.

CON INFORMACION DE LETRA P.

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