El Gobierno reactiva el debate por la Ley Penal Juvenil y busca consensos en el Congreso

• El Gobierno reactivó el debate por una nueva Ley Penal Juvenil en el Congreso
• Busca unificar proyectos y consensuar con sectores de la oposición
• La edad de imputabilidad es el punto más sensible de la discusión
• Los plazos de las sesiones extraordinarias condicionan el tratamiento
• Diputados aparece como la posible cámara de inicio del debate
• La reforma convive con otras prioridades legislativas del Ejecutivo

Tras una nueva reunión de la mesa política, el Gobierno nacional volvió a poner en agenda la discusión de una nueva Ley Penal Juvenil y comenzó a delinear una estrategia legislativa orientada a construir acuerdos con sectores de la oposición. El objetivo es unificar iniciativas ya presentadas y alcanzar los consensos necesarios para avanzar con una reforma sensible, atravesada por tensiones políticas, urgencias de calendario y un fuerte impacto social.

Aunque el proyecto fue incluido en el temario de sesiones extraordinarias, en la Casa Rosada persisten diferencias internas sobre los tiempos de su tratamiento. Mientras algunos funcionarios se muestran dispuestos a impulsar el debate durante el verano, otros admiten que la complejidad del tema podría postergar su definición para el inicio del período ordinario, a partir del 1° de marzo. La discusión no es menor: el margen legislativo es acotado y el Ejecutivo priorizó en la agenda inmediata otras iniciativas clave.

En el oficialismo reconocen que el camino más viable es retomar el trabajo realizado durante 2024 y 2025, cuando el tema fue abordado en distintas comisiones de la Cámara de Diputados. En aquel proceso se escucharon a especialistas, se debatieron propuestas de distintos bloques y se logró una síntesis que permitió emitir dictamen. Esa experiencia es hoy la base sobre la cual el Gobierno busca construir un texto consensuado, aun cuando ello implique resignar posiciones iniciales.

Uno de los puntos más sensibles del debate es la edad de imputabilidad. La intención original del Ejecutivo fue fijarla en los 13 años, pero el consenso alcanzado en comisiones estableció el umbral en los 14. En el entorno gubernamental admiten que ese acuerdo previo marca un límite político difícil de ignorar y que, para lograr la sanción de la ley, será necesario reabrir el diálogo con aliados y opositores dispuestos a acompañar la iniciativa.

La decisión de incluir la reforma en extraordinarias fue adoptada por la mesa política que encabeza el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, bajo la supervisión de Karina Milei. Sin embargo, dentro del reducido equipo legislativo advierten que los plazos juegan en contra. La prórroga de sesiones comenzará el 2 de febrero y se extenderá hasta el 27, con pocas jornadas efectivas de debate debido a feriados y a la superposición con otros proyectos prioritarios.

En ese esquema, el Gobierno planea iniciar febrero con el tratamiento de la reforma laboral y avanzar en paralelo con otras iniciativas, como el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Recién después de esos debates podría abrirse la discusión de la Ley Penal Juvenil, siempre que el cronograma lo permita. Algunas voces del oficialismo reconocen que, en el mejor de los escenarios, el debate podría iniciarse ahora y concluir durante el período ordinario.

La posibilidad de que la discusión comience en la Cámara de Diputados aparece como una alternativa para optimizar tiempos, dado que la mayoría de los proyectos oficiales ingresan por el Senado. Incluso, dentro del propio oficialismo se asume que no sería un problema extender el tratamiento hasta marzo si eso garantiza un debate más profundo y mayores respaldos parlamentarios.

El tema volvió a cobrar centralidad en los últimos días a partir de un caso de fuerte impacto público ocurrido en Santa Fe, lo que reactivó la presión política para avanzar con una reforma largamente postergada. Desde el Ejecutivo destacan que la iniciativa busca reemplazar una normativa vigente desde 1980 y establecer un sistema de responsabilidad penal juvenil acorde a estándares regionales, en línea con legislaciones de países vecinos.

En paralelo, el Gobierno trabaja en la reescritura de la reforma del Código Penal, cuyo debate fue pospuesto para marzo. En la Casa Rosada aclaran que ambos proyectos seguirán carriles separados, dado que se trata de regímenes distintos. La prioridad inmediata, sostienen, es ordenar la agenda legislativa sin perder de vista un tema que combina demanda social, debate técnico y costos políticos.