Paritarias con rumbo: cuando el Estado ordena, dialoga y cumple

En tiempos donde la palabra “ajuste” suele aparecer antes que la palabra “acuerdo”, la negociación paritaria encarada por el Gobierno de Santa Fe marca una diferencia política y conceptual. La administración de Maximiliano Pullaro decidió sentarse con los gremios estatales —ATE y UPCN— con una propuesta integral que combina recomposición, aumentos progresivos y foco en los sectores más postergados.

No es una paritaria testimonial. Es una señal de gestión.

La propuesta reconoce, en primer lugar, algo que muchos gobiernos suelen esquivar: el desfasaje salarial de 2025. Ese 3% correspondiente a noviembre y diciembre no es un regalo, es una admisión política de que hubo atraso y de que el Estado no puede hacerse el distraído cuando la inflación corre por delante de los sueldos.

Luego aparece el segundo mensaje: previsibilidad. Un esquema de aumentos mensuales que totaliza 12,5% en el semestre, con revisión según la evolución económica. Traducido al idioma de la calle: no se promete lo imposible, pero tampoco se congela el salario esperando que el problema se diluya solo.

El punto más interesante, sin embargo, está en las sumas garantizadas. Un mínimo de $75.000 en enero y $170.000 desde febrero hasta junio significa que los salarios más bajos no quedan a la deriva de los porcentajes. Es una decisión política clara: proteger al que menos gana. Y en una provincia con miles de trabajadores auxiliares, administrativos y asistentes, eso tiene impacto real.

El refuerzo para sectores sensibles —asistentes escolares, personal hospitalario, enfermería y sistema penal juvenil— revela otra capa del mensaje: hay prioridades. No todos los suplementos valen lo mismo cuando se habla de salud, educación y seguridad. Allí donde el desgaste humano es mayor, el Estado pone un poco más.

También hay una definición institucional relevante: los jubilados cobran con 30 días de desfase, pero cobran. En un país donde el sector pasivo suele ser variable de ajuste, sostener ese compromiso es una forma de ordenar la transición sin romper el sistema.

La frase de la secretaria de Recursos Humanos, Malena Azario, resume el espíritu de la propuesta: “Si hay atraso, nos volvemos a sentar”. Eso no es sólo diálogo, es asumir que la economía no es una foto fija y que la política salarial debe adaptarse sin romper la mesa de negociación.

Pullaro construye así un perfil distinto al del conflicto permanente. No grita, no confronta con los gremios, no sobreactúa dureza. Negocia desde la administración y no desde la tribuna. En un contexto nacional áspero, ese equilibrio es también una estrategia política.

Queda ahora la respuesta de ATE y UPCN. Pero el dato central ya está sobre la mesa: hay una propuesta concreta, con números, con reconocimiento de errores pasados y con un horizonte de revisión futura. No es un parche, es un esquema.

En Santa Fe, la paritaria deja de ser un trámite y se convierte en política pública. Y eso, en tiempos de incertidumbre, es una rareza valiosa: un Estado que hace cuentas, pero también hace acuerdos.