La declaración de Adorni reavivó el debate sobre el régimen de inocencia fiscal y sus alcances

La situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a instalar el debate sobre los mecanismos de regularización fiscal vigentes en el país. Tras conocerse detalles de su declaración jurada y de su adhesión al denominado régimen de inocencia fiscal, surgieron interrogantes acerca de los beneficios que otorga la normativa, quiénes pueden acceder a ella y cuáles son sus límites legales.

Para aportar claridad sobre el tema, el abogado tributarista Martín Ávalos, ex titular de la Administración Provincial de Impuestos de Santa Fe, explicó los principales aspectos del sistema y cómo funciona en la práctica.

Según detalló el especialista, el régimen no constituye un blanqueo tradicional de capitales, sino un mecanismo de liquidación simplificada del impuesto a las ganancias. Su principal característica es que permite a los contribuyentes presentar sus declaraciones sin exponer ante la autoridad fiscal determinados detalles vinculados a la evolución de su patrimonio.

En términos técnicos, el beneficio implica que la información sobre las justificaciones patrimoniales continúa siendo elaborada por los profesionales contables, pero no forma parte de la documentación que queda disponible para el organismo recaudador en la declaración presentada.

Uno de los puntos centrales del esquema es el denominado “tapón fiscal”. Este mecanismo establece que, si la declaración correspondiente a un determinado período fiscal cumple con todos los requisitos legales y no presenta inconsistencias relevantes, limita la posibilidad de que la administración tributaria revise ejercicios anteriores.

De acuerdo con las explicaciones brindadas por Ávalos, si la declaración más reciente se encuentra correctamente confeccionada, opera como una barrera que dificulta la revisión de períodos fiscales previos por parte del fisco.

La polémica también abrió una discusión sobre la posibilidad de que funcionarios públicos o personas políticamente expuestas utilicen este beneficio. Sobre ese punto, el tributarista sostuvo que la legislación vigente no establece restricciones específicas para este grupo de contribuyentes.

En consecuencia, tanto funcionarios en ejercicio como exfuncionarios y familiares alcanzados por la categoría de personas políticamente expuestas pueden adherirse al régimen siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa.

No obstante, el especialista aclaró que los beneficios contemplados tienen un alcance exclusivamente tributario. Esto significa que no impiden eventuales investigaciones vinculadas a otros tipos de delitos previstos por la legislación argentina, como casos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito u otras figuras penales.

Respecto de las operaciones con criptomonedas, otro de los aspectos mencionados en la discusión pública, Ávalos explicó que la cuestión impositiva depende de si los activos digitales fueron efectivamente vendidos. Según indicó, la ganancia gravada surge recién cuando se concreta una operación que genere una diferencia entre el valor de compra y el de venta.

Finalmente, el especialista relativizó la idea de que el sistema represente una simplificación significativa para los profesionales contables. Si bien la presentación ante el organismo fiscal puede resultar menos detallada, señaló que el trabajo técnico de elaboración, control y verificación de la información patrimonial continúa siendo prácticamente el mismo.

La controversia en torno a la declaración de Adorni volvió a poner en el centro de la escena una herramienta fiscal poco conocida por gran parte de la sociedad, pero que hoy genera debate tanto en el ámbito político como en el tributario.