IOSFA: archivan dos sumarios por una deuda de $122.554 millones y abren nuevos interrogantes

• La deuda de IOSFA llegó a $122.554 millones al cierre de 2024, con un aumento real del 179% interanual.
• Los sumarios concluyeron que no existían pruebas suficientes para atribuir responsabilidades individuales por el deterioro financiero.
• El gasto de Atención Médica representó el 41% del total y creció 245% en términos nominales.
• Las auditorías atribuyeron buena parte de la crisis a factores estructurales, macroeconómicos y a la caída real de los ingresos.
• La investigación no avanzó específicamente sobre la actuación del entonces presidente del Directorio, Oscar Sagás.
• Ariel Guzmán, quien había sido gerente de Prestaciones durante parte del período analizado, firmó posteriormente el archivo de los sumarios.

El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) cerró dos de los sumarios administrativos más sensibles vinculados con su crisis financiera. Las investigaciones buscaban determinar responsabilidades por la deuda acumulada hasta diciembre de 2024, que alcanzó los $122.554 millones, y por presuntas irregularidades en la compra de vacunas antigripales. Sin embargo, las resoluciones firmadas por el administrador residual del organismo, coronel mayor Ariel Guzmán, concluyeron que no existen elementos suficientes para atribuir responsabilidades administrativas, patrimoniales o penales a funcionarios determinados.

El archivo de los expedientes se produce luego de una serie de auditorías que habían expuesto un deterioro significativo de las cuentas del IOSFA. En particular, el pasivo registrado al cierre de 2024 representó un incremento real del 179% respecto del ejercicio anterior y había motivado la apertura de una investigación destinada a establecer si detrás de semejante crecimiento existían conductas negligentes, irregularidades o incumplimientos atribuibles a integrantes de la estructura del organismo.

El sumario N.º 266 incorporó como elementos centrales distintos informes de auditoría, los descargos de las áreas involucradas y una revisión integral del período 2019-2025. La conclusión del instructor fue que el incremento de la deuda respondió principalmente a factores macroeconómicos y estructurales, antes que a una conducta individual susceptible de sanción. Bajo esa interpretación, no pudo acreditarse dolo, culpa o negligencia por parte de agentes determinados ni un perjuicio patrimonial que pudiera ser vinculado directamente con decisiones personales.

Uno de los principales factores señalados fue el crecimiento del gasto sanitario. Atención Médica concentró el 41% del gasto total y registró una expansión nominal del 245%, superando ampliamente el límite autorizado por el Directorio. A ese rubro se sumaron los desembolsos correspondientes a medicamentos especiales, prótesis y materiales, en un contexto en el que los ingresos del Instituto también habían sufrido una caída real.

La estructura financiera del organismo agrega otra dificultad. La recaudación depende en buena medida de los aportes vinculados con los salarios del personal militar, por lo que la pérdida del poder adquisitivo de los haberes repercute directamente sobre los recursos disponibles para financiar las prestaciones. La combinación de mayores costos sanitarios y menores ingresos terminó profundizando un desequilibrio que todavía genera dificultades para garantizar una atención normal a los afiliados.

Los investigadores también consideraron justificadas determinadas contrataciones directas y procedimientos excepcionales utilizados durante el período analizado. El argumento fue que existía una situación de necesidad institucional que obligaba a garantizar prestaciones esenciales aun en condiciones financieras y administrativas extraordinarias. El mismo razonamiento fue aplicado al expediente relacionado con la adquisición de vacunas antigripales, que también terminó archivado.

Pero el cierre de las investigaciones deja algunos interrogantes institucionales. La pesquisa no avanzó específicamente sobre la actuación del entonces presidente del Directorio, Oscar Sagás, pese a que ese cargo concentra responsabilidades relevantes sobre la conducción administrativa y la representación legal del organismo. El expediente se concentró principalmente en niveles gerenciales y no desarrolló un análisis particular sobre las decisiones adoptadas por quien ocupaba la máxima conducción ejecutiva.

A esto se suma una circunstancia que podría generar cuestionamientos sobre la imparcialidad del procedimiento. Durante una parte sustancial del período examinado, Guzmán se desempeñaba como gerente de Prestaciones y sus descargos fueron incorporados a la investigación. Posteriormente, ya como administrador residual, fue quien firmó la resolución que dispuso el cierre del sumario.

El archivo administrativo no implica, por sí mismo, que la deuda no haya existido ni que el deterioro financiero haya sido menor. Lo que establece es que, según las pruebas reunidas, no pudieron individualizarse responsabilidades sancionables. La diferencia es relevante: una cosa es determinar las causas estructurales de una crisis y otra establecer quiénes tomaron las decisiones que llevaron a ella.

Mientras tanto, la deuda acumulada y las dificultades para sostener las prestaciones continúan siendo un problema concreto para los afiliados. El cierre de los sumarios pone fin a dos investigaciones, pero no necesariamente a las preguntas sobre cómo se llegó a una situación financiera de semejante magnitud y qué mecanismos de control deberán funcionar para evitar que vuelva a repetirse.