Katopodis cuestionó al Gobierno por el estado de las rutas y denunció falta de inversión en infraestructura

• Gabriel Katopodis cuestionó al Gobierno nacional por el deterioro de las rutas y la falta de inversión en infraestructura.
• El ministro sostuvo que parte de los recursos del impuesto a los combustibles debería destinarse al mantenimiento vial y a obras hidráulicas.
• Advirtió que el abandono de las rutas puede afectar al campo, el turismo, el transporte y la actividad de Vaca Muerta.
• Katopodis afirmó que existiría más de un billón de pesos que no estaría destinado a obras y reclamó explicaciones sobre esos fondos.
• El funcionario defendió las inversiones en infraestructura realizadas por la provincia de Buenos Aires y destacó su impacto productivo y laboral.
• También cuestionó el rumbo económico del Gobierno y afirmó que el cierre de pymes y la pérdida de empleos evidencian las consecuencias de la política oficial.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, volvió a cuestionar al Gobierno de Javier Milei por la política aplicada sobre la obra pública y, en particular, por el deterioro de las rutas nacionales. El funcionario bonaerense denunció que el Estado continúa recaudando recursos con destino específico para infraestructura, pero sostuvo que esos fondos no se traducen en obras ni en tareas de mantenimiento.

Durante sus declaraciones, Katopodis apuntó especialmente contra el destino de los recursos obtenidos mediante el impuesto a los combustibles. Según explicó, una parte de esa recaudación debería utilizarse para sostener la red vial y financiar obras hidráulicas. Sin embargo, aseguró que existe una diferencia entre lo que los ciudadanos aportan y lo que finalmente se ejecuta en infraestructura.

“Nos cobran un impuesto a todos para hacer obras, las obras no se hacen, pero la plata no está”, cuestionó el ministro, quien reclamó explicaciones sobre el manejo de esos recursos y planteó que el deterioro de la infraestructura puede terminar generando consecuencias económicas mucho mayores.

Katopodis sostuvo que el problema excede el estado de las rutas y alcanza también a las obras necesarias para prevenir inundaciones y sostener la actividad productiva. Desde su perspectiva, la decisión del Gobierno nacional de priorizar el equilibrio fiscal por encima de la inversión en infraestructura puede generar efectos negativos sobre sectores considerados estratégicos para el crecimiento del país.

En ese sentido, mencionó específicamente al complejo agropecuario, el turismo y la actividad energética de Vaca Muerta. Según su análisis, una red vial deteriorada incrementa los costos de traslado y termina afectando la circulación de insumos y mercaderías. Como ejemplo, planteó la dificultad logística que podría generarse para transportar los materiales necesarios hacia la formación neuquina. “¿Cómo va a llegar la arena a Vaca Muerta?”, preguntó.

El funcionario también cuestionó las decisiones relacionadas con el transporte de cargas y señaló que aumentar el peso permitido para los camiones en rutas que presentan un deterioro considerable puede acelerar su desgaste. En su opinión, mantener una infraestructura abandonada durante varios años genera un problema que posteriormente resulta mucho más costoso de solucionar que un esquema sostenido de conservación.

La discusión también alcanzó a los recursos destinados específicamente a las obras viales. Katopodis apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y sostuvo que existirían más de un billón de pesos sin una asignación visible a trabajos de infraestructura. Según afirmó, esos fondos deberían ser explicados tanto ante el Congreso como en otras instancias institucionales.

El ministro bonaerense estimó que con esos recursos podrían haberse realizado intervenciones sobre más de 20.000 kilómetros de la red vial nacional. La denuncia vuelve a instalar uno de los principales reclamos de las provincias frente al Gobierno nacional: la continuidad de los fondos específicos que se recaudan para determinados fines y el destino efectivo de esos recursos.

Katopodis contrastó esa situación con las obras que impulsa la administración bonaerense. En ese marco, destacó inversiones en rutas, autopistas e infraestructura educativa y defendió la continuidad de la obra pública como herramienta para generar empleo, mejorar la conectividad y acompañar el desarrollo productivo.

La disputa se produce en un contexto de fuerte discusión política sobre el papel del Estado en la construcción y mantenimiento de infraestructura. Mientras el Gobierno nacional sostiene una política de fuerte restricción del gasto público, sectores de la oposición y gobiernos provinciales advierten que la reducción de la inversión puede trasladar costos hacia las empresas, los productores y los ciudadanos.

En el tramo final de sus declaraciones, Katopodis amplió sus cuestionamientos hacia el modelo económico implementado por Milei. Señaló que el impacto de la política oficial ya puede observarse en el cierre de pequeñas y medianas empresas y en la pérdida de empleos registrados.

El ministro planteó, además, la necesidad de avanzar hacia un modelo que permita que los recursos naturales y las oportunidades productivas permanezcan vinculados al desarrollo nacional. En ese marco, sintetizó su crítica con una definición contundente: “No es un gobierno, es un plan de negocios”.

El conflicto por las rutas nacionales, por lo tanto, se convirtió en una expresión más de la disputa entre el Gobierno nacional y las administraciones provinciales sobre el nivel de inversión pública, el destino de los recursos tributarios y el papel que debe desempeñar el Estado en el desarrollo de la infraestructura del país.