Discapacidad: el Foro Permanente cuestionó a Ravier por comparar las pensiones argentinas con las de países en guerra

• El Foro Permanente rechazó la comparación de Ravier entre las pensiones argentinas y las de países en guerra.
• El padrón pasó de 75.947 prestaciones en 2001 a más de 1,2 millones en 2023.
• La organización vinculó el crecimiento del sistema con la pobreza y los cambios en los criterios de otorgamiento.
• El Foro estimó que al menos 1.500.000 personas con discapacidad viven en condiciones de pobreza en la Argentina.
• La entidad señaló que 105 casos cuestionados representan el 0,0086% del total de prestaciones.
• También reclamó explicaciones sobre las denuncias por gastos injustificados y presuntos sobreprecios en la ANDIS.

El crecimiento de las pensiones no contributivas por invalidez volvió a generar un enfrentamiento entre el Gobierno nacional y las organizaciones vinculadas a la discapacidad. El Foro Permanente de Discapacidad cuestionó al vocero presidencial, Adrián Ravier, por haber comparado la cantidad de beneficiarios que registra la Argentina con las cifras de países que atravesaron conflictos bélicos. La entidad consideró que esa explicación deja de lado factores sociales, económicos e institucionales que resultan fundamentales para comprender la evolución del sistema.

La controversia se originó a partir de las declaraciones de Ravier, quien señaló que las pensiones habían pasado de 75.947 en 2001 a más de 1,2 millones en 2023. Para el funcionario, el volumen alcanzado representa una cifra similar a la de naciones que tuvieron o tienen guerras. La comparación provocó una respuesta del Foro, que sostuvo que el planteo contiene omisiones y no permite explicar las razones que llevaron a semejante incremento.

En su comunicado, la organización recordó que durante una etapa anterior existía un cupo de 80.000 prestaciones, bajo un mecanismo que obligaba a dar de baja un beneficio para incorporar a otro titular. Ese esquema fue posteriormente abandonado y dio paso a una política orientada a identificar a personas con discapacidad que vivían en condiciones de pobreza, con el objetivo de facilitarles el acceso a una pensión y a otros derechos.

El Foro también explicó que las prestaciones por incapacidad laboral alcanzaron a personas que, pese a encontrarse en condiciones de trabajar, enfrentaban dificultades para conseguir empleo debido a sus circunstancias personales y sociales. A esa situación se sumó la incorporación de niñas y niños con discapacidad, aunque la legislación argentina prohíbe el trabajo infantil y, por lo tanto, la evaluación de sus necesidades no puede reducirse a la capacidad de desempeñar una actividad laboral.

La entidad relacionó la expansión del padrón con problemas estructurales que afectan a amplios sectores de la población. En particular, señaló que la pobreza puede provocar enfermedades, desnutrición y discapacidades, al mismo tiempo que dificulta el acceso a servicios de salud, educación, rehabilitación y medicamentos. En ese contexto, estimó que al menos 1.500.000 personas con discapacidad atraviesan situaciones de pobreza en el país.

Desde esa perspectiva, el Foro rechazó que la comparación con países en guerra constituya una explicación suficiente. Sostuvo que la Argentina no atravesó un conflicto bélico generalizado, pero sí sufrió las consecuencias de políticas públicas deficientes, intereses económicos que excluyeron a determinados sectores y hechos de corrupción que, según planteó, impidieron transformar recursos en oportunidades.

La organización también cuestionó el enfoque de las auditorías y las denuncias sobre presuntas irregularidades en el otorgamiento de pensiones. Aclaró que no niega la existencia de errores ni de maniobras fraudulentas, y reconoció que cualquier prestación concedida indebidamente debe ser revisada y corregida. Sin embargo, consideró que esos episodios no pueden utilizarse para explicar por sí solos el crecimiento de todo el sistema.

Como respaldo, mencionó que se identificaron 105 beneficiarios con elementos que impedirían el acceso a una pensión sobre un universo de 21.812 prestaciones suspendidas. De acuerdo con los cálculos de la entidad, esos casos representan el 0,48% de las suspensiones y apenas el 0,0086% del total de prestaciones. Para el Foro, esas proporciones obligan a evitar generalizaciones y a distinguir entre irregularidades concretas y las razones sociales que explican la cantidad de personas incorporadas al régimen.

Otro de los cuestionamientos estuvo dirigido a la falta de pronunciamientos de Ravier sobre las denuncias relacionadas con gastos sin justificar y presuntos sobreprecios en las compras de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), durante la gestión de Diego Spagnuolo. En particular, la organización mencionó operaciones atribuidas al ex secretario Alejandro Vilches.

El Foro acusó al vocero de aplicar un criterio selectivo al momento de referirse a posibles hechos de corrupción y consideró que sus observaciones se concentran en situaciones que involucran a la oposición. Por último, reclamó que los funcionarios consulten información nacional e internacional antes de realizar comparaciones de esa naturaleza y les pidió mayor rigor en el cumplimiento de su responsabilidad de informar.