El Ministerio Publico Fiscal rosarino fue intervenido ayer por seis meses, y su titular apartada del cargo de la ciudad más importante y reubicada en el resto de las localidades de la segunda circunscripción. María Eugenia Iribarren será reemplazada por el fiscal de Venado Tuerto Matías Merlo, por desición de la fiscal general María Cecilia Vranicich quien argumentó “falta de cohesión interna entre los órganos fiscales generadas en gran medida por la propia organización fraccionada de las unidades". Lo hizo en referencia al conflicto que se hizo público luego de las denuncias de los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno, contra Matías Edery, hoy suspendido en su cargo hasta que la Legislatura decida sobre su futuro. La medida fue apoyada por el gobernador Maximiliano Pullaro que apuntó hacia la responsabilidad de la fiscal regional rosarina por el número de muertes ocurridas durante el 2023: “El año pasado por diferentes errores de persecución y de prevención tuvimos alrededor de 280 homicidios aquí. Indudablemente, se entendió que hacer un cambio con el doctor Matías Merlo era lo correcto que hacer para llevar adelante la persecución penal", dio el mandatario desconociendo que justamente el órgano fiscal no tiene la tarea de prevención sino de persecución.
La decisión fue tomada a raíz de un monitoreo llevado a cabo por personal de la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación, quienes controlaron entre septiembre y diciembre del año pasado la forma de trabajo de las tres unidades más sensibles de la Justicia rosarina: Homicidios Dolosos, la Agencia de Criminalidad Organizada y Balaceras.
La supervisión de las tareas había sido ordenada por Vranicich luego de que los fiscales Socca y Moreno denunciaran a Edery por presuntas irregularidades en la relación que mantenía con su informante Mariana Ortigala. La mujer, sospechada de ser testaferro de "Guille" Cantero, líder de Los Monos, había sido imputada por aquellos fiscales y detenida por haber realizado extorsiones al dueño de una agencia de quinielas por pedido del capo narco.
Con respecto a las razones para desplazar a Iribarren, el documento oficial constató las internas que existían en la Fiscalía bajo su titularidad. "Los múltiples conflictos existentes entre los fiscales ponen de manifiesto un ejercicio de la autoridad sin una conducción ecuánime e igualitaria, extremo que resulta indispensable para legitimar el liderazgo de la Fiscalía Regional", indica la resolución al respecto.
El informe preliminar emitido en noviembre y el final, del 4 de diciembre pasado, determinó que existen una serie de prácticas que impactan en la calidad de respuesta institucional hacia determinados tipos de fenómenos criminales, entre los que destacó: “falta de cohesión interna entre los órganos fiscales generadas en gran medida por la propia organización fraccionada de las unidades. La logística organizacional fragmentada y diversos órganos fiscales con similares incumbencias, distribución de casos basados en variables temporales, falta de comunicación y coordinación entre las unidades", dice la resolución.
Con este informe, a mediados de diciembre se dispuso que tres unidades se fusionaran y formaran parte de un único plantel organizado por equipos de fiscales orientados a focos investigativos, lo que derivó en que la Fiscalía Regional de Rosario, a través de una resolución dictada en enero pasado, proponga una planificación. Vranicich dijo que si bien esa resolución firmada por Iribarren “fue un intento de mejorar la endeble situación institucional” se reflejaron confirmaciones de las conclusiones a las que llegó la Auditoría que hizo el monitoreo y hubo propuesta “que no pueden proyectarse como una solución adecuada”, describió la funcionaria.
Vranicich dijo que no puede obviar que el auditor General Leandro Mai se inhibió de entender en cuestiones disciplinarias vinculadas a un fiscal rosarino por considerarlas faltas que debían ser abordadas por la Legislatura, en evidente referencia a la causa contra el fiscal Matías Edery.
A lo que sumó la cantidad de denuncias disciplinarias entre fiscales lo que no mermó hasta el momento. A modo de ejemplo señaló que desde septiembre de 2023 se presentaron 18 denuncias respecto al desempeño de otros fiscales de Rosario, tres de ellas fueron realizadas por la propia fiscal regional.
“Los múltiples conflictos existentes entre los fiscales ponen de manifiesto un ejercicio de autoridad sin una condición ecuánime e igualitaria, extremo que resulta indispensable para legitimar el liderazgo de la Fiscal Regional”, describió y agregó “la Fiscal Regional no ha podido desprenderse de su anterior rol como Coordinadora de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos”.
En uno de los puntos destacados Vranicich dijo que Iribarren incumplió la instrucción emitida a mediados de febrero por la Fiscalía General que ordenaba reasignar a Edery a Siniestros Viales. Y argumentó que "el 4 de marzo personal de la Auditoría detectó que el fiscal seguía en la oficina de la Agencia".
Por lo pronto Iribarren seguirá al frente del resto de los distritos entre ellos Cañada de Gómez, Casilda, Villa Constitución y San Lorenzo.
Cabe destacar que el gobernador Pullaro apoyó la decisión de la fiscal general y consideró que fue tomada en pos de mejorar el funcionamiento de la investigación penal en Rosario. "La doctora Vranicich tomó decisiones en el marco de la ley que organizan el Ministerio Público de la Acusación. Entendía que había algunos niveles que se podían mejorar la investigación penal en Rosario”, observó.
“Tomó decisiones que a su criterio son correctas y vamos a acompañar desde el gobierno de la provincia de Santa Fe”, adhirió. Luego, continuó: “Hay muchas cosas que mejorar cuando miramos hacia atrás, pero también cuando miramos hacia adelante. ¿qué es lo que estamos esperando de las fuerzas de seguridad? En este momento estaba hablando el doctor Petri también, la venida de las fuerzas federales, la llegada del ejército para colaborar, pero también de la Justicia y del Ministerio Público de la Acusación”.
Para Pullaro, “había cosas que, indudablemente, a la fiscal no le satisfacían”. Y completó: “El año pasado por diferentes errores de persecución y de prevención tuvimos alrededor de 280 homicidios aquí. Indudablemente, entendió que hacer un cambio con el doctor Matías Merlo era lo correcto que hacer para llevar adelante la persecución penal”.
Pullaro también contestó sobre las causas de los últimos años que ubican a policías colaborando con las bandas criminales. “Cuando fui ministro, fui el que más exoneró y destituyó policías en el primer año de mi gestión y en los tres posteriores. Vamos a ser de la misma manera. Lo que nos permita la ley y en el marco de la ley seremos los más fuertes y duros posibles porque no podemos permitir que una persona de la fuerza de seguridad esté colaborando con las organizaciones criminales”, dijo el titular del ejecutivo provincial para destacar el trabajo que hicieron en los últimos días las fuerzas de seguridad tanto provinciales como federales para identificar a algunos sospechosos de llevar a adelante la planificación de las amenazas que llegaron a escuelas, Centro de Salud, comercios para generar terror.
CON INFORMACION DE PAGINA 12.