Gobernadores endurecen la pulseada con la Casa Rosada por fondos y recursos fiscales

• Gobernadores, tanto oficialistas como opositores, mantienen su unidad para impulsar proyectos que transfieren directamente a las provincias los ATN y parte del ICL, pese al rechazo del Gobierno nacional.
• El oficialismo anticipa una derrota en la Comisión de Presupuesto y en el recinto, y planea recurrir al veto presidencial.
• Surgen diferencias en sectores opositores sobre quitar fondos a Vialidad Nacional, pero no frenan el avance legislativo.
• La oposición tendría mayoría suficiente para aprobar dictámenes en Presupuesto y en el plenario con Energía.
• Estrategia opositora: acumular proyectos con amplio consenso para la sesión del 20 de agosto, tras una serie de victorias previas contra el oficialismo.
• Los gobernadores buscan blindar recursos provinciales ante el ajuste y la caída de transferencias discrecionales.
• Si las leyes se aprueban, el Ejecutivo tendrá 10 días hábiles para promulgar o vetar; un veto abriría otra confrontación parlamentaria.

La pulseada entre los gobernadores y el Gobierno nacional por el reparto de fondos coparticipables y recursos tributarios entra esta semana en una fase decisiva. Pese a la negativa de la Casa Rosada, los mandatarios provinciales ratificaron su decisión de impulsar los proyectos de ley que establecen la transferencia directa de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y de una parte del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). “Seguimos todos y nadie se baja”, señalaron desde una provincia peronista, reflejando la unidad que, según afirman, incluye tanto a jefes provinciales oficialistas como opositores.

Mañana, a las 10:30, la Comisión de Presupuesto reabrirá el debate sobre el primero de estos proyectos. En el oficialismo dan por descontado que el dictamen de mayoría quedará en manos de la oposición. “Vamos directo al veto y a buscar los 87 que lo sostengan”, admitió un diputado libertario, reconociendo que una nueva derrota es inminente tanto en comisión como luego en el recinto. Desde el inicio del período legislativo, el bloque oficialista solo logró imponerse en una votación y acumula una seguidilla de traspiés.

No obstante, en las últimas horas surgieron diferencias dentro de algunos sectores opositores, particularmente en torno al proyecto que elimina los fideicomisos del ICL para destinar todos los fondos a las provincias. La diputada bonaerense Julia Strada (Unión por la Patria) expresó su desacuerdo: “No estoy de acuerdo en sacarle los fondos a Vialidad Nacional. Hay que protegerla y proteger a sus trabajadores”, señaló en televisión, advirtiendo que una vez que los recursos pasen a las provincias será imposible que vuelvan al organismo nacional encargado del mantenimiento de rutas.

Estas divergencias no alcanzan por ahora para frenar el avance legislativo. En la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la oposición cuenta con 29 firmas sobre 49 miembros —sin considerar a radicales que podrían sumarse por presión de sus gobernadores—, suficientes para garantizar un dictamen favorable al proyecto que modifica la Ley de Presupuesto en lo relativo a los ATN.

El segundo proyecto, que será tratado en un plenario conjunto con la Comisión de Energía y Petróleo, requerirá mayor coordinación. En total, estarán habilitadas 84 firmas —49 de Presupuesto y 35 de Energía—, y la oposición necesita al menos 42 para imponerse. Las bancadas opositoras más el bloque de Innovación Federal, alineado con los gobernadores, suman de entrada 50 voluntades, sin contar eventuales apoyos del radicalismo, el PRO, la Liga Federal o legisladores libertarios disidentes.

La estrategia de los opositores es clara: acumular proyectos con amplio consenso que les den “masa crítica” para la sesión prevista el 20 de agosto. En la última sesión, lograron imponerse en 12 votaciones consecutivas, lo que dejó al bloque libertario sin margen para negociar y profundizó el clima adverso para el oficialismo en el Congreso.

En el plano político, la disputa por estos proyectos es vista como una nueva muestra del poder de fuego de los gobernadores, que actúan en bloque frente a un Gobierno debilitado en el Parlamento. El objetivo es blindar recursos clave para las arcas provinciales en un contexto de fuerte ajuste fiscal y caída de transferencias discrecionales desde la Nación.

Si la Cámara de Diputados aprueba las iniciativas, serán giradas al Poder Ejecutivo, que tendrá diez días hábiles desde su recepción para promulgarlas o vetarlas. Un eventual veto presidencial abriría un nuevo capítulo en el enfrentamiento, ya que la oposición debería reunir 87 votos en Diputados para insistir con la sanción original.

Mientras tanto, en los despachos del oficialismo predomina la cautela. Aunque admiten que las chances de revertir la situación son mínimas, algunos referentes libertarios apuestan a que las diferencias internas en ciertos bloques opositores puedan, al menos, retrasar el avance de los dictámenes. Sin embargo, en la vereda de enfrente, la consigna es avanzar rápido: “Primero dictaminar, después armar un temario que nos una y seguir ganando”, resumió un legislador de la oposición, confiado en reeditar el resultado de la última sesión.

Con un Congreso cada vez más adverso para el oficialismo y un frente de gobernadores dispuesto a mantener la presión, la discusión sobre el destino de los ATN y del Impuesto a los Combustibles se perfila como una nueva batalla que pondrá a prueba la capacidad de negociación y resistencia del Gobierno de Javier Milei.