



Por Juan Palos
La creación de un espacio político denominado "Provincias Unidas" por un grupo de gobernadores, liderado por figuras como Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, se presenta como una propuesta ambiciosa, aunque no exenta de controversias y conflictos de intereses. Lo que se podría concebir como una unión entre provincias para mejorar la representación y defensa de intereses regionales surge, irónicamente, en un contexto que muchos observadores califican como una "partida de defunción". Esto se debe, en gran medida, a que la propuesta parece más un esfuerzo por preservar un modelo de financiamiento estatal basado en prácticas clientelistas que han caracterizado a la política argentina durante décadas.
Pullaro y Llaryora, al definir su espacio político, parecen apostar por una presión sobre el nuevo gobierno de Javier Milei para que continúe un tipo de asistencia económica que, en sus percepciones, sostiene el funcionamiento de sus respectivas administraciones. Sin embargo, este apoyo económico, que históricamente ha permitido nombramientos de "ñoquis" –es decir, personas que ocupan cargos sin realizar tareas efectivas– y camadas de amigos en posiciones de poder, corre el riesgo de socavar la legitimidad y ética de su propuesta. La idea de aferrarse a un modelo de despilfarro al que están acostumbrados ciertos sectores de la política argentina plantea interrogantes sobre la sinceridad de su enfoque y el verdadero compromiso con un cambio en la gobernanza.
Las cifras actuales que los respaldan son preocupantes. La mayoría de las encuestas muestran un respaldo nacional de apenas un 7% para este nuevo espacio político, un número que pone de manifiesto las limitaciones de esta alianza en un contexto electoral en el que la polarización se ha acentuado profundamente. En un país donde la narrativa política se ha dividido de manera tajante entre Javier Milei y el kirchnerismo, los intentos de Pullaro y Llaryora de presentarse como una alternativa viable parecen estar condenados a la irrelevancia si no logran captar el interés de un electorado desilusionado con las opciones tradicionales.
Este escenario plantea una pregunta crucial para los votantes: ¿qué representa realmente "Provincias Unidas"? En el fondo, la disyuntiva podría resumirse como "Milei o Kirchnerismo". Votar por esta nueva coalición podría interpretarse como una resta en un juego político marcado por la necesidad de tomar decisiones claras y directas. La fragmentación del voto podría favorece a aquellos sectores que, ya sea en el estrato liberal o el peronista, tienen bases partidarias considerablemente más consolidadas.
En resumen, la propuesta de los gobernadores podría ser vista como un intento de esquivar la dura realidad política actual en Argentina. Mientras el país enfrenta retos significativos en términos de economía, gobernanza y representatividad, la creación de un espacio político cuyo objetivo más inmediato parece ser la preservación de privilegios y recursos podría, en última instancia, resultar contraproducente. La polarización actual exige claridad y determinación, dos elementos que "Provincias Unidas" parecen carecer en su formulación inicial. La ciudadanía necesita opciones que, más allá de la búsqueda de conveniencias personales y partidarias, realmente aborden las crisis que enfrenta la nación.








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