La disputa por la AGN reaviva la tensión entre el PRO y La Libertad Avanza

• La Cámara de Diputados aprobó tres designaciones para la AGN en una votación realizada durante el debate del Presupuesto 2026.
• El PRO denunció un acuerdo previo entre La Libertad Avanza, el kirchnerismo y otros bloques para asegurar los votos.
• El macrismo se retiró del recinto y calificó el procedimiento como inconstitucional y carente de transparencia.
• Cristian Ritondo presentó un amparo judicial para pedir la nulidad de lo votado en Diputados.
• La votación fue impulsada por el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, y generó fuertes cuestionamientos.
• El conflicto profundizó la tensión política entre el PRO y el oficialismo libertario.

La controversia por las tres designaciones realizadas en la Cámara de Diputados para la Auditoría General de la Nación (AGN) el pasado 18 de diciembre, en el marco del tratamiento del Presupuesto 2026, continúa escalando y profundiza la grieta entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA). Lo que comenzó como un desacuerdo parlamentario derivó en una ofensiva judicial y en acusaciones cruzadas que vuelven a poner en primer plano las dificultades del oficialismo para ordenar su relación con aliados clave.

El PRO ratificó que judicializará el proceso y denunció la existencia de un acuerdo previo entre el oficialismo libertario, el kirchnerismo y el bloque Innovación Federal para aprobar las designaciones. En un comunicado difundido en redes sociales, el partido que conduce Mauricio Macri aseguró que el resultado “estaba definido de antemano” y que los bloques mencionados contaban “holgadamente con las tres cuartas partes de los votos necesarios”, lo que —según remarcaron— hacía irrelevante la posición del macrismo.

Desde el PRO sostienen que su retiro del recinto no tuvo como objetivo facilitar la votación, sino evitar convalidar un procedimiento que consideran “abiertamente inconstitucional”. Argumentan que la sesión se desarrolló de madrugada, sin transparencia y tratando un tema que no estaba incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias, lo que, a su entender, vulnera el artículo 63 de la Constitución Nacional. La votación, finalmente, se aprobó con 189 votos afirmativos.

La polémica se desató tras la designación de Rita Mónica Almada por LLA, Juan Ignacio Forlón por el peronismo y Pamela Calletti, ex diputada vinculada políticamente al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. En condiciones normales, los siete auditores que nombra el Congreso —tres por Diputados y cuatro por el Senado— asumen en un acto conjunto. Sin embargo, el conflicto entre el PRO y el oficialismo aceleró los tiempos y tensó aún más el clima político.

Durante el debate en el recinto, los diputados macristas denunciaron que LLA no cumplió los compromisos asumidos en torno a la AGN y anticiparon que recurrirían a la Justicia para frenar las designaciones. En esa línea, subrayaron que incluso permanecer en las bancas para votar en contra hubiera implicado legitimar un acto que consideran viciado de nulidad absoluta, dado que el número para aprobarlo ya estaba garantizado por el acuerdo entre el oficialismo y el kirchnerismo.

El paso siguiente fue la presentación de un recurso de amparo por parte del presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, con el patrocinio de la abogada Tiziana Díaz. En el escrito, de 29 páginas, se solicita que se declare la inconstitucionalidad del acto legislativo. Allí se detalla que la moción se realizó sin informe de comisión, sin dictamen previo, sin circulación anticipada de los antecedentes de los candidatos y sin acuerdo de Labor Parlamentaria, además de no haberse cumplido las formalidades reglamentarias.

Según reconstruyen distintas fuentes parlamentarias, la decisión de avanzar con un entendimiento entre LLA y el bloque peronista se tomó durante la madrugada de la última sesión, en la antesala de la votación del Presupuesto. Fue el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, quien formalizó la propuesta en el recinto y solicitó que se votara la terna completa, habilitando a la Presidencia de la Cámara a darle forma de resolución.

La iniciativa generó una inmediata reacción adversa en varios sectores y desató la furia del PRO, que cuestionó tanto al bloque oficialista como al presidente de la Cámara, Martín Menem. El trasfondo del conflicto incluye un acuerdo previo que, según los amarillos, contemplaba que uno de esos lugares fuera ocupado por el exministro de Trabajo Jorge Triaca, una promesa que nunca se concretó.

El episodio deja al descubierto no solo la fragilidad de los acuerdos parlamentarios, sino también la compleja convivencia entre LLA y sus socios circunstanciales, en un Congreso donde cada movimiento reconfigura alianzas y expone los límites del diálogo político.