El Gobierno detalló el operativo y responsabilizó a grupos violentos por los incidentes en el Congreso

• La ministra de Seguridad atribuyó los incidentes a grupos organizados con antecedentes de violencia.
• El operativo incluyó tareas preventivas y un refuerzo de efectivos ante riesgos anticipados.
• Se registraron 71 detenciones en estaciones terminales y en la zona del Congreso.
• Las autoridades sostienen que los procedimientos siguieron protocolos vigentes.
• El episodio reabre el debate sobre protesta social y orden público.
• El Gobierno ratificó una estrategia preventiva para futuras movilizaciones.

Los disturbios registrados en las inmediaciones del Congreso durante el tratamiento legislativo de la reforma laboral continúan generando repercusiones políticas y de seguridad. En ese contexto, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, brindó precisiones sobre el operativo desplegado y atribuyó los hechos a la acción coordinada de grupos violentos que —según afirmó— ya habían protagonizado episodios similares en el pasado. Sus declaraciones se produjeron en medio de un debate más amplio sobre el alcance de las protestas y la respuesta estatal frente a manifestaciones de alta tensión.

La funcionaria sostuvo que los incidentes no fueron espontáneos y describió la presencia de sectores organizados con distintos niveles de confrontación. En su caracterización, identificó a agrupaciones que se autodefinen como antisistema, a las que señaló por la utilización de elementos incendiarios durante los disturbios. También mencionó la participación de grupos vinculados al ámbito de las hinchadas deportivas, cuya presencia —según explicó— no se había registrado en protestas recientes pero sí en la jornada en cuestión.

Desde la cartera de Seguridad remarcaron que estos focos de violencia fueron detectados previamente a través de tareas de seguimiento, lo que permitió ajustar el despliegue preventivo. Monteoliva afirmó que el Gobierno contaba con información que anticipaba posibles enfrentamientos y que, en función de ese diagnóstico, se reforzó la presencia de efectivos en la zona para contener eventuales desbordes.

El balance oficial del operativo incluyó un total de 71 detenciones realizadas en distintos puntos vinculados al traslado y concentración de manifestantes. Parte de esas aprehensiones se produjo en estaciones terminales, donde —según detalló la ministra— se secuestraron objetos considerados peligrosos y se identificaron personas con pedidos judiciales pendientes. Otras detenciones se concretaron en las inmediaciones del Congreso, en el marco de enfrentamientos y episodios de resistencia a la autoridad.

Las autoridades indicaron que los procedimientos se ajustaron a protocolos de actuación vigentes y que el objetivo principal fue preservar la integridad de terceros, del personal de seguridad y de bienes públicos. No obstante, los incidentes reavivaron la discusión sobre el equilibrio entre el derecho a la protesta y la necesidad de evitar hechos de violencia. Organizaciones sociales y sectores políticos mantienen posiciones divergentes respecto de la proporcionalidad del operativo.

Monteoliva defendió la planificación previa como un elemento central para reducir riesgos en un escenario que consideró previsible. Según su explicación, la coordinación entre fuerzas federales y locales permitió una respuesta rápida ante los focos de conflicto. La funcionaria insistió en que el despliegue no tuvo como finalidad restringir la protesta, sino impedir acciones que pudieran derivar en daños mayores.

El episodio se inscribe en un clima de alta sensibilidad política, donde el debate legislativo sobre la reforma laboral convive con manifestaciones callejeras de fuerte intensidad. En ese marco, el rol de las fuerzas de seguridad vuelve a situarse en el centro de la escena, tanto por su capacidad operativa como por la evaluación pública de sus intervenciones.

Mientras continúan las investigaciones administrativas y judiciales sobre lo ocurrido, el Gobierno ratificó que mantendrá criterios de prevención activa ante futuras movilizaciones. La discusión sobre cómo compatibilizar el ejercicio del derecho a manifestarse con la preservación del orden público promete seguir siendo un eje de controversia en la agenda política.