Investigación judicial apunta a frenar delitos coordinados desde lugares de detención

• La fiscalía pidió prohibir celulares a 40 detenidos acusados de integrar una red criminal.
• El planteo sostiene que líderes encarcelados coordinaban delitos mediante comunicaciones móviles.
• Se solicitaron requisas diarias y bloqueadores de señal en penales.
• La investigación documentó coordinación remota en robos violentos y homicidios.
• Se detectó participación de menores y uso intensivo de herramientas digitales.
• La Justicia deberá definir medidas para cortar la logística delictiva intramuros.

La investigación sobre una organización delictiva acusada de homicidios y robos violentos en el norte del conurbano bonaerense derivó en un pedido judicial de fuerte impacto: la prohibición absoluta del uso de celulares y cualquier dispositivo con acceso a internet para 40 detenidos señalados como integrantes de la llamada “La Banda del Millón”. La solicitud busca cortar lo que la fiscalía describe como un sistema de “mando remoto” mediante el cual líderes encarcelados continuarían planificando delitos desde sus lugares de detención.

El requerimiento fue presentado por el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, quien también encabeza la unidad especializada en ciberdelitos del distrito. En su planteo ante la Justicia, el funcionario advirtió que, pese a las detenciones, la estructura criminal habría mantenido su capacidad operativa a través de comunicaciones móviles clandestinas. Por ese motivo, solicitó requisas diarias, controles estrictos e incluso la instalación de bloqueadores de señal en establecimientos penitenciarios.

La presentación fue dirigida a jueces del departamento judicial de San Isidro, a fiscales del fuero de menores y al Ministerio de Justicia bonaerense, encabezado por Juan Martín Mena. El documento incluye a imputados mayores y menores de edad, a quienes se les atribuye la planificación y ejecución de delitos graves mediante una logística que, según la acusación, trasciende los límites físicos de los penales.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, la organización habría utilizado teléfonos celulares para seleccionar objetivos, coordinar asaltos y canalizar el producto de los robos a través de transferencias inmediatas. El fiscal sostuvo que la reiteración de este patrón demuestra la insuficiencia de los mecanismos actuales de control carcelario frente a una estructura flexible, capaz de adaptarse aun cuando sus líderes permanecen detenidos.

La causa reúne episodios de extrema violencia. Entre ellos figura el asesinato del empresario Jorge De Marco durante un asalto domiciliario, así como una seguidilla de robos en barrios residenciales donde, según la investigación, los atacantes recibían instrucciones en tiempo real. Pericias sobre teléfonos secuestrados permitieron reconstruir el uso de aplicaciones de geolocalización y redes sociales para identificar viviendas y rutinas de las víctimas.

Uno de los casos más ilustrativos fue el robo en la casa de la influencer Mónica Eugenia Mancini, registrado por cámaras internas. Las imágenes mostraron a los asaltantes manteniendo una videollamada durante el hecho, lo que reforzó la hipótesis de coordinación desde el encierro. También se detectó la transferencia de dinero hacia cuentas vinculadas a internos del sistema penitenciario.

La fiscalía subrayó además la participación de menores de edad en la estructura operativa, señalando debilidades en los mecanismos de control de centros juveniles. Según el expediente, el encarcelamiento no ha impedido la continuidad delictiva, en gran parte debido al acceso clandestino a tecnología que permite mantener comunicaciones permanentes.

En ese contexto, el pedido judicial propone una prohibición total de dispositivos electrónicos para los implicados, con la única excepción de las comunicaciones con sus defensores. También plantea sanciones para terceros que faciliten el ingreso de equipos a los establecimientos. Para el fiscal, la situación configura un escenario de gravedad institucional que exige medidas extraordinarias orientadas a desarticular la logística criminal.

La decisión final quedará en manos de los jueces intervinientes, quienes deberán ponderar el alcance de las restricciones solicitadas. El caso reabre el debate sobre el control tecnológico en cárceles y centros de detención juvenil, en un contexto donde la digitalización también redefine las modalidades del delito y los desafíos del sistema penitenciario.