La causa Vialidad avanza sobre los bienes de la familia Kirchner y define un decomiso millonario

• La Cámara de Casación debe definir si avala el decomiso de 20 propiedades vinculadas a la familia Kirchner.
• El monto de la condena económica a ejecutar supera los $ 684.000 millones.
• La Justicia aplica el criterio de responsabilidad solidaria entre los condenados.
• La defensa denuncia persecución y cuestiona el avance sobre bienes heredados.
• El fiscal sostiene que se trata de ejecutar una pena firme, no de modificarla.
• Podría abrirse una nueva etapa con más bienes alcanzados por el decomiso.

La causa Vialidad ingresa en una etapa clave con impacto directo en el patrimonio de la familia Kirchner. La Cámara Federal de Casación Penal debe resolver si confirma el decomiso de una veintena de propiedades vinculadas a la expresidenta y a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, en el marco de la ejecución de la condena económica impuesta en el expediente. La decisión, de alto voltaje político y judicial, marcará el rumbo de una de las causas por corrupción más relevantes de los últimos años.

El decomiso en análisis alcanza a 20 inmuebles: uno inscripto a nombre de Cristina Kirchner y 19 que pasaron a manos de sus hijos por vía hereditaria. El monto total a cubrir asciende a $ 684.990.350.139,86, cifra que surge de la condena confirmada y que la Justicia busca ejecutar de manera efectiva. El criterio adoptado establece la responsabilidad solidaria de los condenados, lo que habilita a avanzar sobre bienes suficientes para garantizar el cobro.

El Tribunal Oral Federal que dictó la sentencia dispuso el decomiso como consecuencia directa de la condena y ordenó identificar activos aptos para su realización. En esa línea, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que no se trata de reabrir la discusión sobre la pena, sino de cumplir con una consecuencia penal ya firme. Desde esa perspectiva, la etapa actual se concentra en localizar, tasar y ejecutar bienes para satisfacer la obligación económica.

La defensa de la expresidenta y de sus hijos cuestionó el avance sobre las propiedades heredadas. Planteó que se trata de un accionar persecutorio y sostuvo que los bienes fueron recibidos de manera legal y de buena fe, con antecedentes judiciales que habrían reconocido su origen lícito. En función de esos argumentos, solicitó suspender tasaciones, anotaciones registrales y cualquier medida de ejecución hasta tanto se resuelvan los planteos de fondo.

El fiscal general ante Casación rechazó esos recursos y avaló el criterio del tribunal. Señaló que las objeciones sobre titularidad u origen de los bienes no deben ventilarse en la ejecución penal del decomiso y que, de corresponder, deben tramitarse por otras vías sin efecto suspensivo. Además, remarcó que la estrategia adoptada se ajusta a estándares internacionales en materia de recuperación de activos provenientes de delitos de corrupción y criminalidad económica organizada.

Mientras Casación delibera, el escenario anticipa nuevos movimientos. Desde el ámbito judicial no descartan una segunda etapa de ejecución patrimonial, con la incorporación de otros bienes que podrían ser identificados a partir de investigaciones complementarias. Ese eventual avance ampliaría el alcance del decomiso y profundizaría el impacto económico de la condena.

En paralelo, la situación personal de Cristina Kirchner vuelve a quedar bajo la lupa judicial. Esta semana se prevé una audiencia vinculada a pedidos sobre las condiciones de su prisión domiciliaria, en particular en relación con el régimen de visitas y el uso de espacios comunes del inmueble donde cumple la medida. Aunque se trata de un carril distinto, ambos procesos se desarrollan en simultáneo y refuerzan la centralidad judicial de la exmandataria.

La resolución de Casación será determinante. Si confirma el decomiso, la causa Vialidad consolidará una de sus consecuencias más sensibles: la ejecución patrimonial sobre bienes familiares para responder por una condena histórica. Si, en cambio, introduce límites o condicionamientos, abrirá un nuevo capítulo de debate jurídico con derivaciones políticas inevitables.