Pullaro pagó el costo político: la crisis policial se resolvió, pero dejó heridas innecesarias

Finalmente, el conflicto se desactivó. El gobernador Maximiliano Pullaro anunció una recomposición salarial para las fuerzas policiales y la situación comenzó a normalizarse. La calma vuelve de a poco, los servicios se reordenan y la provincia recupera algo de previsibilidad. Sin embargo, la pregunta inevitable es otra: ¿hacía falta llegar hasta este punto?

La respuesta es simple y dura: no. Todo este episodio fue un gasto político innecesario.

El reclamo policial no apareció de un día para el otro. Venía gestándose desde hace meses. Bajos salarios, jornadas interminables, presión psicológica, falta de personal y condiciones laborales cada vez más complejas. La protesta fue la consecuencia de una acumulación de errores y de una sordera política que eligió minimizar el problema hasta que estalló en la cara del gobierno provincial.

Pullaro terminó haciendo lo que debía haber hecho antes: sentarse, negociar y otorgar una recomposición. Lo que cambia ahora es el contexto. No es lo mismo acordar a tiempo que hacerlo bajo presión, con protestas, sanciones, investigaciones judiciales y una provincia en vilo. El daño institucional ya está hecho.

Durante días, Santa Fe quedó atrapada en un clima de tensión peligrosa. La seguridad pública volvió a ser noticia por los motivos equivocados. Se habló más del conflicto interno de la policía que de la lucha contra el delito. Y eso, en una provincia como Santa Fe, no es un detalle menor.

El Gobierno provincial eligió primero el camino del enfrentamiento: pases a disponibilidad, advertencias penales y discursos duros. Recién después llegó la política. Recién después apareció el diálogo real. Cuando la sangre ya estaba caliente y la desconfianza instalada.

No se discute que el Estado debe hacer cumplir la ley. Tampoco que la policía no puede actuar como un sindicato. Pero una cosa es marcar límites institucionales y otra muy distinta es desconocer un problema humano y laboral evidente. La combinación de rigidez política y demora en las respuestas fue la chispa que encendió el incendio.

Ahora todo se presenta como un cierre exitoso. Pero no lo es del todo. Es un cierre forzado. Un acuerdo que llega tarde. Un conflicto que pudo evitarse con menos soberbia y más gestión.

La paz social no se construye con comunicados ni con amenazas. Se construye anticipándose a los conflictos, escuchando a tiempo y tomando decisiones antes de que la crisis sea pública. En este caso, el gobierno provincial reaccionó cuando ya no tenía margen.

Pullaro evitó que la situación se desborde. Eso es cierto. Pero también quedó expuesto un problema de conducción política: se subestimó un reclamo legítimo y se lo dejó crecer hasta volverse inmanejable.

Hoy la provincia vuelve a la normalidad. Pero el episodio deja una enseñanza clara: gobernar no es resistir hasta que el conflicto explote, sino evitar que explote.

La recomposición salarial era necesaria. El acuerdo era inevitable. Lo innecesario fue el desgaste, la tensión y el costo político que pudo ahorrarse.

En política, muchas veces no gana el que tiene razón, sino el que llega primero con la solución. Esta vez, la solución llegó tarde. Y se pagó caro.