Un diputado del PRO volvió a cuestionar la continuidad de Adorni y reclamó definiciones al Gobierno

• Álvaro González volvió a cuestionar la continuidad de Manuel Adorni en el Gobierno.
• El diputado recordó que Javier Milei prometió remover al funcionario si la Justicia determina su culpabilidad.
• Reclamó que Adorni brinde explicaciones claras sobre su situación patrimonial.
• El legislador sostuvo que las respuestas ofrecidas hasta el momento incrementaron las dudas.
• Consideró que la continuidad del funcionario es una responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo.
• Afirmó que el Presidente deberá cumplir con su compromiso si la investigación concluye con una condena.

El diputado nacional del PRO Álvaro González renovó sus cuestionamientos a la permanencia de Manuel Adorni dentro del Gobierno nacional y consideró que la investigación judicial que involucra al funcionario continúa generando un costo político para la administración de Javier Milei. En ese contexto, recordó las declaraciones realizadas recientemente por el Presidente respecto de una eventual remoción del funcionario si la Justicia determinara su culpabilidad y lanzó una ironía sobre esa promesa.

Durante una entrevista radial, el legislador sostuvo que el propio jefe de Estado dejó fijado el criterio que aplicará en caso de que la investigación concluya con una condena. A partir de ello, afirmó que Milei "debería ir practicando la patada", en alusión a la expresión utilizada por el mandatario cuando aseguró que apartaría inmediatamente a Adorni si fuera hallado responsable por la Justicia.

González manifestó que la situación patrimonial del funcionario continúa generando interrogantes y consideró que las explicaciones brindadas hasta el momento no lograron despejar las dudas planteadas por distintos sectores políticos. Según expresó, el caso sigue impactando sobre la imagen del Gobierno y requiere una respuesta institucional clara.

El legislador recordó que desde el inicio respaldó la posibilidad de que Adorni concurriera al Congreso para brindar explicaciones sobre la evolución de su patrimonio y responder las consultas de los diputados. A su entender, la interpelación constituye el ámbito adecuado para que un funcionario exponga su posición frente a las sospechas planteadas.

En ese sentido, sostuvo que las distintas intervenciones públicas del funcionario terminaron incrementando las dudas en lugar de disiparlas. Según indicó, las aclaraciones ofrecidas posteriormente resultaron contradictorias con declaraciones anteriores, situación que, a su juicio, alimentó el debate político en torno al caso.

González también se refirió a la postura adoptada por el PRO durante la discusión parlamentaria vinculada con la convocatoria de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Explicó que la decisión de no acompañar la sesión respondió a que la reunión de comisión ya había sido convocada para la semana siguiente y entendió que el emplazamiento perdía sentido en esas circunstancias.

No obstante, reconoció que la estrategia comunicacional del partido no fue suficientemente clara para transmitir esa posición. Admitió que la falta de una explicación más precisa permitió interpretaciones equivocadas y generó confusión respecto del verdadero motivo de la decisión adoptada por el bloque.

El diputado insistió además en que la continuidad de Adorni constituye una decisión exclusiva del Poder Ejecutivo y que corresponde al Gobierno evaluar la conveniencia política de mantener al funcionario en su cargo mientras avanza la investigación judicial.

Desde su perspectiva, la Casa Rosada tuvo la posibilidad de cerrar la controversia desde el comienzo mediante una decisión administrativa que evitara prolongar el conflicto. En esa línea, sostuvo que el Presidente podría haber solicitado la renuncia del funcionario o disponer su desplazamiento preventivo hasta que la Justicia esclarezca la situación.

Pese a sus críticas, González aclaró que aguardará el resultado de la investigación antes de emitir un juicio definitivo sobre la responsabilidad de Adorni. Señaló que será la Justicia la encargada de establecer si existieron irregularidades y remarcó que, si finalmente el funcionario resulta exonerado de toda responsabilidad, el Presidente habrá asumido el costo político de sostenerlo durante el proceso.

Sin embargo, advirtió que si la causa concluye con una resolución adversa para el funcionario, el jefe de Estado deberá cumplir con el compromiso público que asumió de removerlo del Gobierno. Las declaraciones del legislador volvieron a poner de manifiesto las diferencias que persisten entre sectores del PRO y la administración nacional en torno al manejo político de una investigación que continúa generando repercusiones tanto en el ámbito judicial como en el Congreso.