El Gobierno apelará el fallo por el financiamiento universitario

• El Gobierno apelará el fallo que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario
• La Procuración del Tesoro analiza alternativas para limitar el impacto inmediato sobre las cuentas públicas
• La Justicia ordenó cumplir con los aumentos previstos para universidades, salarios, becas e investigación
• El Ejecutivo sostiene que la aplicación de la ley demandaría más de un billón de pesos
• El fallo consideró que existen mecanismos presupuestarios para afrontar las obligaciones
• La disputa por el financiamiento universitario se suma a las negociaciones por el Presupuesto 2027

El Gobierno decidió recurrir judicialmente la resolución que ordenó poner en marcha la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el decreto mediante el cual el Poder Ejecutivo había condicionado su aplicación. La estrategia oficial busca sostener la discusión en los tribunales y, al mismo tiempo, encontrar mecanismos que permitan evitar que el impacto presupuestario de la norma deba afrontarse de manera inmediata.

La Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio, quedó a cargo de analizar los pasos judiciales que seguirá el Ejecutivo. En la Casa Rosada consideran que todavía existen alternativas para cuestionar la decisión y evaluar el alcance de sus efectos económicos, mientras avanzan con la apelación que ya fue definida.

El fallo del juez federal Martín Cormick alcanzó al Decreto 759/2025, por el cual el Gobierno había promulgado la Ley de Financiamiento Universitario, pero estableciendo que su aplicación quedaría supeditada a que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento y contemplara las partidas necesarias dentro del Presupuesto nacional.

Para el magistrado, esa condición implicaba en los hechos una nueva objeción a una norma que ya había sido ratificada por el Congreso después de que ambas Cámaras rechazaran el veto presidencial. Por ese motivo, ordenó al Poder Ejecutivo avanzar con las medidas administrativas y reglamentarias necesarias para poner en funcionamiento la ley y cumplir con los aumentos previstos.

La resolución se originó en los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), que cuestionaron la decisión de suspender la aplicación de los fondos establecidos por la normativa. El alcance de la ley comprende distintos rubros vinculados con el funcionamiento del sistema universitario, entre ellos salarios, becas, investigación, gastos operativos y hospitales universitarios.

En el entorno de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, descartaron abrir una instancia de negociación con las universidades y ratificaron que la respuesta será exclusivamente judicial. La posición oficial apunta a concentrar la discusión en los tribunales, mientras se analiza el impacto que tendría la ejecución de la norma sobre las cuentas públicas.

Uno de los principales argumentos del Gobierno durante el proceso judicial estuvo relacionado con el costo de la medida. Los representantes del Estado habían señalado que aplicar la ley demandaría una erogación superior a un billón de pesos y que ese desembolso podría afectar el equilibrio fiscal. Desde esa perspectiva, sostenían que debía existir una definición específica del Congreso respecto de las fuentes de financiamiento.

El juez Cormick rechazó ese planteo. En su resolución consideró que la propia legislación contempla mecanismos para afrontar las obligaciones, entre ellos la posibilidad de realizar reasignaciones presupuestarias y utilizar mayores ingresos derivados de la recaudación corriente. Además, recordó que durante 2025 el Ejecutivo había modificado partidas presupuestarias mediante decretos y decisiones administrativas.

La disputa quedó vinculada además con el debate del Presupuesto 2027. Desde el Gobierno sostienen que el proyecto de ley de gastos ya fue enviado al Congreso y que cualquier modificación sobre las partidas deberá ser discutida por los legisladores. De esta manera, la discusión por el financiamiento universitario podría trasladarse también al terreno parlamentario.

Mientras tanto, en el ámbito universitario anticipan que el Gobierno recurrirá la resolución y no esperan una convocatoria para negociar la ejecución de la ley. Las autoridades del sector sostienen que continuarán con sus reclamos en la Justicia y buscarán sostener la vigencia de la normativa.

La apelación abrirá así una nueva instancia judicial y sumará otro foco de tensión para el oficialismo, que al mismo tiempo deberá avanzar con las negociaciones por el Presupuesto 2027 y afrontar el debate legislativo sobre distintas iniciativas que tienen impacto directo sobre las cuentas públicas.