Asesinato de María Soledad Morales

En la ciudad de Catamarca (Argentina), asesinan a María Soledad Morales. En la noche del viernes 7 de septiembre de 1990, María Soledad Morales asistió a la discoteca Le Feu Rouge, en donde se organizaba una fiesta con el fin de recaudar fondos para el viaje de egresados de su curso en el Colegio del Carmen y San José. En la madrugada del 8 de septiembre, Luis Tula, un individuo maduro que -según relatos de compañeros-, era su novio, la recogió en el boliche donde se celebraba la fiesta de su promoción de bachilleres y la invitó al boliche llamado "Clivus". Allí la presentó con otros individuos, hijos de funcionarios políticos y policiales de la provincia, entre los que se encontraba Guillermo Luque, y de acuerdo con testimonios de empleados del boliche discoteca, salió de allí "obnubilada", acompañada de varios hombres que la subieron a un vehículo. Nunca más sería vista con vida. A las 9:30 del lunes 10 de septiembre de 1990, en una zona conocida como Parque Daza,​ su cuerpo fue encontrado por unos operarios de Vialidad Nacional. Había sido salvajemente violada. La escena del hallazgo fue alterada, manipulada por tres individuos vistos por un colectivero. Más tarde se supo que había muerto de un paro cardíaco por una dosis letal de cocaína que le habían obligado a consumir sus secuestradores violadores y asesinos. Desde un primer momento las investigaciones fueron demoradas y manipuladas. El mismo jefe de la Policía de la Provincia, comisario general Miguel Ángel Ferreyra ―padre de uno de los asesinos―, al hallar el cadáver ordenó que lo lavaran (borrando huellas y señales de modo irrecuperable). Se tardó más de dos meses en abrir la investigación judicial y, una vez que la justicia intervino, el favoritismo hacia los posibles involucrados fue evidente. En esas condiciones, el diputado peronista Ángel Luque llegó a declarar que si su hijo hubiera sido el asesino, el cadáver no habría aparecido nunca. El escándalo llevó a la expulsión del diputado del Congreso y a que en 1991 el gobierno nacional interviniera primero el poder judicial de la provincia, luego el poder legislativo y finalmente el poder ejecutivo, destituyendo al entonces gobernador Ramón Saadi. El presidente Carlos Menem ordenó la intervención federal a la provincia, y para aclarar los hechos envió al exsubcomisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Luis Patti, que también demostró falta de voluntad en la resolución del caso, y abierta complicidad con los acusados. Sólo dos personas fueron condenadas por "violación seguida de muerte agravada por el uso de estupefacientes", aunque se estima que participaron más hombres en este horrendo crimen. Guillermo Luque fue condenado a 21 años de prisión y Luis Tula a 9 años. Hoy ambos gozan de libertad. Los 32 acusados por encubrimiento –lo que prometía un segundo megajuicio por el caso– fueron finalmente sobreseídos por la Justicia y olvidados.