



Por Juan Palos
La relación entre Javier Milei y Maximiliano Pullaro ha alcanzado un punto crítico que merece un análisis profundo. Lo que empezó como un vínculo pragmático ha derivado en un conflicto abierto motivado por luchas políticas, recursos y visibilidad. A medida que se acercan las elecciones legislativas y la Convención Constituyente en Santa Fe avanza, las diferencias entre el gobierno nacional y provincial ya no pueden ocultarse, y la tensión se intensifica semana a semana.
La reciente reunión de Milei con la Mesa de Enlace en la Sociedad Rural de Palermo fue un punto de inflexión. Según informes de diversas fuentes, Milei no escatimó en descalificaciones hacia Pullaro, afirmando que “disciplinará a los gobernadores”. Este tipo de comentarios no solo reflejan una falta de respeto, sino que también subrayan un intento de deslegitimar la autoridad provincial ante un electorado que también tiene vínculos con el agro. La Casa Gris, evidentemente, no tomó bien estas declaraciones. Más que la ofensa en sí misma, lo alarmante es el contexto en que sucedió: un encuentro con figuras rurales clave de la provincia que sugiere un desafío a la gestión provincial y a su capacidad de gobernar.
Por su parte, Pullaro ha optado por una respuesta más meditada, centrándose en la gestión para contrarrestar los ataques de Milei. Un ejemplo claro es su estrategia de colocar carteles en las rutas nacionales deterioradas, señalando que la falta de mantenimiento es una responsabilidad que debería recaer en el gobierno federal. Aunque no le está restando apoyo a la crítica, este enfoque parece más una maniobra política que una confrontación frontal. Pullaro ha expresado su disposición a gestionar las rutas, siempre y cuando la Nación se las transfiera formalmente, lo que revela su frustación ante la falta de inversiones federales y la necesidad de herramientas para abordar el problema.
La situación económica también refleja el deterioro en las relaciones. Santa Fe está atrapada en una disputa judicial por una deuda previsional cuyo monto asciende a más de 1,8 billones de pesos, mientras el gobierno nacional intenta condicionar el mantenimiento de rutas a la renuncia de la demanda judicial. Esto no solo plantea un dilema ético; también pone en evidencia el uso político de recursos vitales para la infraestructura. La insistencia de Pullaro en que el mantenimiento de las rutas no debería ser un “moneda de cambio” resulta fundamental en este contexto.
Mientras tanto, Santa Fe busca emitir bonos para financiar obras clave, pero se enfrenta a la negativa de Milei para autorizar la operación, lo que podría tener graves repercusiones para la infraestructura provincial. La falta de apoyo financiero a proyectos que no comprometen las cuentas fiscales de la Nación parece ser más una cuestión de política que de economía, lo que pone en evidencia la naturaleza conflictiva del actual entorno político.
Es evidente que Pullaro navega un camino complicado: debe destacar las fallas de la administración libertaria sin romper los lazos, ya que muchos de sus electores son simpatizantes de Milei. En este sentido, la pragmática elección de mantener el sello de Unidos sin usarlo directamente en la campaña es un intento por equilibrar las tensiones en un clima electoral cada vez más incierto.
Finalmente, la relación entre Milei y Pullaro parece ser más estratégica que ideológica. En un contexto donde el liderazgo en la política del interior está en juego, lo que se definirá no es solo la obra pública o el federalismo fiscal, sino quién podrá ejercer el verdadero liderazgo en tiempos de crisis. Esta situación merita atención, pues la resolución de estos conflictos impactará no solo en el futuro de Santa Fe, sino en la estructura política del país en su conjunto.









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