Un sistema acusatorio sin política criminal no alcanza

• El sistema acusatorio federal está por implementarse plenamente y supone una mejora estructural en la justicia penal.
• Este cambio no será eficaz sin una política criminal clara, integral y consensuada contra el crimen organizado.
• El crimen organizado en Argentina combina redes transnacionales y grupos locales con fuerte capacidad logística y violencia.
• Se requiere coordinación entre Ministerio Público, fuerzas de seguridad, justicia provincial, inteligencia y municipios.
• El nuevo poder del fiscal (principio de oportunidad) debe guiarse por prioridades políticas, no decisiones aisladas.
• La implementación del sistema debe ser parte de una estrategia estatal para preservar la seguridad y la democracia.

Por fin, tras más de una década de espera, la implementación definitiva del sistema acusatorio en el fuero federal está en la recta final. Se trata de un cambio estructural de enorme relevancia para la justicia penal argentina, que abandona definitivamente el vetusto modelo inquisitivo para dar paso a un régimen más transparente, eficiente y acorde con la Constitución. Pero si este cambio no viene acompañado por una política criminal clara, integral y consensuada, todo su potencial podría naufragar.

El sistema acusatorio pone la dirección de la investigación penal en manos del Ministerio Público Fiscal, profesionaliza la persecución penal y optimiza recursos. Pero no puede por sí solo suplir la ausencia de una política estatal seria frente al crimen organizado. Porque no se trata solamente de reformar un código procesal, sino de construir una estrategia de Estado.

El crimen organizado en Argentina ya no es una amenaza lejana. Existen organizaciones transnacionales —los carteles—, pero también poderosos grupos locales, en muchos casos vinculados con redes regionales, que controlan mercados ilegales en los grandes centros urbanos. Tráfico de drogas, trata de personas, contrabando, armas, lavado de dinero e incluso el comercio de agroquímicos ilegales forman parte de este entramado.

Estos grupos no sólo operan en las sombras de la economía ilegal: también colonizan territorios, cooptan jóvenes sin oportunidades y ejercen violencia estructural en barrios vulnerables. La violencia no es un efecto colateral: es un instrumento sistemático de control social.

Frente a este fenómeno, urge una política nacional y federal —en el sentido más amplio del término— que articule al Ministerio Público, las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, los sistemas judiciales locales, los servicios de inteligencia criminal y los municipios. Ningún actor puede actuar solo. La cooperación debe dejar de ser eventual para volverse una política de Estado.

Además, el nuevo sistema otorga al fiscal un poder inédito: el principio de oportunidad. Elegir dónde poner el foco, a quién perseguir y qué casos priorizar. Pero ese margen de acción debe estar orientado por prioridades políticas definidas democráticamente, no por criterios discrecionales o aislados.

La implementación del sistema acusatorio no es un fin en sí mismo. Es una herramienta. Sin conducción política, sin coordinación institucional y sin voluntad real de enfrentar al crimen organizado como fenómeno complejo y multicausal, será una oportunidad desperdiciada.

El Congreso, el Ejecutivo, las provincias y los municipios deben sentarse en una misma mesa. Lo que está en juego no es sólo la eficacia de la justicia penal: es la capacidad del Estado argentino de garantizar seguridad, integridad territorial y cohesión social. Una democracia sin justicia eficiente frente al crimen organizado, simplemente, se debilita.