Diputados avanza con la interpelación a Francos tras la suspensión de la Ley de Discapacidad

• Diputados debatió la suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad y el rol de Guillermo Francos.
• Se analizan dos caminos: interpelación y eventual moción de censura.
• La medida del Ejecutivo fue tomada por decreto, alegando falta de financiamiento definido.
• Oposición denuncia incumplimiento de una ley votada por mayoría del Congreso.
• El PRO calificó la moción de censura como “aberración política” y defendió a Francos.
• La decisión final dependerá del resultado electoral y del clima político posterior al 26 de octubre.

En plena campaña electoral y con el clima político cada vez más enrarecido, la Cámara de Diputados de la Nación abrió un debate de alto voltaje institucional: el futuro del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tras la decisión del Poder Ejecutivo de suspender la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La medida, tomada por decreto, generó un fuerte rechazo en amplios sectores del Congreso y reactivó una discusión sobre los límites del Ejecutivo en la implementación de leyes votadas por amplia mayoría.

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento analizó dos caminos posibles: una interpelación a Francos como primer paso y, eventualmente, una moción de censura. La discusión estuvo atravesada por un contexto político cambiante, marcado por el renovado apoyo de Estados Unidos al Gobierno y la reactivación del llamado “pacto de gobernabilidad” entre el oficialismo y sectores dialoguistas, lo que llevó a los distintos bloques a recalcular sus estrategias.

“El mecanismo que tenemos que llevar adelante es, primero, interpelar, y en segundo lugar, proceder al voto si se tiene confianza o no en las explicaciones que dé el jefe de Gabinete”, explicó el diputado Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal. En su intervención, fue más allá: “No podemos fingir demencia cuando el Ejecutivo no cumple con una ley. Estamos hablando de las personas que más necesitan al Estado presente”.

El debate se materializó en dos dictámenes. El primero, impulsado por Unión por la Patria, Encuentro Federal y Marcela Pagano, propone la interpelación seguida de una eventual moción de censura. El segundo, respaldado por Fernando Carbajal (Democracia), Juan Manuel Brugge (Encuentro Federal) y legisladores radicales, limita el proceso a la interpelación, sin aludir expresamente a la censura.

Una fuente de la comisión reconoció que el acuerdo alcanzado fue el “mínimo posible”, condicionado por el contexto electoral y el nuevo escenario político tras el acercamiento del oficialismo a los bloques dialoguistas. “No podíamos no hacer nada ni dejar caer el dictamen, pero el escenario cambió en los últimos días”, señaló.

Desde el oficialismo, en tanto, dieron señales de apertura a una interpelación como estrategia para desactivar cualquier intento de censura, confiando en la experiencia previa de Francos, quien ya había sorteado con éxito un proceso similar durante el debate por el acuerdo con el fondo de inversión $Libra. “No hay fecha para la interpelación, eso lo definirá el pleno y, según los resultados del 26 de octubre, se verá si hay moción o no”, anticiparon fuentes legislativas.

En la oposición, sin embargo, persiste la desconfianza. “Lo que teníamos que hacer era defender el dictamen para que el Ejecutivo entienda que no puede hacer lo que se le ocurre con una ley del Congreso”, sostuvo un referente opositor, en alusión a la suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad mediante el Decreto 681/2025.

El Gobierno justificó la medida argumentando que el Congreso no había establecido fuentes de financiamiento para la norma, mientras que desde el Parlamento señalaron que es el propio jefe de Gabinete quien debe definir las partidas, dado que el país lleva dos años sin Presupuesto nacional aprobado.

Desde el PRO, en cambio, acusaron a los impulsores de la moción de censura de actuar con intencionalidad política. “A Francos, que viene cumpliendo con su función, le inician una moción de censura que ni siquiera está reglamentada. Es una aberración política”, expresó la diputada Silvana Giudici, al marcar distancia de la iniciativa.

El debate sobre la interpelación y posible censura a Francos expone, en el fondo, una tensión institucional más profunda: el equilibrio de poderes entre un Ejecutivo que avanza con medidas excepcionales y un Congreso que intenta recuperar su rol de contralor. En el centro de la escena, la suspensión de una ley que busca proteger a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad se convirtió en el catalizador de una pulseada que trasciende la coyuntura electoral.