La Comisión de Asuntos Constitucionales rechazó el pliego de Lorena Villaverde y desató un fuerte choque político en el Senado

• Rechazo del diploma de Lorena Villaverde por antecedentes judiciales y vínculos cuestionados.
• Dictamen de mayoría con 12 firmas opositoras transversales.
• Maniobra fallida del oficialismo que intentó excluir a Capitanich y Soria de los diplomas aprobados.
• Cruces fuertes entre Mayans, Romero, Tagliaferri y defensores de Villaverde.
• La Libertad Avanza presentará un dictamen de minoría en defensa de su senadora electa.
• El caso reabre el debate sobre ética, idoneidad y límites institucionales frente a vínculos con el narcotráfico.

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado protagonizó una de las discusiones más tensas de las últimas semanas al dictaminar, por mayoría, el rechazo del diploma de la libertaria Lorena Villaverde, electa por Río Negro. La decisión, que deberá ser ratificada en el recinto por la nueva composición parlamentaria, abrió un frente de conflicto que atraviesa a oficialismo, oposición y aliados circunstanciales, y reinstala el debate sobre los límites éticos en el acceso a cargos legislativos.

El punto central de la controversia gira en torno a los antecedentes judiciales de Villaverde en los Estados Unidos, donde fue investigada en una causa vinculada a la compra de cocaína. A ello se suma su vínculo con Fred Machado, el empresario argentino extraditado para enfrentar cargos por narcotráfico y lavado de dinero. Estos elementos llevaron al peronismo a anticipar su rechazo, argumentando que la senadora electa no reúne condiciones mínimas de idoneidad para ocupar una banca.

La Comisión emitió dos dictámenes de mayoría: uno que incluye los diplomas de los 23 senadores electos —entre ellos Jorge Capitanich y Martín Soria, inicialmente excluidos por un movimiento interno del oficialismo—, y un segundo que rechaza el diploma de Villaverde. Este dictamen reunió 12 firmas, entre ellas no solo las 8 del peronismo sino también las de Guadalupe Tagliaferri (PRO), Pablo Blanco (UCR), Juan Carlos Romero (Cambio Federal) y Alejandra Vigo (Unidad Federal). La configuración dejó en evidencia una alianza transversal, unida en este caso por el rechazo a la libertaria rionegrina.

El oficialismo denunció una maniobra cuando circuló un dictamen que dejaba afuera a Capitanich y Soria. Tras detectarse la irregularidad, la oposición desconoció ese documento y exigió corregirlo. Finalmente, se consensuó un único dictamen de aprobación general y uno exclusivo de rechazo a Villaverde. Será el nuevo Senado, con otra correlación de fuerzas, el que definirá el desenlace.

La Libertad Avanza adelantó que presentará un dictamen de minoría en defensa del diploma de Villaverde y, como contragolpe político, otro para rechazar los diplomas de Capitanich y Soria. Pero dentro de la Comisión los cruces ya expusieron el nivel de tensión que rodea la discusión.

José Mayans, presidente del bloque de Unión por la Patria, fue categórico: “Esta persona tiene comprobado el delito de tráfico y venta de drogas y no puede estar en el Senado de la Nación”. Sostuvo además que Villaverde “ha comprado una banca” y que permitir su incorporación implicaría convalidar un ingreso del narcotráfico al Congreso.

La posición de Juan Carlos Romero resultó decisiva. Históricamente enfrentado al kirchnerismo pero cercano al oficialismo en votaciones clave, Romero afirmó que el caso excede cualquier disputa partidaria. “Una cosa son las acusaciones políticas y otra haber pasado por la justicia penal de Estados Unidos”. Subrayó que a Villaverde le redujeron la pena por haber entregado información y cuestionó “los vínculos con gente rara que anda con drogas”. Fue más allá al comparar el episodio con el intento fallido de Pablo Escobar de ingresar al Congreso colombiano, en nombre de la preservación institucional.

En esa línea, Pablo Blanco (UCR) rechazó sin matices la posibilidad de avalar su diploma: “Mi consciencia me dicta que alguien relacionada con el narcotráfico no puede formar parte de esta institución”.

La defensa de Villaverde quedó en manos de referentes del PRO y de La Libertad Avanza. El cordobés Luis Juez aseguró que verificó la información y que “es absolutamente mentira” que existan elementos judiciales vigentes que impidan su asunción. Asimismo, criticó que se den por sentadas conductas o vínculos no probados. Más controvertido fue el libertario Juan Carlos Pagotto, quien intentó relativizar el caso apelando a que “todos los políticos viajan en aviones privados” y citó el artículo 55 de la Constitución para sostener que el Senado no puede juzgar “condiciones morales”.

La respuesta llegó rápido. Tagliaferri advirtió sobre los riesgos de una “doble vara moral” y marcó una diferencia clara: “No da lo mismo tomar un avión narco que uno no narco”. Fernández Sagasti fue aún más directa: “Tenemos la oportunidad de no abrirle la puerta del Senado al crimen organizado”.

El debate dejó expuesta una fractura que excede el eje oficialismo-oposición. Lo que se discute no es solo el caso Villaverde, sino el alcance de las responsabilidades éticas que deben asumir quienes buscan integrar una institución cuya legitimidad depende, en buena medida, de la confianza pública. El recinto tendrá la última palabra, pero la grieta que dejó este dictamen anticipa un clima político cargado para el inicio del nuevo período legislativo.