La causa por presunto lavado vinculado a la AFA cambia de juez y se concentra en Campana

• La Cámara Federal de San Martín asignó la causa al Juzgado Federal de Campana
• La investigación gira en torno a una casaquinta en Pilar valuada en 17 millones de dólares
• Es el tercer juez que interviene desde el inicio del expediente
• El fallo se basó en criterios territoriales y en el cambio de domicilio de la AFA
• El caso investiga presunto lavado de activos mediante sociedades pantalla
• La Cámara advirtió sobre la importancia de respetar la garantía del juez natural

La investigación judicial por la casaquinta de Pilar valuada en unos 17 millones de dólares y otros bienes de alto valor que se sospecha estarían a nombre de presuntos testaferros de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo giro procesal. La Cámara Federal de San Martín resolvió que el expediente quede definitivamente a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, conducido por Adrián González Charvay, desplazando al fuero penal económico porteño y al juez Marcelo Aguinsky, que hasta ahora llevaba adelante la pesquisa.

La decisión fue adoptada por el camarista Alberto Lugones, quien asignó la competencia al juzgado de Campana por razones estrictamente territoriales. Según la resolución, todas las propiedades bajo investigación se encuentran en el partido bonaerense de Pilar, jurisdicción natural del fuero federal de Campana. A ello se suma un dato clave: en noviembre de 2024 la AFA mudó formalmente su domicilio legal a esa misma localidad, dejando atrás su histórica sede de la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires.

Con este fallo, la causa queda en manos del tercer magistrado desde su inicio. Lugones sostuvo que el “punto determinante” de las maniobras investigadas —presunto lavado de activos— habría ocurrido en Villa Rosa, partido de Pilar, donde se habría utilizado dinero de origen ilícito para ingresarlo al sistema formal mediante la compra de un inmueble de altísimo valor. El predio cuenta con autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre, pista de entrenamiento equino, helipuerto e instalaciones deportivas, un conjunto patrimonial que, según la denuncia, resulta incompatible con la capacidad económica declarada por la sociedad propietaria.

La firma bajo la lupa es Real Central, vinculada a Luciano Pantano y su madre, Ana Conte. Para la acusación, existen indicios de que esa sociedad podría haber sido utilizada como pantalla para ocultar la titularidad real de los bienes, que pertenecerían en los hechos a dirigentes de la AFA. Ese presunto esquema de ocultamiento patrimonial constituye el eje de la hipótesis de lavado de activos que impulsa la causa.

El camarista de San Martín coincidió con la defensa de Pantano y con el propio González Charvay, quien había reclamado el expediente, al señalar que el centro de gravedad de las maniobras investigadas se encuentra en Pilar. De ese modo, desestimó la postura del juez Aguinsky, que se había negado a ceder la competencia al considerar que el delito precedente —una supuesta defraudación a los asociados de la AFA— tenía su epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, en función de la antigua sede de la entidad.

La postura de Aguinsky había sido respaldada tanto por la fiscalía porteña como por la de Campana, e incluso el Ministerio Público ante la Cámara de San Martín había sugerido esperar al final de la feria judicial de enero para evaluar el estado completo de la causa antes de resolver la disputa de competencia. Sin embargo, tras recibir el dictamen fiscal, Lugones avanzó y resolvió de manera inmediata.

El magistrado subrayó que la demora en definir el juez competente puede afectar la garantía constitucional del juez natural. En ese sentido, advirtió que la falta de una decisión “en tiempo y forma” podría derivar en una vulneración de derechos básicos, al apartar a los imputados de los jueces legítimamente designados por la ley.

Hasta ahora, la causa tuvo un derrotero zigzagueante. Inicialmente quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas, quien ordenó allanamientos, secuestros, tasaciones de bienes y prohibiciones de salida del país. Luego declinó la competencia al fuero penal económico, decisión que fue avalada por la Cámara Federal porteña. Aguinsky tomó el expediente, habilitó la feria judicial de enero y amplió el objeto de investigación, incorporando presuntas maniobras en el exterior con fondos de la AFA.

Con el fallo de la Cámara de San Martín, todo ese material deberá ahora ser remitido a Campana. Allí, González Charvay continuará la investigación sobre el patrimonio bajo sospecha, que incluye la casaquinta, una flota de autos de alta gama valuada en casi cuatro millones de dólares y otros activos que podrían ser, en realidad, de dirigentes de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

La redefinición de la competencia busca, según el tribunal, concentrar la investigación en el ámbito que garantice mayor eficacia y seguridad jurídica. Al mismo tiempo, marca un punto de inflexión en una causa sensible, que combina fútbol, poder y presuntas maniobras financieras de alto impacto.