La credibilidad en disputa y el dilema de medir la inflación sin atajos

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

La renuncia del titular del INDEC introdujo un ruido que el Gobierno no buscaba y que, inevitablemente, abrió una grieta en la credibilidad del organismo. No tanto por el hecho administrativo en sí, sino por la lectura política que rápidamente se instaló: la idea de que la Casa Rosada habría rechazado la actualización del método de medición del IPC para evitar que los números de inflación mensual resulten más elevados. Esa interpretación, amplificada por sectores políticos, sociales y periodísticos, volvió a colocar a la estadística oficial en el centro de una sospecha histórica.

Negar ese impacto sería ingenuo. La confianza en los datos públicos es frágil en la Argentina y cualquier movimiento brusco en el organismo encargado de producirlos se traduce, casi de inmediato, en dudas y especulaciones. El antecedente pesa. La memoria colectiva asocia al INDEC con una etapa en la que las cifras dejaron de describir la realidad para convertirse en una herramienta de conveniencia política. En ese contexto, la salida de su máxima autoridad no podía pasar inadvertida.

Ahora bien, que esa grieta exista no significa que la lectura dominante sea necesariamente la correcta. La discusión de fondo es más compleja y revela un dilema que el Gobierno eligió no esquivar: cómo avanzar hacia una actualización metodológica indispensable sin que ese proceso sea interpretado —o utilizado— como una maniobra para administrar resultados. Porque el dato incómodo, reconocido incluso por los especialistas, es que una canasta de consumo más actualizada probablemente arrojaría índices de inflación más altos que los actuales.

Allí aparece el núcleo de la decisión oficial. Frente a esa perspectiva, el Gobierno optó por no introducir cambios parciales o apresurados que pudieran quedar atrapados en la lógica de la sospecha permanente. En otras palabras, prefirió sostener el esquema vigente antes que avanzar en una modificación técnicamente defendible pero políticamente vulnerable. Esa elección, lejos de cerrar el debate, lo profundizó.

Para muchos actores, la negativa a adoptar el nuevo método fue leída como una forma de preservar números más bajos. Esa percepción existe y condiciona el clima público. Sin embargo, también es cierto que una actualización del IPC sin un proceso amplio, transparente y consensuado habría reavivado viejos fantasmas: ¿por qué ahora?, ¿con qué criterios?, ¿bajo qué controles? En un país con la credibilidad dañada, el cómo es tan importante como el qué.

El costo de esa decisión fue alto. La renuncia del titular del organismo dejó al INDEC expuesto y alimentó interpretaciones adversas. Pero también evitó un escenario quizás más dañino: que cualquier cambio metodológico sea leído, desde el primer día, como una manipulación encubierta. El Gobierno eligió un camino defensivo, consciente de que la legitimidad de los datos no se reconstruye solo con buenas intenciones, sino con procesos largos y verificables.

La paradoja es evidente. Mantener parámetros desactualizados erosiona la calidad del indicador; cambiarlos sin consenso erosiona la confianza. En esa tensión se mueve hoy la política económica. El oficialismo quedó atrapado en ese dilema y pagó un precio reputacional, pero no necesariamente por una vocación de ocultamiento, sino por una estrategia de cautela en un terreno extremadamente sensible.

La discusión, además, deja al descubierto un problema estructural: la Argentina carece de acuerdos básicos que trasciendan a los gobiernos en materia estadística. Cada decisión es leída en clave de intención política. En ese marco, cualquier gestión está condenada a enfrentar sospechas, incluso cuando evita los atajos más evidentes.

El desafío ahora es salir de ese laberinto. Recuperar credibilidad no pasa por negar la grieta que se abrió, sino por cerrarla con hechos: un cronograma claro para la actualización del IPC, reglas transparentes, participación técnica amplia y una comunicación que explique, sin eufemismos, el impacto real de los cambios. Solo así el INDEC podrá volver a ser un árbitro confiable y no un campo de batalla simbólico.

La decisión de no alterar de inmediato el método de medición puede ser cuestionada, pero también puede leerse como un intento —imperfecto, costoso— de no repetir errores del pasado. En un país donde la estadística fue muchas veces rehén del poder, gobernar sin manipular los números sigue siendo una tarea incómoda. El desafío del actual gobierno es demostrar que esa incomodidad no es una excusa, sino el punto de partida para reconstruir una verdad estadística que vuelva a ser creíble.