El Ejecutivo apunta a debatir el acuerdo con Estados Unidos en el inicio de las sesiones ordinarias

• El Gobierno prevé tratar el acuerdo con Estados Unidos en sesiones ordinarias
• El texto aún atraviesa instancias de traducción y revisión legal
• El calendario de febrero limita un debate profundo en extraordinarias
• El Ejecutivo avanzará con medidas administrativas complementarias
• Estados Unidos es señalado como socio comercial prioritario
• El acuerdo tendrá impacto federal y alcance multisectorial

Con el anuncio oficial del acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos ya formalizado, el Gobierno nacional ajusta ahora su estrategia política y legislativa para definir el momento de su envío al Congreso. Aunque el entendimiento figura entre las prioridades del Ejecutivo, en la Casa Rosada dan por probable que su tratamiento parlamentario se concrete durante el período ordinario de sesiones, que comenzará el 1° de marzo con la apertura encabezada por el presidente Javier Milei.

La alternativa de incluir el proyecto en el temario de las sesiones extraordinarias sigue en evaluación, pero enfrenta obstáculos prácticos. El calendario legislativo de febrero, atravesado por feriados y por una agenda cargada de iniciativas, limita las posibilidades de un debate profundo sobre un acuerdo que el propio oficialismo define como complejo y de alcance estructural. En ese marco, distintas voces del Gobierno reconocen que, aun cuando el texto sea enviado antes, su discusión efectiva podría trasladarse a marzo.

El acuerdo, que prevé la eliminación recíproca de aranceles para 1.675 productos, se encuentra actualmente en una etapa técnica clave. El documento atraviesa un proceso de traducción y revisión jurídica minuciosa, que involucra a los equipos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Esa instancia incluye el análisis detallado de cada capítulo rubricado en las últimas horas entre el canciller Pablo Quirno y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.

Una vez finalizado ese trabajo, el texto será remitido a la Casa Rosada para un control final por parte de la Secretaría de Legal y Técnica, antes de su eventual envío al Poder Legislativo. En el Ejecutivo remarcan que esta etapa no es meramente formal, sino determinante para evitar inconsistencias normativas y garantizar la correcta implementación del acuerdo en el marco del derecho interno.

En el plano político, la administración libertaria enfrenta el desafío de ordenar prioridades. La reforma laboral, la discusión sobre la Ley de Glaciares, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y la iniciativa de Régimen Penal Juvenil aparecen como temas centrales de un temario legislativo exigente para febrero. En ese contexto, el acuerdo con Estados Unidos compite por espacio y tiempos en un Congreso que aún no retomó plenamente su ritmo de trabajo.

Desde el ámbito parlamentario, algunas fuentes consideran poco probable que el acuerdo pueda debatirse en profundidad durante el receso estival. Señalan que el proyecto todavía no ingresó formalmente y que su análisis demandará tiempo, tanto por su extensión como por las implicancias económicas y comerciales que conlleva. La experiencia reciente con otros tratados internacionales refuerza la cautela sobre los plazos.

En paralelo al debate legislativo, el Poder Ejecutivo avanza con la implementación de algunos aspectos del entendimiento mediante herramientas administrativas que no requieren aprobación del Congreso. La estrategia apunta a simplificar barreras no arancelarias, reducir costos y agilizar procesos de certificación. En esa línea, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado trabaja en la redacción de decretos y resoluciones que permitan cumplir compromisos asumidos en la negociación bilateral.

Más allá de los tiempos parlamentarios, el Gobierno busca enviar una señal clara en términos de política exterior y económica. Estados Unidos es definido como un socio estratégico prioritario, tanto en materia comercial como en inversiones vinculadas a minerales críticos como el litio y el cobre. El acuerdo también incluye compromisos para facilitar proyectos bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones y para impulsar infraestructura asociada al desarrollo minero.

El entendimiento contempla además una mayor cooperación en investigaciones antidumping y compensatorias, con resguardos específicos para la información comercial sensible. Desde el Ejecutivo subrayan que se trata de un acuerdo de alcance federal, con impacto potencial en las veinticuatro provincias y en diversos sectores productivos.

Mientras se definen los tiempos políticos, el acuerdo con Estados Unidos se perfila como uno de los ejes centrales del debate legislativo de 2026. Su tratamiento en sesiones ordinarias aparece, por ahora, como el escenario más probable para una discusión que el Gobierno considera estratégica para su modelo de inserción internacional.