Ian Moche pidió al Congreso que evalúe sanciones contra la diputada Lilia Lemoine

• Ian Moche solicitó evaluar sanciones contra Lilia Lemoine por declaraciones consideradas discriminatorias
• La presentación fue realizada ante la Cámara de Diputados con patrocinio legal
• El reclamo invoca la figura de inhabilidad moral prevista en el reglamento
• Organizaciones de discapacidad repudiaron los dichos de la legisladora
• El caso se inscribe en una escalada previa de hostigamiento público
• Diputados deberá definir si corresponde aplicar sanciones disciplinarias

Un nuevo episodio de fuerte tensión política y social llegó a la Cámara de Diputados a partir de una presentación formal que solicita evaluar la conducta de la diputada nacional Lilia Lemoine. El planteo fue impulsado por Ian Moche, niño activista reconocido por su trabajo en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, quien la acusa de haber incurrido en inhabilidad moral a raíz de declaraciones públicas consideradas discriminatorias y ofensivas.

La solicitud ingresó por vía institucional y cuenta con el patrocinio del abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien confirmó el trámite ante la Cámara baja y subrayó que ahora serán los legisladores quienes deberán pronunciarse sobre la eventual aplicación de sanciones disciplinarias, incluida la posibilidad de expulsión. El pedido abre un debate delicado sobre los límites del discurso político, la protección de derechos fundamentales y la responsabilidad ética de quienes ejercen cargos públicos.

El origen del reclamo se remonta a expresiones realizadas por Lemoine, integrante del bloque de La Libertad Avanza, quien se refirió a Ian Moche afirmando que “actúa como autista” y cuestionó la salud mental de su madre, Marlene Spesso. Esos dichos generaron un inmediato repudio por parte de organizaciones vinculadas a la discapacidad, especialistas en derechos humanos y referentes sociales, que los calificaron como estigmatizantes, discriminatorios y contrarios a los principios de inclusión.

En el escrito presentado ante Diputados, la defensa sostiene que las manifestaciones de la legisladora vulneran derechos constitucionales, lesionan la dignidad del niño y resultan incompatibles con la conducta exigible a una representante del pueblo. El planteo se apoya en el concepto de “inhabilidad moral”, una figura prevista en el reglamento de la Cámara, que habilita la aplicación de sanciones cuando la conducta de un legislador es considerada incompatible con el ejercicio de la función.

El conflicto no surge en un vacío. Ian Moche ya había sido objeto de cuestionamientos desde sectores del oficialismo, incluida una controversia previa en la que el presidente Javier Milei replicó mensajes que vinculaban al niño con una supuesta maniobra partidaria. Aquella situación derivó en denuncias públicas de hostigamiento y violencia simbólica por parte de la familia, que advirtió sobre el impacto de ese tipo de discursos en un menor de edad con discapacidad.

Las declaraciones de Lemoine profundizaron ese escenario. Al afirmar que una madre puede “lucrar con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios”, la diputada reavivó la discusión sobre los límites éticos del debate político y la obligación del Estado de garantizar una protección reforzada a niños, niñas y adolescentes, especialmente cuando se trata de colectivos históricamente vulnerados.

Desde distintos espacios se remarcó que el reclamo de Ian Moche se inscribe en una demanda más amplia por el sostenimiento de políticas públicas de discapacidad, en un contexto de recortes presupuestarios y ajustes que afectan prestaciones esenciales. La controversia, así, trasciende el plano individual y se proyecta como un caso testigo sobre el trato institucional hacia las personas con discapacidad y sus representantes.

Ahora, la Cámara de Diputados deberá analizar la presentación y definir los pasos a seguir. El desenlace no solo tendrá impacto sobre la situación de Lilia Lemoine, sino que también sentará un precedente sobre cómo el Congreso aborda las denuncias por discursos discriminatorios y el alcance de la responsabilidad política en el ejercicio de la función legislativa.