El Gobierno despliega presión federal para asegurar el respaldo al acuerdo con Estados Unidos

• El Gobierno impulsa el acuerdo con EE.UU. como eje central de su estrategia política
• La Casa Rosada apunta directamente a los gobernadores para sumar apoyos legislativos
• El sector ganadero y la provincia de Buenos Aires ocupan un lugar destacado en el discurso
• Economías regionales y sectores productivos son usados como factor de presión indirecta
• El acuerdo combina disposiciones de aplicación inmediata y otras que requieren aval del Congreso
• El oficialismo busca condicionar el debate parlamentario antes de su tratamiento formal

El acuerdo comercial entre la Argentina y los Estados Unidos ya se convirtió en una pieza central de la estrategia política del gobierno de Javier Milei. Más allá de los aspectos técnicos del entendimiento bilateral, la Casa Rosada activó una ofensiva dirigida a los gobernadores con un objetivo claro: construir los apoyos necesarios en el Congreso a partir de los beneficios concretos que el pacto promete para las economías provinciales.

La hoja de ruta quedó expuesta tras la conferencia de prensa encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el canciller Pablo Quirno, en la que se detallaron los alcances del acuerdo y se celebró el fortalecimiento de la relación con la principal potencia económica del mundo. En ese marco, el Gobierno subrayó que el entendimiento deberá ser ratificado por el Congreso, pero puso el foco en otro plano: el impacto productivo y comercial que tendría su implementación en todo el país.

El discurso oficial apuntó deliberadamente a los gobernadores, verdaderos articuladores del poder legislativo en un Parlamento fragmentado. Con una enumeración minuciosa de sectores y regiones beneficiadas, el Ejecutivo buscó instalar un mensaje político de alto voltaje: acompañar el acuerdo implicaría abrir oportunidades de crecimiento para cada provincia; rechazarlo, quedar expuesto frente a los intereses económicos locales.

Uno de los capítulos más relevantes es el ganadero. El incremento de la cuota de exportación de carne bovina al mercado estadounidense —que pasará de 20.000 a 100.000 toneladas— fue presentado como un salto cualitativo para la Argentina. La mención específica de la provincia de Buenos Aires no solo respondió a su peso productivo, sino que también tuvo una lectura política inevitable, en medio de la tensa relación entre la Casa Rosada y el gobernador Axel Kicillof.

La misma lógica se extendió al resto del mapa productivo. Provincias del noreste como Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes y Entre Ríos fueron señaladas como beneficiarias directas de la apertura para productos forestales y de floricultura. Córdoba y Santa Fe aparecieron vinculadas a la posibilidad de exportar medicamentos e insumos médicos, un rubro de alto valor agregado que el Gobierno busca potenciar. En tanto, el sector minero fue destacado como otro de los grandes ganadores, con impacto en distritos como Santa Cruz, San Juan, Mendoza, Jujuy, Salta y Catamarca.

Lejos de ser una simple descripción técnica, la enumeración funcionó como un mecanismo de presión indirecta. La exposición pública de los beneficios proyectados apunta a generar un efecto dominó: que las empresas, los sectores productivos y las cámaras empresarias de cada provincia trasladen su expectativa a los gobernadores y legisladores nacionales.

En este escenario, el oficialismo apuesta a condicionar el margen de maniobra de mandatarios provinciales que suelen adoptar posiciones fluctuantes frente a las iniciativas del Poder Ejecutivo. Algunos, como los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, se mueven entre el respaldo selectivo y la cautela política; otros, como los de Salta, Santa Cruz o Catamarca, negocian cada proyecto en función de intereses concretos. El acuerdo con Estados Unidos aparece, así, como una herramienta para reordenar esas negociaciones.

Desde el punto de vista institucional, el canciller Quirno introdujo un elemento adicional al explicar que el acuerdo combina disposiciones de aplicación inmediata con otras que requieren aprobación legislativa, en particular las vinculadas a tratados internacionales de propiedad intelectual. Esa diferenciación refuerza la centralidad del Congreso, pero también muestra que el Ejecutivo pretende avanzar con parte de la agenda sin dilaciones.

Mientras tanto, el Gobierno presenta el entendimiento como una señal de rumbo económico y de inserción internacional. En el relato oficial, el acuerdo no solo amplía mercados y promueve exportaciones, sino que también consolida una visión de país alineada con el libre comercio y el capitalismo, en contraste con modelos más cerrados que, según el diagnóstico libertario, marcaron el pasado reciente.

Con esta combinación de épica económica y cálculo político, la Casa Rosada busca llegar al debate parlamentario con un escenario previamente condicionado. La presión federal ya está en marcha y el mensaje es inequívoco: el acuerdo con Estados Unidos será también una prueba de alineamiento político para gobernadores y legisladores.