Ofensiva legislativa y resistencia opositora en medio del avance oficial

• El oficialismo impulsa una agenda legislativa acelerada para exhibir fortaleza política.
• La oposición reconoce dificultades para frenar los proyectos y apuesta a modificaciones puntuales.
• La reforma laboral concentra el mayor nivel de controversia parlamentaria.
• El Fondo de Asistencia Laboral genera preocupación por su impacto previsional.
• Bloques provinciales y aliados muestran divisiones que pueden inclinar la votación.
• El clima social moderado reduce la presión externa sobre el debate legislativo.

El gobierno de Javier Milei atraviesa una etapa de fuerte impulso político y busca capitalizar ese momento con una agenda legislativa acelerada. En pocos días logró avances clave en el Congreso: la media sanción de la reforma laboral en el Senado, el tratamiento de cambios en materia penal y la ratificación de acuerdos internacionales. La Casa Rosada aspira a que el Presidente inaugure el período ordinario el 1 de marzo con ese paquete aprobado, como señal de consolidación política y capacidad de gestión.

La dinámica parlamentaria refleja un oficialismo que consiguió articular acuerdos con bloques aliados y sectores dialoguistas. El resultado fue la aprobación de iniciativas sensibles, entre ellas el entendimiento comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, además de reformas de alto impacto interno. Este escenario dejó a la oposición en una posición defensiva: distintos referentes admiten que hoy no cuentan con los votos suficientes para frenar la avanzada libertaria.

Puertas adentro del Congreso, legisladores opositores reconocen que el Gobierno aprovecha el envión político derivado de sus recientes triunfos para acelerar decisiones estructurales. Sin embargo, el foco de resistencia se concentra en artículos específicos, especialmente dentro de la reforma laboral. Allí se proyecta una estrategia orientada a introducir modificaciones que obliguen a una nueva revisión en el Senado, ganando tiempo y visibilidad política.

Uno de los puntos más controvertidos es la reformulación del régimen de licencias por accidentes y enfermedades. El texto redefine porcentajes salariales y plazos según el origen del evento y la situación familiar del trabajador. Para sectores críticos, estos cambios implican una reducción de cobertura que podría alterar el equilibrio entre protección laboral y costos empresariales.

Otro eje de debate gira en torno al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), mecanismo pensado para facilitar el pago de indemnizaciones empresarias. El cuestionamiento principal apunta al financiamiento: los aportes que nutrirían el fondo hoy se destinan al sistema previsional administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social, dentro del Sistema Integrado Previsional Argentino. Legisladores críticos advierten que este redireccionamiento podría impactar en la sustentabilidad de las jubilaciones.

Las objeciones no provienen únicamente del peronismo y la izquierda. También hay reparos en bloques provinciales y dialoguistas. La senadora Alejandra Vigo ya marcó distancia respecto de algunos artículos, postura que coincide con sectores que cuestionan el FAL y la modificación de estatutos laborales específicos. En la misma línea se pronunciaron el radical Maximiliano Abad y Flavia Royón, evidenciando fisuras dentro del universo aliado.

La incidencia de los gobernadores también aparece como un factor relevante. El salteño Gustavo Sáenz mantiene influencia sobre legisladores clave, en un contexto donde las provincias observan con atención cualquier modificación que afecte recursos previsionales.

Mientras tanto, el oficialismo acelera los tiempos parlamentarios. La intención es dictaminar rápidamente y llevar el proyecto al recinto antes del inicio de sesiones ordinarias. La presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, transmitió confianza en reunir los votos necesarios para sostener el texto original ante eventuales cambios.

En paralelo, el clima social aparece como un condicionante. La Confederación General del Trabajo mostró dificultades para articular protestas de gran escala, lo que reduce la presión externa sobre el Congreso. Incluso consultas realizadas por el portal Infobae reflejan divisiones internas en bloques que serán decisivos en la votación final.

El resultado es un tablero legislativo en plena tensión: un Gobierno que busca exhibir fortaleza institucional y una oposición que intenta reordenarse frente a un oficialismo que, por ahora, marca el ritmo de la agenda.