


Giro táctico en el Congreso: el oficialismo respalda proyectos por morosidad y discapacidad, buscando frenar el costo político
POLÍTICA Marian SANZOTTI
En una maniobra parlamentaria para neutralizar un virtual revés en el recinto, La Libertad Avanza decidió acompañar el pedido de la oposición para fijar el cronograma de debate de los proyectos de morosidad y emergencia en discapacidad. Cuando el bloque peronista y sus aliados de bancadas provinciales ya habían alcanzado el quórum necesario para forzar la medida, la bancada oficialista votó de manera unánime a favor del emplazamiento. Esta decisión le permitió al Ejecutivo evitar una imagen de derrota legislativa y ganar margen de negociación con vistas a la firma de dictámenes prevista para finales de septiembre.
La decisión contó además con la adhesión de bloques afines al Gobierno nacional, entre ellos Provincias Unidas, Argentina Federal e Independencia, quienes sostuvieron el quórum y respaldaron la necesidad de abordar mecanismos de alivio para los deudores y extender la protección a sectores vulnerables. Sin embargo, la discusión interna respecto a la morosidad expone divisiones entre los legisladores, dado que coexisten múltiples propuestas sin un dictamen unificado. Ante este escenario, diversas provincias promueven programas locales de desendeudamiento sin costo fiscal, sugiriendo que la Nación replique esquemas de consolidación de pasivos mediante la banca pública a tasas moderadas.
Desde la Casa Rosada observan con cautela la evolución de la discusión en las comisiones técnicas y analizan herramientas alternativas de intervención que no comprometan las metas del equilibrio fiscal. En ese sentido, el Ejecutivo evalúa instruir al Banco Central para modificar la regulación sobre el Costo Financiero Total (CFT), con el objetivo de transparentar los cargos administrativos e intereses que enfrentan los tomadores de crédito. Esta medida buscaría desincentivar el sobreendeudamiento de las familias mediante un mayor control informativo en las operaciones con tarjeta de crédito y préstamos personales.
La estrategia oficial apuesta a ganar tiempo mientras se desarrollan las negociaciones con los gobernadores del norte y los referentes de la oposición dialoguista. Al aceptar la aceleración de los plazos parlamentarios, el Gobierno intentará unificar sus propios proyectos en las comisiones y moderar el impacto presupuestario de las iniciativas impulsadas por la oposición. El desenlace del debate dependerá de la capacidad del oficialismo para articular una propuesta técnica sostenible que contenga el malhumor social por las deudas sin alterar el programa económico de la administración libertaria.








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