De ser avalada como jueza a enfrentar la destitución: las dudas detrás del caso Tomasso

Resumen: cinco claves de un escándalo judicial

• De jueza a acusada: Shirli Tomasso había obtenido el aval legislativo para convertirse en jueza penal de Rafaela. Ahora enfrenta un proceso que podría terminar con su carrera judicial.

• 37 expedientes bajo la lupa: la investigación disciplinaria cuestiona su desempeño en 37 causas, mientras que la fiscal asegura tener más de 11.000 investigaciones a su cargo.

• Una denuncia explosiva: Tomasso denunció a su superior, el fiscal regional Carlos María Vottero, por presunto hostigamiento, violencia laboral y discriminación de género.

• Una coincidencia temporal inquietante: poco más de un mes después de aquella denuncia, Vottero presentó la acusación por supuesto mal desempeño contra la fiscal.

• La Legislatura tiene la última palabra: se analiza una eventual destitución y una inhabilitación de diez años. También sigue pendiente el decreto para concretar su designación como jueza.

Una historia que incomoda al sistema judicial

El caso de Shirli Tomasso, fiscal de Tostado, se convirtió en uno de los expedientes más controvertidos dentro de la estructura judicial santafesina. No solamente por la gravedad de las acusaciones que pesan sobre ella, sino especialmente por una circunstancia que genera fuertes interrogantes institucionales: hace pocos meses había sido considerada apta para convertirse en jueza penal de Rafaela y había conseguido el correspondiente acuerdo de la Asamblea Legislativa.

Hoy, esa misma funcionaria está frente a un procedimiento que podría significar su destitución y una inhabilitación de diez años para volver a desempeñarse en el Ministerio Público de la Acusación.

La Comisión de Acuerdos analiza 37 investigaciones penales en las que se le atribuye un presunto desempeño irregular. Sin embargo, Tomasso rechaza las imputaciones y sostiene que se está evaluando su trabajo sin considerar las condiciones reales en las que desarrolla sus funciones.

La fiscal afirma que tiene bajo su responsabilidad más de 11.000 expedientes y que buena parte de las demoras cuestionadas responden a problemas estructurales, falta de personal y expedientes que incluso pertenecían a gestiones anteriores.

La pregunta es inevitable: ¿cómo se explica que una funcionaria considerada suficientemente capacitada para ocupar un juzgado penal termine, poco tiempo después, enfrentando una posible destitución?

37 causas y una fiscalía desbordada

El núcleo de la acusación está concentrado en 37 expedientes. Tomasso sostiene que aproximadamente 15 de ellos corresponden a períodos anteriores a su incorporación al Ministerio Público de la Acusación, que se produjo el 9 de octubre de 2019.

Según su explicación, esas investigaciones fueron trasladadas informáticamente a su nombre, pero eso no significó necesariamente que hubiera recibido los expedientes para continuar materialmente con su tramitación.

Respecto de las restantes causas, asegura que hubo intervenciones y que algunas estaban en condiciones de ser archivadas o desestimadas por falta de pruebas o porque los hechos denunciados no constituían delitos.

También cuestionó que se utilicen determinados expedientes para fundamentar el mal desempeño, mencionando, entre otros antecedentes, el homicidio de Chiche Cejas, que —según su exposición— fue esclarecido en apenas cuatro días y permitió avanzar con personas bajo prisión preventiva.

Uno de los argumentos más fuertes de su defensa es la dimensión del trabajo que tiene asignado.

«Yo sola, la fiscal Tomasso de Tostado, tengo 11.000 causas a cargo».

La situación de esa jurisdicción tiene características particulares. Sus fiscales deben atender prácticamente todas las modalidades delictivas, desde contravenciones y delitos patrimoniales hasta homicidios, abusos sexuales, microtráfico y causas vinculadas con menores.

A esto se agregan dificultades para realizar pericias, falta de infraestructura especializada, traslados de víctimas y demoras para conseguir turnos en estudios forenses.

La discusión, por lo tanto, no debería limitarse a determinar si existieron demoras. También corresponde establecer si esas demoras fueron responsabilidad exclusiva de la fiscal o si tienen relación con las limitaciones operativas de la estructura judicial.

De una denuncia por hostigamiento a un pedido de destitución

Pero el expediente tiene un componente todavía más delicado. Tomasso afirma que desde hace meses atraviesa una situación de persecución y violencia laboral por parte de su superior, el fiscal regional Carlos María Vottero.

El 2 de febrero de 2026 presentó una denuncia ante la Fiscalía General en la que describió presuntas situaciones de violencia psicológica, hostigamiento y discriminación por razones de género.

La presentación, de siete páginas, habría incluido pruebas y ofrecimientos de testimonios. Sin embargo, según denunció Tomasso, terminó archivada sin que fueran convocadas las personas que había propuesto para respaldar sus afirmaciones.

La fiscal cuestionó tanto el procedimiento como los fundamentos de esa decisión y reclamó que se analizara el caso con perspectiva de género.

El dato que agrega todavía más tensión a la historia es lo que ocurrió después: el 10 de marzo, poco más de un mes después de aquella presentación, Vottero impulsó una denuncia por presunto mal desempeño contra Tomasso.

La funcionaria considera que existe una relación entre ambos acontecimientos y que el procedimiento disciplinario podría constituir una represalia por haber denunciado a su superior.

Una denuncia por presunto hostigamiento que termina archivada y, poco más de un mes después, una acusación de mal desempeño que puede terminar con la carrera de quien denunció. La secuencia merece una explicación institucional.

Naturalmente, la proximidad entre las dos presentaciones no demuestra por sí sola que haya existido una represalia. Pero constituye un antecedente que los legisladores no deberían pasar por alto al evaluar el expediente.

El nombramiento en Rafaela que nunca terminó de concretarse

Otro capítulo de esta historia es la designación de Tomasso como jueza penal de Rafaela.

La fiscal había atravesado el concurso correspondiente y conseguido el acuerdo de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, el decreto del Poder Ejecutivo que debía formalizar su nombramiento todavía no había sido firmado.

En su exposición también hizo referencia al senador del departamento 9 de Julio, Raúl Gramajo, a quien atribuyó declaraciones públicas relacionadas con la intención de solicitar que no se concretaran las designaciones de fiscales de Tostado hasta que estuvieran garantizados sus reemplazos.

La situación abre otro interrogante: ¿qué ocurrió con una designación que ya había superado una instancia institucional tan importante como el acuerdo legislativo?

Tomasso también recordó que había recibido evaluaciones profesionales favorables y que había sido convocada para intervenir en investigaciones de relevancia, incluso fuera de su jurisdicción.

Entre ellas mencionó una causa por una violación grupal en Pilar, en la que fue requerida para hacerse cargo de la investigación.

El mismo sistema que había considerado que Tomasso reunía las condiciones para administrar justicia desde un juzgado penal ahora debe resolver si su conducta merece la máxima sanción disciplinaria.

La contradicción institucional es evidente y exige explicaciones. No significa que el acuerdo legislativo la coloque por encima de cualquier investigación ni que impida evaluar su desempeño. Pero sí obliga a comprender qué elementos aparecieron para que la valoración sobre su idoneidad cambiara de manera tan drástica.

Pullaro, la Justicia y una prueba para las instituciones

El caso llega en un momento particularmente sensible para Santa Fe. La administración de Maximiliano Pullaro impulsa cambios en materia de seguridad y justicia, con mayores exigencias sobre el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación y el desempeño de sus funcionarios.

En ese contexto, el expediente Tomasso pone sobre la mesa una discusión que excede largamente a una fiscal de Tostado.

Si hubo negligencia, incumplimientos o abandono de investigaciones, corresponde determinarlo y aplicar las sanciones que establece la ley. Ningún funcionario judicial puede quedar exento de rendir cuentas por su actuación.

Pero tampoco puede permitirse que los mecanismos disciplinarios se conviertan en instrumentos de presión dentro de una estructura jerárquica.

La Legislatura tiene por delante una responsabilidad importante: analizar las pruebas, escuchar a todas las partes y determinar si las acusaciones tienen entidad suficiente para justificar una destitución y una inhabilitación de diez años.

No alcanza con contar expedientes demorados. Hay que establecer quién era responsable de cada investigación, qué recursos tenía disponibles y cuáles fueron las razones concretas de cada demora.

El descargo de Tomasso, que se extendió durante aproximadamente una hora y media, dejó planteados todos estos cuestionamientos.

Ahora la decisión está en manos de los legisladores.

Y hay una última pregunta que no puede quedar sin respuesta: ¿estamos frente a una fiscal que incumplió gravemente sus obligaciones o ante un conflicto interno del Ministerio Público de la Acusación que terminó convirtiéndose en una batalla por su continuidad profesional?

La diferencia es enorme. Porque si existió mal desempeño, debe haber sanciones. Pero si existió persecución, también debe haber responsables.

La Justicia santafesina no puede permitirse que una duda de esta magnitud quede sin esclarecer. Y mucho menos cuando está en juego la credibilidad de las instituciones que tienen precisamente la obligación de garantizar justicia.