Último año del peor presidente de la democracia

Resulta propicio entender como la crisis argentina se agrava y aún el Sillón de Rivadavia sigue siendo el asiento del presidente Alberto Fernández. Nadie logra entender como el jefe de Estado con mayor imagen negativa de la historia, aún mantiene la banda presidencial.

Por mucho menos, Mauricio Macri fue casi linchado en una plaza pública y ni siquiera puede volver a postularse para poder retornar a la Casa Rosada. El líder de Propuesta Republicana (PRO) tan solo critica desde los rincones y nada más.

El caso de Fernández es sumamente increíble por no tener nada de autoridad, y ser genuflexo a Cristina Fernández de Kirchner. Sin ir más lejos, Argentina se encuentra sometida a un sistema vicepresidencialista. Único lugar en el mundo, en dónde manda marinero estando el capitán.

El caso de Illia

Hacia junio de 1966, el comodoro retirado Juan José Güiraldes, director de la revista Confirmado y sobrino de Ricardo Güiraldes, decía: "Si para salvar la Constitución, un nuevo Gobierno debe negarla de inmediato, habrá que optar". Era la confirmación de que el golpe estaba en marcha, tanto que finalizaba su nota advirtiendo: "Creo que sólo un milagro salva a esta gestión".

Sólo tres años atrás, el 7 de julio de 1963, Arturo Illia había sido electo Presidente de la Nación. El contexto de debilidad del sistema institucional quedaba al descubierto con la humorada popular, que se jactaba de que el país contaba con tres mandatarios: el mencionado elegido, Guido como interino y Arturo Frondizi (depuesto en 1962), el constitucional.

Las elecciones de 1963 marcaban también la debilidad del sistema partidario: una atomización de fuerzas había dado apenas un 25 por ciento de los votos para la fórmula ganadora.

El Gobierno de Illia, "custodiado" por las Fuerzas Armadas, tuvo un rumbo errático, imposibilitado (por su debilidad intrínseca) de consolidar siquiera aquellas medidas que congeniaban con el anhelo popular, como la anulación de los contratos petroleros, la ley de medicamentos y cierta inicial reactivación económica.

Un contexto político y social en creciente ebullición caracterizado por el fenomenal Plan de Lucha de la CGT, la aparición de la guerrilla guevarista en Salta, el crecimiento electoral de las fuerzas peronistas en 1965 y su posible triunfo en 1967 y el enojo de militares con una política exterior que, por caso, los subordinaba a la comandancia brasilera en la intervención de Santo Domingo, contribuyó a crear un clima adverso para el gobierno y alimentaba las imágenes públicas que identificaban la gestión de Illia con la lentitud, la inoperancia y el anacronismo.

Así, cuando a partir de un primer año positivo, la situación económica comenzó a desbarrancar y se presentaron hacia 1966 los signos de una franca recesión, las críticas comenzaron a arreciar y (salvo algunos sectores radicales, otros pequeños partidos y buena parte de los medios universitarios), una mayoría popular y la casi totalidad de las organizaciones sociales creían necesario un golpe.

Un nuevo derrocamiento del maltrecho orden constitucional estaba cantado, pero aun así, Illia estaba convencido de que aquello no era factible. La voluntad intentaba sobreponerse a la cruda realidad.

El 28 de junio de 1966, el Gobierno de Illia cayó (según se ha dicho) como una fruta madura. El general Julio Alsogaray, de grandes contactos con la diplomacia norteamericana, desalojó personalmente al Presidente de la Casa Rosada, tras un tenso careo en los despachos.

Apenas alguna manifestación en Córdoba intentó detener lo inminente. Illia no era el hombre fuerte que buscaban los sectores del poder, alguien que pudiera encarar una profunda transformación. Detrás suyo había emergido el general Juan Carlos Onganía.

Semanas después del golpe, desde la revista Extra, el periodista Mariano Grondona alegaba: "Detrás de Onganía queda la nada. Hace rato que probó su eficiencia. La de su autoridad. La del mando. Si organizó el Ejército, ¿por qué no puede encauzar el país? Puede y debe. Lo hará". Tres años más tarde, también saldría eyectado de la Casa Rosada.

La cara de la incompetencia

En el Ministerio de Economía fue designado el ex gerente de Finanzas Públicas del Banco Central de el Proceso de Reorganización Nacional, José Luis Machinea, cuya política estuvo centrada en la reducción del déficit fiscal, llegando a rebajar por decreto un 13 por ciento los haberes jubilatorios y los sueldos de los trabajadores estatales que cobraran más de 500 pesos.

En julio de 2000 el juez federal Jorge Ballesteros dictó la sentencia en la causa iniciada por Alejandro Olmos contra los responsables del incremento fraudulento de la deuda externa argentina.

En su dictamen, el juez, que detectó más de 470 ilícitos en los actos de endeudamiento, dice textualmente: la deuda se contrajo mediante una "política-económica vulgar y agraviante que puso de rodillas al país desconociéndose el destino de los fondos y que esos actos configuran los delitos de violación de los deberes de funcionario público, malversación de fondos y administración fraudulenta".

El Gobierno de Fernando de la Rúa, contra sus promesas electorales, optó por profundizar el modelo corporativista, retomando los aspectos que su predecesor había dejado inconclusos.

En consonancia con lo pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Presidente envió al parlamento la Ley de Reforma Laboral, que terminaba con los últimos resquicios de la legislación protectora de los derechos del trabajador argentino.

Su tratamiento en la Cámara de Senadores fue escandaloso y se denunciaron coimas para "aceitar" su aprobación. El escándalo involucró al ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, al amigo del Presidente y director de la SIDE, Fernando de Santibáñez, y a numerosos legisladores peronistas y radicales.

Flamarique, lejos de ser sancionado, fue premiado con un ascenso, transformándose en el secretario general de la presidencia. El vicepresidente Carlos "Chacho" Álvarez se unió a los denunciantes del escándalo pero ante la evidente complicidad del ejecutivo en la maniobra, el 6 de octubre del año 2000 presentó su renuncia indeclinable.

La imagen de un Presidente irresoluto, débil, despreocupado, que se desentendía del hambre y la miseria de su pueblo y que sólo tenía oídos para los factores de poder y para su círculo íntimo, casi familiar, dominado por hijos, hermanos y amigos, que anteponían sus intereses personales a los de la Nación, comenzó a preocupar a la opinión pública.

El 18 de diciembre del año 2000 el ministro de Economía, José Luis Machinea, anunció que el Gobierno había conseguido una ayuda financiera del FMI y de otros organismos internacionales por un total de 39.700 millones de dólares a la que llamó "blindaje".

Ante el fracaso de la gestión de Machinea, el Gobierno de la Alianza, decidió insistir con las recetas ortodoxas y le encargó a Ricardo López Murphy un severo plan de ajuste que despertó una ola de protestas en todo el país y provocó la renuncia del ministro del Interior, Federico Storani, y de la vicejefa de Gabinete, Graciela Fernández Meijide.

El 20 de marzo, De la Rúa reemplazó a López Murphy por Domingo Cavallo, quien asumía, según se decía, con un plan reactivador e industrialista. Las encuestas de la época le daban al ministro un 70 por ciento de popularidad.

El 7 de junio el juez Jorge Urso dictó la prisión del ex presidente Carlos Menem por asociación ilícita en el caso de la venta de armas a Ecuador y Croacia. Debido a su edad, este cumplió arresto domiciliario en la quinta de su amigo Armando Gostañian. Pocos meses después recuperó su libertad.

El ministro Cavallo pidió y obtuvo del Congreso de la Nación Argentina poderes especiales para aprobar los sucesivos decretos de política económica que, se suponía, debían dar un giro al rumbo del país y que, sin embargo eran más de lo mismo y no lograron alejar el fantasma de la cesación de pagos. El presidente De la Rúa, de una evidente incapacidad, delegó también en Cavallo las grandes decisiones de Gobierno.

El 10 de julio el ministro anunció que llevaría a cero el déficit fiscal mediante recortes en el gasto público que incluían una rebaja del 13 por ciento en los haberes jubilatorios y los sueldos de los empleados estatales que cobrasen más de 500 pesos. Cavallo les pidió a los argentinos que confiaran en el peso y que no retiren sus depósitos. El riesgo país pasa los 1300 puntos básicos.

Los grandes grupos económicos, los bancos privados nacionales y extranjeros y los particulares, dueños de cuantiosas fortunas, comenzaron a fugar miles de millones de dólares a sus cuentas en el exterior. En el sistema bancario se aceleró la pérdida de liquidez.

Con la excusa de frenar la escandalosa fuga de capitales que ya se había completado meses antes, el 30 de noviembre el Gobierno intervino para salvar a los bancos congelando todos las cuentas corrientes, las cajas de ahorro y los depósitos a plazo fijo, impidiendo que los ahorristas recuperaran su dinero y permitiendo un retiro de sólo 250 pesos por semana.

La medida afectó particularmente a los pequeños y medianos ahorristas y a los trabajadores que, gracias a la bancarización compulsiva impuesta por el gobierno, no pudieron retirar el importe de sus sueldos.

La falta de dinero afectó también seriamente a los cuentapropistas y a los sectores más desprotegidos de la sociedad que vivían de trabajos diarios, o de la venta de desechos y cartones pero que se encontraban ahora con que sus compradores no disponían de efectivo para afrontar los pagos.

La situación se tornó explosiva y estalló el 19 de diciembre cuando miles de desocupados de todo el país se lanzaron sobre los supermercados en busca de alimentos. En algunos distritos del gran Buenos Aires, se hicieron fuertes los rumores de que el gobierno provincial fomentó los saqueos ordenando la no intervención policial como una manera de precipitar la caída de De la Rúa.

Al caer la tarde, el Presidente, aconsejado por su asesor permanente, su hijo Antonio de la Rúa, decidió decretar el Estado de Sitio en todo el país. La reacción popular no se hizo esperar. Miles de personas comenzaron a salir a las calles de las principales ciudades haciendo sonar sus cacerolas.

En Buenos Aires se dirigieron a la Plaza de Mayo pidiendo la renuncia del ministro Cavallo. Cuando la concentración colmó la Plaza, cumpliendo órdenes del presidente, el ministro del Interior, Ramón Mestre, ordenó a la policía federal reprimir a la multitud con gases lacrimógenos. Sectores importantes se dispersaron para volver a reunirse frente al Congreso nacional donde también los alcanzó la feroz represión policial que se cobró las primeras víctimas de la rebelión contra un gobierno completamente deslegitimado por sus medidas antipopulares.

En las primeras horas del día 20 se anunció la renuncia del ministro Cavallo pero la gente que volvió a concentrarse en la Plaza de Mayo y en las principales plazas del país, exigió la renuncia del presidente De la Rúa.

El clima de tensión fue creciendo y De la Rúa ordenó despejar la Plaza de Mayo y la policía federal al mando del comisario Rubén Santos recurrió a todos los medios represivos disponibles, incluyendo a la caballería para cumplir la orden presidencial.

El Presidente se negaba a renunciar mientras crecía el número de muertos como producto del descontrolado accionar policial. La oposición peronista no aceptó la última propuesta del presidente de formar un gobierno de coalición.

Finalmente a las 19.52, tras presentar su renuncia, Fernando De la Rúa huía en el helicóptero presidencial, dejando tras de sí una Plaza de Mayo en llamas, 30 muertos, y a un país mucho más pobre e injusto que cuando asumió la Presidencia.

Ante todo lo referido, es imprescindible entender que AF podría ser una historia más, acerca de un jefe de Estado que no supo golpear la mesa o levantar la voz. Por lo tanto, que disfrute su estadía en su último año.

Con información de  Agencia Nova