Caso Spaggiari: El Doctor Sergio Alvira debe decidir si concede la libertad a los hermanos y a su madre

A partir de las 7.30 de la mañana de ayer, en la sala 3 de los tribunales penales de Rafaela, se llevó a cabo una audiencia de segunda instancia, concretamente la apelación de las medidas cautelares (prisión preventiva) que pesan sobre los principales imputados en la causa conocida como “Caso Spaggiari”, los hermanos Matías y Fernando S. -de 45 y 48 años respectivamente- y su madre Mirta C. –de 71 años- quien se encuentra detenida preventivamente con prisión domiciliaria.
Concretamente, es la apelación al fallo del juzgado de primera instancia, del juez de IPP Gustavo Bumaguín, quien el 28 de octubre de 2023, resolvió las prisiones preventivas aplicadas a algunos de los procesados.
La audiencia estuvo presidida por el juez de Cámara, Dr. Sergio Alvira; en representación de la Fiscalía Regional N° 5 el fiscal Guillermo Loyola.

La audiencia transitó pasajes dramáticos con llanto incluido de imputados y víctimas. Cuando hicieron uso de la palabra los imputados Matías y Fernando S., expusieron sobre la larga trayectoria de su empresa, enumerando los numerosos logros y dejando en claro que no existió ninguna asociación ilícita, sino una cesación de pagos producto de los vaivenes de la economía que los encontró un día con nula actividad comercial y allí empezaron los problemas. “El dinero [depositado por las víctimas] nunca fue usado para nuestra economía familiar”, dijo Fernando S.; en tanto que su hermano solicitó: “pido la libertad para poder trabajar y que podamos resolver el problema. Nosotros queremos honrar nuestras deudas [con nuestros ahorristas]”, aseguró Matías S.
Otro momento de suma emotividad fue cuando hicieron uso de la palabra algunas de las víctimas que “lo perdieron todo” dijeron, mencionando las consecuencias que les trajo no disponer libremente de su dinero: tratamientos psiquiátricos por pozos depresivos y ataques de pánico, no poder solventar urgentes necesidades de cirugías médicas a hijos o familiares, graves problemas en las economías domésticas, en el día a día sobre todo, y otras cuestiones similares.
Mientras los abogados de la Defensa, Cecilia Alamo y Juan Manuel Lovaiza ejercieron una férrea labor aludiendo a cuestiones técnicas que tienen que ver con no haberse dispuesto judicialmente una contracautela de los abogados querellantes, también cuestionaron la inhibición general de bienes de sus defendidos, afirmando Alamo que, “la medida cautelar no sólo es prematura sino que le falta proporcionalidad”, afirmó.

EXPRESIÓN DE AGRAVIOS
DE LA DEFENSA
En el punto más fuerte de su expresión de agravios, el Dr. José María Silvela dijo que, “pedimos la inmediata libertad y el cese de la medida de coerción real para nuestros defendidos y que se revoque la medida cautelar de prisión preventiva”, dijo. En este punto cabe aclarar que la inhibición de bienes para Mirta C. fue de $33.483.574 y para los hermanos imputados de $234.385.019.
El abogado también aludió a que, “no hay ni hubo asociación ilícita. Sí hubo una sociedad de responsabilidad limitada (SRL) registrada como Grupo Spaggiari SRL, siendo los hermanos únicos dueños y socios gerentes en partes iguales. Los demás coimputados eran empleados de la SRL todos con tareas plenamente lícitas”, dijo.
“Los hermanos Spaggiari -continuó Silvela- nunca tuvieron la voluntad de estafar a nadie, ¿pueden ser jefes de una asociación ilícita dejando registro de todo?”, se preguntó.
“La labor de la Fiscalía -prosiguió- se encuentra subjetivada y parcializada. ¿Una asociación ilícita podría firmar mutuos dinerarios y asumir obligaciones? Es voluntario y hay un contrato, entonces la respuesta es que no hay asociación ilícita”. “Que quede de manifiesto la buena fe de nuestros pupilos al momento de firmar. Cuando pagaban nadie los acusaba, pero dejaron de pagar y se convirtieron en delincuentes. El único fin de la Fiscalía es el encarcelamiento preventivo”, cerró el abogado.

FRASES DESTACADAS
Los hermanos Spaggiari fueron sus mejores defensores al momento de declarar voluntariamente. Según dijeron:
* "Nunca se destinó el dinero más allá de Rafaela y zona, porque el fin nuestro era enriquecer a nuestra economía local". "Seguramente cometimos errores, sí, no lo vamos a negar. Pero está muy lejos eso de querer planificar o estafar, de tener un plan", dijo Matías S.  
* "Mi hermano y yo estamos sujetos a derecho, permitiéndonos recuperar nuestra libertad, regresar a nuestros lugares [...] regresar a nuestro tan amado trabajo. Le garantizamos a usted y a la sociedad, que el dolor causado va a ser reparado, cumpliendo con todas nuestras obligaciones. Nuevamente, mi hermano y yo expresamos, desde lo más profundo, nuestras sinceras disculpas".
* "Nunca existió en nuestras tres empresas una fachada, una pantalla para inducir a engaños, a mentiras, a personas o entes. Solo ha existido mucha vida, mucho trabajo, mucha pasión, y mucha entrega".
* "En el año 2022, QS Open SRL, GS Block SRL y Grupo Spaggiari SRL tuvieron fuertes caídas en su producción y en su venta, caídas fuertes en sus rendimientos. Las empresas no estuvieron ajenas a la mala situación económica del país, inflación y devaluación de nuestra moneda nacional. Todos estos factores contribuyeron a una situación extraordinaria [...] sumado a un problema interno en nuestra administración con nuestro dinero. Esto agudizó y profundizó nuestra crisis, nos dejó en una situación desesperante", cerró Fernando S.

FISCALÍA
En cuanto a la intervención del fiscal Guillermo Loyola y los querellantes, además de replicar por extenso cada uno de los argumentos de la Defensa, giró siempre en cuanto a un solo concepto expresado por el fiscal Loyola dos veces, al decir que, “pido que se ratifique el fallo de primera instancia del juez Gustavo Bumaguín. Es correcta su decisión del 28 de octubre pasado”. Y agregó: “Lo que se pretende con la inhibición general de bienes es asegurar esos bienes para su decomiso en un momento futuro [de ser necesario]”, dijo.

Con información de La Opinión