Primera reacción contra la medida de Mariano Cúneo Libarona: el procurador le pide que dé marcha atrás

El procurador General de la Nación Eduardo Casal le pidió al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona que prorrogue la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal Federal que el funcionario fijó para el próximo lunes en el ámbito de la Cámara Federal de Rosario argumentando "clamor social" y el pico de violencia de las últimas semanas.

Casal, que es la cabeza del Ministerio Público Fiscal, es el primero de los actores de la Justicia federal que sale al cruce de la sorpresiva e intempestiva decisión de Cúneo Libarona. Por el momento no se pronunciaron ni la Ministerio Público de la Defensa, ni los magistrados, aunque no se descarta que lo hagan en las próximas horas.
 
La resolución es considerada una improvisación total en el Poder Judicial. El cambio de raíz que supone empezar a trabajar con el sistema acusatorio, oral y público en reemplazo del vigente hasta ahora, se conoció este jueves a la mañana para que entre en vigencia el lunes a la hora cero.

Jueces, fiscales y defensores no habían sido siquiera consultados de que la medida se preparaba. Todos se enteraron este jueves a la mañana, es decir cuatro días antes, de los cuales sólo dos son hábiles.
En una nota de tres páginas membretada, Ricardo Casal pide prorrogar la puesta en marcha a un "tiempo prudencial para lograr la coordinación de un trabajo mancomunado con el Poder Judicial de la Nación, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio de Seguridad de la Nación".

Recuerda que ni siquiera "existe la Oficina Judicial, órgano central en este sistema, que debe determinar el cronograma de las distintas audiencias que genera la nueva forma de litigación. La interoperabilidad tiene que tener una resolución adecuada para evitar que el trámite de los casos concluya en vacíos y omisiones prácticas. Al respecto, cabe recordar que, según lo dispone el artículo 9 del CPPF, los jueces no pueden resolver las cuestiones administrativas por estricto mandato legal cuyo apartamiento no es posible".

El procurador se toma de uno de los fundamentos de la resolución del ministro de Justicia, que es la situación de violencia que vive la región de Rosario: "Dada la situación de público conocimiento, se impone conformar un esquema de seguridad acorde a la nueva forma de actuación tanto para las dependencias como para los magistrados, funcionarios, empleados y público en general, tanto en las cabeceras como en las sedes descentralizadas".

Cabe recordar que la jurisdicción de la Cámara Federal de Rosario dependen las sedes de la propia Rosario, Santa Fe, Rafaela, San Lorenzo, Venado Tuerto y San Nicolás, en el norte bonaerense.

En la primera parte Casal hace una descripción de todo el proceso que se viene realizando para la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal. Habla de las capacitaciones, "la inmersión" de jueces de esta jurisdicción en juicios hechos en Salta, que fue la primera región en la que el Código se implementó, entre otros avances. recuerda haberle elevado al Ministerio de Justicia informes sobre los niveles de avances en febrero pasado, por lo que el gobierno de Javier Milei no desconoce todo lo que falta en materia de nombramiento de jueces, designación de personal, organización de las estructuras funcionales –como la mencionada Oficina Judicial- y la adaptación e incorporación de espacios físicos necesarios para desarrollar las nuevas formas de litigar y trabajar que conlleva el sistema.

CON INFORMACION DE LETRA P.