La recaudación cae y el ajuste se endurece: señales de alerta en la gestión fiscal de Milei

• La recaudación cayó 17% en mayo y el gasto sólo 8%, complicando el equilibrio fiscal.
• La baja se debe a menores ingresos por Ganancias, retenciones, IVA y retiro del Impuesto PAÍS.
• El Gobierno retomó el ajuste con recortes, pero sin reformas estructurales.
• Economistas advierten que el ajuste no es sostenible sin transformar el Estado.
• El superávit primario es posible, pero con un margen cada vez más estrecho.
• El ajuste 2025 se concentra en subsidios, transferencias y gasto en personal.
• Sin reformas profundas, el plan económico enfrenta límites crecientes.

El Gobierno de Javier Milei enfrenta un nuevo desafío económico: la recaudación impositiva cayó con fuerza en mayo y complicó el cierre de las cuentas públicas, según advirtió la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas (ASAP). Mientras los ingresos de la Administración Pública Nacional (APN) registraron una baja interanual del 17%, el gasto devengado se redujo apenas un 8%, tensando la estrategia de equilibrio fiscal que el Ejecutivo busca sostener como uno de sus pilares discursivos.

Entre los factores que explican la caída de ingresos, se destacan la merma del Impuesto a las Ganancias —que el año pasado había mostrado un salto extraordinario por el impacto de la devaluación sobre activos—, la fuerte disminución de las retenciones al agro, y un consumo que no repunta, lo que limita la recaudación del IVA. A esto se suma el retiro del aporte que representaba el Impuesto PAÍS, una herramienta que dejó de aportar al tesoro en este tramo del año.

Del lado del gasto, el Gobierno retomó el sendero del ajuste luego de un inicio de año más expansivo. Según ASAP, en mayo se aplicó nuevamente la “motosierra”, con una reducción del 8% en el gasto devengado de la APN. El dato contrasta con los primeros meses de 2024, donde los números mostraban cierta expansión.

El Ministerio de Economía publicará el próximo miércoles 18 los datos de base caja del Sector Público Nacional. Todo indica que podría revelarse un déficit financiero, en un contexto donde el superávit es clave para sostener el programa económico libertario.

Un ajuste que necesita reformas estructurales

En medio de la discusión por la sostenibilidad del ajuste, varios economistas comenzaron a poner en duda si el equilibrio fiscal puede mantenerse sin una transformación profunda del Estado. El presupuesto 2025 —que el oficialismo envió al Congreso pero nunca logró tratar— incluía una cláusula que obligaba a reducir el gasto en proporción directa a cualquier caída en la recaudación. Sin embargo, ese compromiso enfrenta limitaciones crecientes en un Estado que aún mantiene su estructura intacta.

El Instituto IERAL de la Fundación Mediterránea advirtió que, si la tendencia actual se sostiene, el Gobierno no tendría dificultades para alcanzar la meta de superávit primario de 1,6% del PBI en 2025. Pero también subraya que la composición del ajuste fiscal está cambiando.

En 2024, la poda se apoyó fuertemente en el recorte de jubilaciones (36%), inversión pública (11%) y subsidios energéticos (9%). En cambio, en lo que va de 2025, el ajuste se concentra en los subsidios a la energía (54%), las transferencias a familias que no reciben AUH (37%) y el gasto en personal (8%).

Mientras tanto, otras partidas de gasto —como la inversión o las transferencias a provincias— comenzaron a mostrar una recuperación parcial, lo que obliga a una gestión más fina del equilibrio fiscal.

El margen se achica

El Gobierno llega así a mitad de año con un frente económico más estrecho. La caída de ingresos pone en tensión su promesa de equilibrio fiscal sostenido, y el margen para seguir ajustando sin tocar estructuras profundas se reduce. Sin reformas estructurales, como plantea parte del oficialismo, el plan económico libertario empieza a chocar con los límites del Estado real.

En un escenario social cada vez más exigente y con una actividad económica que aún no da señales sólidas de recuperación, el equilibrio fiscal deja de ser sólo una consigna técnica y se convierte en una prueba política de alto riesgo.