El Gobierno prepara una contraoferta para frenar la avanzada de los gobernadores en el Congreso

• Los 24 gobernadores consensuaron un proyecto de ley para aumentar el ATN, coparticipar el impuesto a los combustibles y eliminar fondos fiduciarios, en rechazo al manejo discrecional del Gobierno.
• La Casa Rosada teme que se forme una mayoría legislativa que obstaculice su plan económico.
• El Gobierno prepara una contraoferta para evitar que el proyecto avance en el Congreso.
• La primera propuesta oficial fue rechazada por las provincias; se espera una nueva reunión esta semana.
• Las recientes críticas de Milei a los gobernadores tensaron más la relación.
• El conflicto tiene impacto político y económico; el mercado exige mayor previsibilidad.
• En el oficialismo reconocen que parte de los reclamos son razonables y que es necesario llegar a un acuerdo.

La tensión entre el Gobierno nacional y las provincias alcanzó un punto de inflexión. En una movida poco habitual, los 24 gobernadores del país —oficialistas, opositores y dialoguistas por igual— decidieron dejar de lado sus diferencias y consensuar un proyecto de ley que busca limitar el margen de discrecionalidad de la administración central. El mensaje al Ejecutivo fue claro: si no hay acuerdo en la mesa política, lo habrá en el Congreso.

La iniciativa conjunta apunta a incrementar los recursos del Aporte del Tesoro Nacional (ATN), coparticipar el impuesto a los combustibles y eliminar los fondos fiduciarios, considerados instrumentos de uso arbitrario por parte del Gobierno. La señal fue recibida con preocupación en la Casa Rosada, donde se reconoce que una eventual mayoría legislativa entre gobernadores y sectores opositores podría bloquear la hoja de ruta económica que impulsa Javier Milei.

El viernes pasado, el malestar federal quedó expuesto en una reunión virtual entre gobernadores y senadores de distintos bloques —Unión por la Patria, PRO, UCR y otros espacios—, donde se avanzó en la estrategia parlamentaria común. Desde una provincia históricamente enfrentada al Ejecutivo afirmaron: “Estamos muy conformes con la cohesión lograda. Hay un claro mensaje político”.

Ante el riesgo de perder el control del debate público y legislativo, el Gobierno prepara una contraoferta. Según fuentes consultadas por Infobae, el Ministerio del Interior y la Secretaría de Hacienda trabajan en una propuesta que podría atender algunos de los reclamos planteados por los mandatarios provinciales en la reciente cumbre del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

La primera oferta, que incluía la redistribución de fondos del extinto Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) para obras viales, fue considerada insuficiente por los 24 distritos. Sin embargo, aún se percibe una última ventana de oportunidad para evitar que el proyecto conjunto llegue al Congreso. Este martes, en el CFI, se volverán a reunir los ministros de Economía provinciales con Carlos Guberman, el funcionario más conocedor de los márgenes presupuestarios reales del Estado.

El conflicto no es solo fiscal. Tiene un fuerte componente político. Las recientes declaraciones de Milei, en las que acusó a las provincias de ser “la última trinchera de la casta” y de faltarle el respeto a la sociedad, profundizaron el malestar y aceleraron los tiempos legislativos. “Al Presidente no le importa si una declaración tiene costo político”, explican en su entorno. Pero en este caso, el costo puede ser alto.

En Balcarce 50 toman nota de los riesgos: la oposición, fortalecida y unificada por la causa federal, podría replicar esta dinámica en otros frentes, como el financiamiento universitario o el aumento a los jubilados. Temas que ya están siendo tratados en el Congreso y que podrían acumular presión política y fiscal para la administración libertaria.

El trasfondo económico también inquieta. El mercado observa con desconfianza la falta de señales políticas claras. El riesgo país se mantiene en torno a los 700 puntos y los inversores esperan definiciones que disipen dudas sobre la sostenibilidad del programa económico. En este contexto, evitar una escalada con los gobernadores podría tener más valor que la disputa simbólica.

“El costo de oponerse al Gobierno ya no es tan alto como lo fue el año pasado”, admiten en el oficialismo. Y por eso mismo, varios operadores creen que ofrecer una solución a las provincias sería más conveniente que enfrentar una derrota política que afecte también al frente financiero.

El Gobierno lo sabe. Sus interlocutores más pragmáticos admiten que parte de las demandas provinciales “son razonables” y que “hay que acordar de alguna manera”. La clave, reconocen, está en combinar una propuesta económica viable con gestos políticos hacia los aliados. Porque, más allá del proyecto federal, también está en juego el armado libertario en los distritos, con la mirada puesta en las próximas elecciones.

Por ahora, los gobernadores aguardan. Algunos con desconfianza. Otros con expectativa. Pero todos con una certeza común: el poder territorial está dispuesto a plantarse, y la Casa Rosada tiene poco margen para subestimarlo.