Crisis del fentanilo adulterado: el Congreso avanza en una comisión investigadora con un amplio consenso opositor

• Diputados del kirchnerismo, PRO, UCR y Democracia acordaron crear una comisión investigadora por la tragedia del fentanilo adulterado, que dejó 87 muertos.
• La Libertad Avanza quedó fuera del consenso y su ausencia generó tensiones en el cronograma legislativo.
• La comisión funcionará cinco meses, tendrá 31 miembros y no será bicameral ni presidida por los bloques mayoritarios.
• El ministro de Salud, Mario Lugones, evitó responder citaciones y no dio declaraciones públicas sobre el caso.
• La Justicia investiga en paralelo: una ex funcionaria de ANMAT reveló que un laboratorio operó pese a incumplir Buenas Prácticas de Fabricación.
• El Congreso busca esclarecer responsabilidades y fortalecer los controles para evitar nuevas emergencias sanitarias.

En un gesto poco frecuente en la polarizada política argentina, los principales bloques parlamentarios –kirchnerismo, PRO, UCR y el espacio Democracia– alcanzaron un acuerdo para conformar una comisión investigadora que indague las responsabilidades detrás de la crisis del fentanilo adulterado, la mayor emergencia sanitaria desde el regreso de la democracia. El episodio, que ya dejó 87 víctimas fatales, puso bajo la lupa el sistema de control de medicamentos y la respuesta del Gobierno nacional.

La Libertad Avanza (LLA), fuerza oficialista, decidió marginarse del consenso. Según reconstruyó Infobae, las negociaciones entre diputadas de las principales bancadas fueron intensas. Paula Penacca y Victoria Tolosa Paz representaron al kirchnerismo; Silvia Lospennato y Silvana Giúdici, al PRO; Karina Banfi, a la UCR; y Carla Carrizo, a Democracia. Ellas lograron unificar criterios para redactar un pre dictamen que fija las reglas de juego: estructura, autoridades, plazos y atribuciones para requerir información al Ministerio de Salud y al ministro Mario Lugones, quien ha mantenido un silencio prolongado ante las citaciones parlamentarias.

El texto consensuado prevé que la comisión esté integrada por 31 diputados y funcione durante cinco meses. No será bicameral, como proponían algunos proyectos iniciales, y su presidencia no recaerá en ninguno de los tres bloques mayoritarios. Esta definición busca blindar la investigación frente a las acusaciones de partidismo. Sin embargo, cualquier cambio en la composición del Congreso después del 10 de diciembre podría alterar el equilibrio interno de fuerzas.

El cronograma legislativo suma incertidumbre. El miércoles por la tarde está convocado el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Poderes y Reglamento, presididas por el libertario Nicolás Mayoraz y la dirigente del PRO Silvia Lospennato, respectivamente. Pero una hora antes está agendada una sesión clave sobre los presupuestos universitarios y la situación del hospital Garrahan, lo que podría forzar una reprogramación. Desde los bloques opositores advirtieron: “Si Mayoraz no cambia la fecha, aprovecharemos el recinto para emplazar a la comisión y arrancar con las primeras medidas de investigación el jueves o el martes siguiente”.

Mientras tanto, la Justicia avanza en paralelo. El juez federal Ernesto Kreplak tomó declaración a Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, ex responsable del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) de la ANMAT. La abogada reconoció que, desde el 28 de noviembre de 2024, el laboratorio Ramallo SA –elaborador exclusivo de HLB Pharma Group SA– sabía que no cumplía las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) y no debía producir medicamentos hasta resolver las irregularidades señaladas por los inspectores. Esa admisión profundiza las sospechas de fallas sistémicas en el control sanitario.

La tragedia del fentanilo adulterado reabrió viejas discusiones sobre la capacidad del Estado para fiscalizar la producción farmacéutica. Las 87 muertes no solo revelan posibles negligencias privadas, sino también vacíos regulatorios y demoras en la respuesta oficial. La inacción del ministro Lugones, que aún no dio explicaciones públicas, alimenta el malestar en el Congreso y entre las familias de las víctimas.

Con esta comisión investigadora, el Parlamento busca recuperar iniciativa y credibilidad. El acuerdo entre bloques rivales muestra que, al menos en esta ocasión, las disputas partidarias pueden quedar en segundo plano frente a una emergencia nacional. Resta saber si la comisión logrará exponer responsabilidades concretas y promover cambios de fondo en el sistema de control de medicamentos, o si quedará atrapada en las tensiones políticas que atraviesan al oficialismo y la oposición.