La concejal Carla Boidi impulsa una actualización clave para protección del patrimonio urbano

La concejal de Unidos para Cambiar Santa Fe, Arq. Carla Boidi, presentó un proyecto de modificación de la Ordenanza Nº 3.236 que busca fortalecer de manera sustancial el marco normativo de preservación del patrimonio urbano de Rafaela. La iniciativa surge del Colegio de Arquitectura y Urbanismo D5, ante la necesidad de contar con herramientas más claras, actualizadas y efectivas que garanticen la correcta protección de los inmuebles que conforman la identidad histórica, arquitectónica y cultural de la ciudad.
Boidi recordó que Rafaela cuenta desde 1991 con la Comisión de Preservación y Defensa del Patrimonio Urbano, creada para elaborar programas de preservación cultural y arquitectónica, y que el Decreto Nº 35.204 establece un listado preventivo de bienes protegidos. Sin embargo, la edil advirtió que la falta de procedimientos específicos y de controles profesionales previos a las intervenciones en dichos inmuebles puede derivar en acciones que deterioren o destruyan elementos irrecuperables del patrimonio urbano.
En este contexto, el proyecto propone que toda intervención que se realice sobre inmuebles patrimoniales, o sobre aquellos construidos antes de 1945 que se consideren de valor histórico, deba ser presentada obligatoriamente por un/a arquitecto/a matriculado/a. Esta exigencia profesional permitirá garantizar la veracidad de la documentación técnica, la adecuación del proyecto a las normas de preservación y la supervisión experta de la obra, asegurando que cualquier modificación respete el carácter original del bien.
Otro aspecto central de la propuesta es el destino específico de las multas que se apliquen cuando se detecten intervenciones ilegales o alteraciones que afecten la esencia o el valor testimonial de los inmuebles protegidos. El proyecto plantea que esos recursos no ingresen al presupuesto general del municipio, sino que sean destinados exclusivamente a programas de conservación y restauración del patrimonio urbano, generando un mecanismo reparador que fortalezca las acciones de cuidado y mantenimiento del acervo arquitectónico de la ciudad.
Boidi sostuvo que la aprobación de estas modificaciones representaría “un paso firme hacia una política de preservación patrimonial más coherente, más responsable y más efectiva”, y enfatizó que comprar un inmueble incluido en el registro patrimonial implica asumir obligaciones concretas en beneficio de la comunidad y de la memoria colectiva.
“Cuando se pierde un edificio patrimonial, se pierde una parte irrepetible de nuestra identidad colectiva. Por eso necesitamos un marco legal firme que nos permita anticipar, cuidar y actuar con responsabilidad. Proteger nuestro patrimonio no es mirar hacia atrás: es fortalecer el tejido social, ofrecer a las juventudes referencias culturales sólidas y construir una ciudad que reconoce y pone en valor su historia”, concluyó.