Un proyecto de reforma laboral que redefine el mapa del trabajo y anticipa tensiones en el Congreso

• El Gobierno envió al Congreso una reforma laboral integral surgida del Consejo de Mayo.
• El proyecto introduce cambios en vacaciones, banco de horas e indemnizaciones.
• Se digitalizan recibos, certificados y documentación laboral obligatoriamente.
• Crea fondos sectoriales de cese y redefine el cálculo indemnizatorio.
• Incluye regímenes especiales: casas particulares, agrarios y repartidores por plataforma.
• Elimina la ultraactividad de los convenios y crea incentivos para la formalización laboral.

El gobierno de Javier Milei formalizó en las últimas horas el envío al Congreso del proyecto definitivo de reforma laboral, una iniciativa que marca uno de los ejes centrales de su agenda económica y política. Tras semanas de negociaciones con actores sindicales, empresariales y representantes provinciales reunidos en el Consejo de Mayo, el texto final busca modernizar regulaciones vigentes y reconfigurar reglas históricas del mercado de trabajo argentino. La propuesta abarca desde las vacaciones y la organización de horas laborales hasta indemnizaciones, regímenes especiales y procedimientos judiciales, con un alcance transversal para sectores públicos y privados.

El capítulo dedicado a las vacaciones introduce cambios destinados a dotar de mayor flexibilidad al sistema actual, aunque sin alterar el piso establecido por la Ley de Contrato de Trabajo. Se mantiene el otorgamiento entre octubre y abril, pero se incorpora la obligación de permitir al menos una vez cada tres años el descanso en verano y la posibilidad de fraccionar el período, siempre en tramos no menores a siete días. La medida refleja un intento de conciliar intereses productivos con la creciente demanda de adaptabilidad por parte de los trabajadores. No obstante, el fraccionamiento fuera del período tradicional requerirá autorización estatal, lo que anticipa discusiones entre gremios y empleadores.

Otro de los puntos sensibles es el banco de horas, que habilita acuerdos individuales o colectivos para compensar horas extraordinarias dentro de un esquema voluntario y documentado. La iniciativa apunta a que jornadas extensas puedan equilibrarse con otras más breves, siempre dentro de los límites semanales y respetando descansos obligatorios. Para los sindicatos, se trata de una herramienta que podría profundizar desigualdades si no se garantiza un control estricto, mientras que para el sector empresarial representa una vía para dinamizar procesos productivos.

El capítulo más controvertido es, sin duda, el de indemnizaciones y despidos. El proyecto propone reemplazar el esquema tradicional por fondos de cese sectoriales financiados por aportes patronales, con topes y nuevas definiciones sobre remuneración habitual. La posibilidad de pagos fraccionados, la determinación de beneficiarios en caso de fallecimiento y la diferenciación entre despidos con causa y sin causa componen un rediseño profundo del sistema. Además, se establecen servicios mínimos de hasta el 75% en áreas esenciales y del 50% en ramas estratégicas, una decisión que generó rechazo sindical por considerarla un condicionamiento al derecho de huelga.

En materia salarial, la digitalización se vuelve norma obligatoria: recibos, planillas, certificados médicos y documentación laboral deberán emitirse en formato electrónico, con igual validez que su versión en papel. La iniciativa busca dar mayor transparencia y trazabilidad, en paralelo a una redefinición de los componentes remunerativos que aspira a reducir litigios posteriores.

El proyecto también aborda la regulación de enfermedades, ausencias y reincorporaciones, consolidando el uso de certificados médicos digitales y estableciendo mecanismos de verificación a través de un sistema centralizado. La reincorporación queda supeditada al alta definitiva, y la empresa no estará obligada a asignar tareas distintas durante la recuperación parcial.

A su vez, el Gobierno introduce capítulos específicos para el trabajo doméstico y el agrario, ampliando períodos de prueba y formalizando obligaciones en materia de descanso, alimentación, insumos y seguros. En el ámbito rural, se crea un contrato permanente con período de prueba de ocho meses, acompañado de garantías sobre salarios y remuneración por rendimiento.

Entre las novedades más resonantes aparece el Régimen de Servicios Personales para repartidores y mensajerías por plataforma, que incorpora derechos específicos, registro obligatorio y cobertura social. Se suman normas sobre responsabilidad en subcontrataciones, procedimientos judiciales, prácticas sindicales y asambleas, con límites estrictos a bloqueos y tomas de establecimientos.

La reforma elimina la ultraactividad de los convenios colectivos y habilita suspensiones de cláusulas cuando generen distorsiones económicas. Finalmente, el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral propone reducciones temporales de contribuciones patronales para fomentar nuevos empleos registrados.

La magnitud del proyecto anticipa un debate áspero en el Congreso, donde el oficialismo buscará sostener los acuerdos preliminares alcanzados, en un escenario donde las reacciones sindicales y la correlación de fuerzas legislativas serán determinantes.