El Gobierno endurece el freno a las contrataciones y avanza con un recorte estructural del empleo público

• El Gobierno suspendió nuevas contrataciones en la administración pública nacional.
• La medida fue oficializada mediante el decreto 934/2025.
• Se restringen todas las modalidades de incorporación, con excepciones puntuales.
• Habrá un sistema de reemplazo de un ingreso cada dos bajas, con autorización previa.
• Se mantienen el cupo de discapacidad y algunas contrataciones estratégicas.
• El congelamiento del empleo se extiende hasta fines de 2026.

El Gobierno nacional profundizó su política de ajuste y reorganización del Estado al disponer una suspensión general de nuevas contrataciones y designaciones de personal en la administración pública nacional. La medida, oficializada mediante el decreto 934/2025, se inscribe en un proceso más amplio de racionalización del gasto y control de la planta estatal impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, uno de los ejes centrales de la estrategia oficial.

El decreto alcanza a la administración central, organismos descentralizados y entidades bajo la órbita estatal comprendidas en la Ley de Administración Financiera. En los hechos, la norma bloquea cualquier incorporación de personal, sin importar la modalidad: quedan anuladas las designaciones en plantas transitorias, las contrataciones temporales, a plazo fijo o indeterminado, a tiempo parcial o eventual. También se restringen los contratos por prestación de servicios con profesionales autónomos y las designaciones transitorias en planta permanente.

La decisión busca frenar el crecimiento de la dotación estatal y consolidar una estructura más acotada. Desde el Ejecutivo sostienen que el Estado arrastra desde hace años una expansión desordenada de su plantilla, con múltiples regímenes de contratación que, en muchos casos, terminaron desvirtuando los mecanismos de ingreso previstos por la normativa. El decreto apunta, en ese sentido, a cerrar esas vías y establecer reglas más estrictas para cualquier excepción.

No obstante, la suspensión no es absoluta. El texto establece un conjunto de sectores exceptuados por su carácter estratégico o esencial. Quedan fuera de la restricción las universidades nacionales, el Servicio Penitenciario Federal, las Fuerzas Armadas y de Seguridad —aunque se excluye a su planta civil— y el personal profesional destinado a hospitales, centros asistenciales e institutos de investigación y producción. También se contemplan excepciones para el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y el cuerpo de guardaparques nacionales, áreas consideradas críticas por su función operativa.

Uno de los puntos centrales del decreto es la incorporación de un mecanismo de reemplazo controlado. A partir de 2026, cada dependencia podrá incorporar un trabajador por cada dos bajas que se produzcan, siempre que esas salidas no se originen en retiros voluntarios ni en acuerdos de desvinculación. Incluso en esos casos, la reposición no será automática: cada organismo deberá solicitar autorización a la Subsecretaría de Modernización y Desarrollo del Empleo Público, que evaluará la pertinencia del pedido.

El esquema prevé, además, una alternativa aún más restrictiva. De manera excepcional, la Subsecretaría podrá autorizar el ingreso de dos empleados por cada baja, pero solo en organismos que acrediten una necesidad estratégica concreta y demuestren haber avanzado previamente en un proceso de racionalización de su dotación. La evaluación se realizará en conjunto con la Secretaría de Hacienda, lo que refuerza el control presupuestario sobre las incorporaciones.

El decreto también establece un listado de exclusiones puntuales. Quedan habilitadas las contrataciones específicas de artistas y profesionales en el ámbito de la Secretaría de Cultura, siempre que se trate de prestaciones intelectuales o suplencias en cuerpos artísticos estables. Asimismo, no se verán alcanzadas las prórrogas de contratos y designaciones transitorias ya vigentes, el nombramiento de personal de gabinete, las incorporaciones derivadas del Programa de Movilidad y Búsquedas Internas y los ingresos a plantas permanentes que resulten de concursos de selección.

En paralelo, la norma ratifica la vigencia del cupo de discapacidad previsto por la ley, garantizando que la restricción no afecte la cobertura de cargos destinados a personas con discapacidad. También instruye a los representantes del Estado en empresas públicas y fondos fiduciarios a adoptar políticas similares, extendiendo el criterio de contención del empleo más allá de la administración central.

Finalmente, el Gobierno decidió derogar el decreto que regulaba las condiciones de contratación aprobado a fines de 2024 y prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2026 la Decisión Administrativa 28, que ya había impuesto límites a las incorporaciones estatales. Con este paquete de medidas, el Ejecutivo consolida un esquema de congelamiento del empleo público que busca reducir el peso del Estado y ordenar su estructura, en línea con la agenda de reforma y desregulación que impulsa la administración Milei.