Pullaro quiere cobrar un polémico peaje

El reciente anuncio del gobierno de Santa Fe sobre la implementación de un peaje único para los camiones que acceden a la zona portuaria del Gran Rosario ha encendido la alerta entre los intendentes de las siete localidades que, desde hace años, dependen de la "tasa vial" para el mantenimiento y limpieza de las rutas que conducen a las terminales cerealeras. Este asunto no es solo un conflicto administrativo; es una cuestión esencial que puede afectar gravemente la estabilidad financiera de estos municipios y la calidad de vida de sus ciudadanos.
Los intendentes argumentan, con razón, que esta tasa representa una porción significativa de sus ingresos —en algunos casos, hasta el 50% de la recaudación— y que gracias a esos fondos han podido llevar a cabo obras esenciales para sus comunidades. La propuesta de un "Circuito de Ingresos a Puertos" liderada por el equipo del gobernador Pullaro, que considera un peaje de casi 40 dólares por camión, despertó preocupaciones sobre un golpe devastador a los recursos locales.
La problemática no es trivial: anualmente, la región recibe alrededor de dos millones de camiones que transportan 100 millones de toneladas de granos. Con una red de 29 terminales asentadas a lo largo del Río Paraná, la logística no solo es crucial para la economía regional, sino también para el sustento de una importante parte del agroexportador argentino. De hecho, algunos de estos accesos están en condiciones lamentables, lo que evidencia la falta de atención en infraestructuras vitales.
La situación se complica más cuando el gobierno provincial intenta centralizar el cobro del peaje sin un plan claro que asegure que las municipalidades no se vean perjudicadas. Aunque algunos funcionarios han expresado su intención de trabajar en un acuerdo, las negociaciones iniciales, que incluían un sistema de coparticipación, fueron frustradas por el rechazo de los intendentes. La propuesta del intendente sanlorencino Leo Raimundo de implementar un sistema de "doble ticketera", que garantice el cobro de las tasas municipales, es un punto de partida, pero requiere de un consenso más amplio.
Al mismo tiempo, el gobernador ha lanzado un ambicioso plan de obras públicas que, según sus proyecciones, demandará una inversión monumental de 4 mil millones de dólares. Sin embargo, el intendente de Puerto General San Martín, Carlos De Grandis, ha planteado una crítica válida: ¿cómo se espera financiar estas obras locales cuando el gobierno nacional ha recortado las transferencias de recursos y parece haber abandonado la obra pública y vial? Es un argumento persuasivo y debe ser considerado en cualquier discusión sobre inversión en infraestructura.
El sector agroexportador, que constituye una de las principales fuentes de dólares para Argentina, merece atención y recursos adecuados. No podemos permitir que la falta de inversión y la ineficiencia administrativa impidan que nuestra infraestructura se encuentre a la altura de su potencial. La discrepancia entre la necesidad de una red de acceso adecuada y la falta de voluntad política para financiarla es evidente y debe ser abordada urgentemente.
Los intendentes, amparados en una nueva constitución provincial que refuerza su autonomía, están justificados en su demanda de recursos. No se puede sacrificar la sostenibilidad de las ciudades en aras de un sistema centralizado que no considere las realidades locales. La creación de un esquema que equilibre los intereses provinciales y municipales es imperativa y, para lograrlo, es necesario que las partes se comprometan a dialogar y encontrar alternativas razonables que aseguren tanto el desarrollo de la infraestructura portuaria como el bienestar de los municipios. Solo así se podrá construir un futuro más sólido y equitativo para toda la región.