El chavismo activa la sucesión controlada y endurece el poder tras la detención de Maduro

• El TSJ designó a Delcy Rodríguez como presidenta interina tras la detención de Maduro.
• La Justicia chavista consideró la ausencia del mandatario como “temporal” y evitó llamar a elecciones.
• Rodríguez activó el Consejo de Defensa de la Nación y pidió aval para un estado de conmoción exterior.
• El régimen presentó la captura de Maduro como un “secuestro” producto de una agresión extranjera.
• El decreto habilita un fuerte control militar sobre servicios, hidrocarburos y seguridad interna.
• El chavismo busca una sucesión controlada en medio de un escenario político e internacional incierto.

El régimen venezolano movió con rapidez sus piezas tras la detención de Nicolás Maduro en una prisión federal de los Estados Unidos. En una decisión que busca preservar la continuidad del poder y evitar un vacío institucional, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma de manera interina las funciones presidenciales. El fallo, difundido a través de una cadena obligatoria de radio y televisión, se apoyó en la interpretación de que la ausencia del mandatario es “temporal” y no configura, por el momento, una falta absoluta.

La resolución fue leída por la presidenta de la Sala Constitucional, Tania D’Amelio, quien sostuvo que la medida apunta a garantizar la “continuidad administrativa y la defensa integral de la nación” en el marco de lo que el tribunal calificó como una “agresión militar extranjera”. En ese contexto, la captura de Maduro fue presentada oficialmente como un “secuestro” ejecutado por fuerzas estadounidenses durante los bombardeos sobre Caracas y otros puntos del país.

El pronunciamiento judicial descarta, al menos en esta etapa, la activación del mecanismo constitucional que obligaría a convocar elecciones presidenciales en un plazo de 30 días. Al considerar la ausencia como transitoria, el TSJ habilitó a Rodríguez a ejercer el Poder Ejecutivo por hasta 90 días, con la posibilidad de una prórroga por un período similar si así lo autoriza la Asamblea Nacional. Se trata de un margen temporal que le otorga al chavismo una ventana clave para reorganizarse frente a un escenario inédito.

Maduro fue trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo, entre otros delitos. La ofensiva estadounidense que precedió a su captura incluyó ataques aéreos en la capital venezolana y en al menos otros tres estados, un dato que el oficialismo utiliza como argumento central para reforzar su narrativa de agresión externa y cohesión interna.

En paralelo a la decisión del TSJ, Delcy Rodríguez anunció la activación inmediata del Consejo de Defensa de la Nación y la remisión de un decreto de estado de conmoción exterior para su aval constitucional. Durante una reunión transmitida por el canal estatal, en la que participaron ministros y altos mandos militares, la vicepresidenta aseguró que se aguarda una definición de la Sala Constitucional “en las próximas horas” para ejecutar plenamente las medidas previstas.

El mensaje político de Rodríguez fue tan explícito como desafiante. Insistió en que el “único” presidente de Venezuela sigue siendo Nicolás Maduro y remarcó que el decreto de conmoción fue firmado por él antes de ser capturado. La estrategia discursiva apunta a preservar la figura del líder detenido como eje de legitimidad, aun cuando el ejercicio efectivo del poder haya quedado en manos de su número dos.

De obtener el respaldo formal del TSJ, el decreto habilitaría un endurecimiento significativo del control estatal y militar. Entre las facultades previstas se incluye la movilización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo el territorio, el control militar inmediato de la infraestructura de servicios públicos, de la industria de hidrocarburos y de las empresas básicas, además de la activación de todos los planes de seguridad ciudadana. El objetivo declarado es asegurar el “pleno funcionamiento” del país en un contexto de crisis.

La decisión del tribunal se produce, además, en la antesala del inicio de funciones de una nueva Asamblea Nacional, surgida de elecciones cuestionadas y consideradas ilegítimas por amplios sectores de la oposición y de la comunidad internacional. Ese dato refuerza la lectura de que el chavismo busca cerrar filas institucionales para evitar cualquier atisbo de transición política inmediata.

Con Maduro detenido fuera del país, un poder judicial alineado y una vicepresidenta que asume con respaldo militar, el régimen apuesta a una sucesión controlada y a la profundización del estado de excepción. El desenlace, sin embargo, sigue abierto: la duración real de la interinidad, la reacción interna y la presión internacional marcarán los límites de una arquitectura de poder puesta a prueba como nunca antes.