Más de 900 presos políticos permanecen recluidos o desaparecidos en las cárceles de la dictadura de Maduro

Venezuela está en el centro del huracán Trump y en medio de las miradas de Hispanoamérica y Europa. Las amenazas del presidente de Estados Unidos de bombardear por tierra, mar y aire los objetivos de los «narcotraficantes» que identifica, y no anda desencaminado, con el Cartel de los Soles que lidera Nicolás Maduro, no se han concretado.

Hasta ahora la flota del Caribe que encabeza el portaviones U.S. Gerald Ford y los equipos de la CIA desplegados, desde hace años, en Venezuela han reducido sus operaciones a la destrucción de un treintena de narcolanchas y la muerte de más de un centenar de presuntos traficantes. La destrucción de un depósito/fábrica de estupefacientes, la madrugada de Navidad, ha quedado en el limbo de las confirmaciones.

Fuentes locales y hasta el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguraron que el ataque se había producido en un enclave de la costa de Maracaibo, pero el régimen hizo oídos sordos y ha evitado pronunciarse hasta la fecha. Washington sostiene el ataque que hizo público Trump, pero evita dar detalles aunque la CIA confirmó que se había producido, sin especificar la localización, y que no había que lamentar víctimas mortales.

Donald Trump insistió en que esto es sólo el principio del fin de la dictadura y Maduro trata de ablandarle liberando presos, pero entre estos no figura Rafael Tudares, yerno del, en teoría, presidente electo Edmundo González Urrutia. Condenado a 30 años en una parodia de juicio, distintas versiones apuntan a que estaría preso en el Rodeo, un centro en las afueras de Caracas, en el Estado de Miranda.

En este penal compartiría celda con Antonio Sequea, capitán de la Guardia Nacional, y uno de los líderes en 2020, del contragolpe contra Maduro en lo que se dio en llamar la Operación Gadeón. El militar lleva cinco años sometido a suplicios y en unas condiciones infrahumanas.

En este contexto, el Foro Penal publicó las estadísticas de los presos políticos que sufren el azote de la dictadura bolivariana. A 15 de diciembre de 2025, 782 hombres y 120 mujeres permanecen recluidos en las mazmorras del régimen.

De estos, 728 son civiles y 174 militares bajo sospecha de ser contrarios a los atropellos de la dictadura. La mayoría, según el Foro Penal, organización civil de reconocido prestigio, 898 son adultos y el resto menores.

El Foro Penal observa que en total son 902 los detenidos por razones políticas y de estos se desconoce el paradero de 62. En cuanto a la nacionalidad de los detenidos, 86 tienen pasaporte de otros países.

Antonio Ledezma, exalcalde Caracas exiliado en España, observa: «la privación de libertad en contextos autoritarios no cumple únicamente una función punitiva o de seguridad; opera fundamentalmente como un activo de reserva política. Los regímenes que enfrentan aislamiento internacional o crisis de legitimidad perciben a la población carcelaria de carácter político como una moneda de cambio».

Asimismo, y sin olvidar las excarcelaciones del régimen estas navidades de 71 presos políticos, reflexiona: «la liberación en períodos de baja movilización social (vacaciones decembrinas) reduce el riesgo de que la salida de los líderes opositores genere una protesta inmediata y masiva en las calles».

En el informe del Foro Penal las estadísticas demuestran que de todos los que permanecen entre rejas, apenas 162 tienen sentencia condenatoria mientras 740 aguardan un juicio que ya saben que no será justo ni transparente.

El Foro Penal ha registrado, desde 2014, 18.612 arrestos improcedentes. El organismo ha prestado asistencia a 14.000 detenidos que hoy están fuera de prisión así como a otras víctimas de violaciones de derechos humanos. El Foro destaca que, «además de los presos políticos, más de 10.000 personas siguen sujetas, arbitrariamente, a medidas restrictivas de su libertad» en Venezuela.

*Para El Debate