Catamarca, entre el pragmatismo político y la polémica por el reparto de fondos nacionales

• Catamarca quedó en el centro del debate por el vínculo político entre Raúl Jalil y Javier Milei
• El apoyo legislativo del gobernador a leyes clave generó tensiones dentro del peronismo
• Denuncian un uso discrecional de los Aportes del Tesoro Nacional enviados por la Nación
• Sostienen que los fondos se destinan a aliados políticos y se niegan a dirigentes críticos
• Las críticas apuntan a una contradicción entre el discurso anticasta y la práctica fiscal
• El conflicto reabre la discusión sobre el poder de los gobernadores y la transparencia en las provincias

La relación entre el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y el presidente Javier Milei abrió un debate político que excede las fronteras provinciales y expone tensiones internas dentro del peronismo. El respaldo que los legisladores catamarqueños brindaron al Gobierno nacional durante las sesiones extraordinarias del Congreso —en particular al Presupuesto y a la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal— reconfiguró alianzas y generó fuertes cuestionamientos sobre el costo político y material de ese acompañamiento.

El apoyo no pasó inadvertido. Dentro del peronismo, sectores opositores al oficialismo libertario señalaron a Jalil y al tucumano Osvaldo Jaldo como gobernadores “dialoguistas” que, con su decisión, debilitaron la estrategia común del espacio. En Catamarca, sin embargo, el foco del debate se desplazó rápidamente hacia otro eje: el destino de los fondos nacionales que llegan a la provincia y la forma en que son redistribuidos por la administración local.

El centro de la controversia son los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), transferencias discrecionales que el Poder Ejecutivo gira a las provincias para atender desequilibrios financieros o situaciones de emergencia. En una carta abierta dirigida al presidente Milei, el periodista catamarqueño Juan Carlos Andrada denunció que esos recursos estarían siendo utilizados por el gobernador como una herramienta de disciplinamiento político interno.

“Los ATN de Nación son de todos los catamarqueños, no un bono de lealtad para los aliados del gobernador”, escribió Andrada, al advertir que los fondos enviados desde Casa Rosada serían desviados de su objetivo original para sostener un esquema de poder provincial. En su planteo, el comunicador sostuvo que la administración local utiliza esos recursos para “blindarse” y perpetuar prácticas que calificó como parte de un sistema de corrupción estructural.

La denuncia apunta a un reparto selectivo de los fondos. Según Andrada, los ATN serían canalizados principalmente hacia intendentes peronistas o aliados políticos que enfrentan problemas de gestión o desequilibrios financieros. En ese esquema, los recursos funcionarían como un “seguro de impunidad”, destinado a tapar déficits, desprolijidades administrativas o, directamente, desfalcos, mientras se mantiene activo el aparato clientelar en los territorios.

En contrapartida, siempre según esa mirada crítica, los intendentes y dirigentes que impulsan una gestión más transparente o que incluso manifiestan afinidad con las ideas del presidente Milei quedarían marginados del reparto. “A ellos se les cierra el grifo”, afirmó Andrada, al señalar que esa decisión termina afectando de manera directa a las comunidades locales, que ven restringidos los recursos por razones políticas antes que técnicas.

El planteo no solo interpela al gobernador, sino también al Gobierno nacional. En su carta, el periodista pidió explícitamente a Milei que “ponga la lupa” sobre la redistribución de los fondos y advirtió sobre la paradoja de que una administración que se presenta como enemiga de la “casta” termine, de manera indirecta, financiando viejas prácticas de poder en las provincias. “Es una ironía trágica que su gestión financie el círculo vicioso que usted supuestamente vino a combatir”, sostuvo.

El trasfondo del conflicto revela una tensión clásica de la política argentina: la relación entre la Nación y los gobernadores, atravesada por necesidades fiscales, acuerdos legislativos y disputas de poder territorial. En ese juego, el pragmatismo suele imponerse sobre las afinidades ideológicas, y los apoyos en el Congreso se traducen en gestos concretos desde el Ejecutivo.

En Catamarca, el debate sigue abierto. Mientras Jalil consolida un vínculo funcional con la Casa Rosada, crecen las críticas internas que reclaman transparencia, equidad en el reparto de fondos y el fin de prácticas discrecionales. La discusión, lejos de agotarse en una coyuntura legislativa, expone una pregunta de fondo: hasta qué punto los acuerdos políticos pueden convivir con las promesas de cambio que atraviesan el escenario nacional.