Escándalo en Entre Ríos: Hallan dispositivos de espionaje ocultos en el despacho de Rogelio Frigerio

• Hallaron tres dispositivos de grabación ocultos en los despachos del gobernador y la Secretaría General.
• El gobernador Rogelio Frigerio denunció el hecho como una práctica oscura de la política pasada.
• La Policía de Entre Ríos confirmó que los aparatos capturaban audio y video de forma clandestina.
• Se iniciaron denuncias penales y una investigación administrativa para detectar complicidades internas.
• El operativo se activó tras sospechas por la filtración inmediata de conversaciones privadas oficiales.
• El hallazgo ocurre previo a la visita de los funcionarios nacionales Manuel Adorni y Diego Santilli.

La provincia de Entre Ríos se encuentra conmocionada tras revelarse un hecho de inusitada gravedad institucional que sacude los cimientos del poder político local. Este miércoles, el Gobierno provincial confirmó el hallazgo de sofisticados dispositivos de grabación de audio y video ocultos en dependencias clave de la Casa de Gobierno. Los aparatos de espionaje fueron detectados nada menos que en el despacho personal del gobernador Rogelio Frigerio y en las oficinas de la Secretaría General de la Gobernación, cuya titularidad ejerce Mauricio Colello. Este hallazgo, calificado por las autoridades como un atentado directo contra la democracia, representa un suceso sin precedentes en la historia reciente de la provincia desde el retorno del orden constitucional en 1983.

El propio mandatario provincial utilizó sus canales oficiales de comunicación para dar a conocer la noticia y sentar una postura firme ante lo ocurrido. Frigerio detalló que se encontraron tres dispositivos de espionaje y confirmó que ya se han iniciado las denuncias penales correspondientes, además de la apertura de investigaciones administrativas internas para deslindar responsabilidades. En un mensaje cargado de contenido político, el gobernador afirmó que en Entre Ríos se han terminado las "prácticas oscuras del pasado" y aseguró que la transparencia, la legalidad y la libertad no son valores negociables para su gestión. Sus palabras apuntaron directamente a un cambio de paradigma respecto a los últimos veinte años de administración pública provincial.

El operativo de detección no fue casual, sino que respondió a una serie de sospechas que venían creciendo dentro del gabinete entrerriano. Según trascendió, varios funcionarios habían notado con preocupación que detalles de conversaciones privadas y debates de carácter reservado comenzaban a circular en el ámbito público casi de manera inmediata. Ante esta filtración sistemática de información, se solicitó la intervención de personal especializado de la Policía de Entre Ríos. Los efectivos realizaron un exhaustivo procedimiento técnico en el que se constató la presencia de la microtecnología instalada para el monitoreo clandestino y se procedió a su desmantelamiento para preservar las pruebas necesarias.

Desde el Palacio de Hacienda provincial emitieron un comunicado oficial donde se sostiene que estas prácticas mafiosas atentan contra la seguridad y el normal funcionamiento de las autoridades democráticamente electas. El texto remarca que, durante décadas, se naturalizaron en la provincia mecanismos de control, espionaje y persecución política que operaban en las sombras. El Gobierno fue enfático al señalar que no se encubrirá ni se relativizará lo sucedido, manifestando la clara intención de "ir hasta el fondo" de la cuestión. El objetivo de la justicia y de los auditores internos será determinar no solo quiénes colocaron físicamente los micrófonos y cámaras, sino también desde qué fecha estaban operativos, quiénes eran los destinatarios de esa información y qué uso se le dio al material obtenido ilegalmente.

Este escándalo estalla en un momento de alta intensidad política, justo en la víspera de una visita institucional de relevancia nacional. Para mañana está prevista la llegada a la provincia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro del Interior, Diego Santilli, quienes mantendrán reuniones de trabajo con Frigerio. El hallazgo de los dispositivos añade una capa de tensión adicional a la agenda pública, reforzando el discurso oficial sobre la necesidad de un "saneamiento profundo" de las estructuras del Estado. La referencia constante a los "20 años de prácticas mafiosas" alude directamente a las gestiones anteriores del Partido Justicialista, marcando una línea divisoria tajante que el actual gobierno pretende consolidar frente a la opinión pública.