A 50 años del golpe, la juventud rechaza el indulto y reafirma su compromiso con la democracia

• La mayoría de los jóvenes rechaza un eventual indulto a militares condenados
• El 75% se opone a cualquier retroceso en materia de justicia por delitos de lesa humanidad
• Se mantiene una fuerte valoración de la democracia, pese a críticas sobre su funcionamiento
• La escuela aparece como el principal espacio de construcción de memoria histórica
• Más de la mitad expresa preocupación por la posible repetición de hechos autoritarios
• El proceso de memoria, verdad y justicia sigue siendo respaldado como política de Estado

A pocos días de cumplirse medio siglo del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, un relevamiento difundido por Amnistía Internacional reveló un marcado rechazo de las nuevas generaciones a cualquier intento de indultar a militares condenados por delitos de lesa humanidad. El estudio, realizado en conjunto con la consultora Dynamis, aporta una radiografía sobre cómo los jóvenes interpretan el pasado reciente y cómo proyectan su vínculo con la democracia en la actualidad.

La encuesta, llevada adelante entre el 9 y el 11 de marzo sobre más de 600 jóvenes del Área Metropolitana de Buenos Aires, muestra que el 75% de los consultados se opone a una eventual medida de perdón judicial. La contundencia de este dato refleja no solo una posición frente a los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar, sino también una reafirmación del valor de los procesos de memoria, verdad y justicia que se consolidaron en las últimas décadas.

Más allá de ese consenso, el informe también deja ver tensiones propias del presente. Si bien la mayoría prioriza el respeto a los derechos políticos, incluso en contextos adversos, cerca de la mitad de los encuestados expresó cierto nivel de insatisfacción con el funcionamiento del sistema democrático. Este dato expone una dualidad: la defensa del sistema como marco institucional irrenunciable, combinada con una mirada crítica sobre su desempeño actual.

En ese sentido, el 57% de los jóvenes considera fundamental sostener el derecho al voto y a la expresión, aun frente a problemas de seguridad, mientras que el 48% mantiene esa postura incluso en escenarios de dificultades económicas. Sin embargo, también emergen posturas más pragmáticas: un 39% estaría dispuesto a resignar libertades en favor del crecimiento económico, y un 30% lo haría para mejorar la seguridad, lo que abre interrogantes sobre los límites de esa defensa democrática.

El estudio también indaga en el nivel de conocimiento histórico de las nuevas generaciones. Más de tres cuartos de los encuestados identifican correctamente el significado del 24 de marzo y los hechos vinculados a la dictadura. En este proceso de construcción de memoria, la escuela aparece como el principal canal de transmisión, señalada por el 80% de los participantes, seguida por el ámbito familiar. Este dato subraya el rol central del sistema educativo en la formación de conciencia histórica.

La percepción sobre el riesgo de repetición de episodios autoritarios también forma parte del relevamiento. Un 54% de los jóvenes manifestó preocupación ante esa posibilidad, con niveles más elevados entre las mujeres. Este aspecto introduce una dimensión prospectiva en el análisis: la memoria no solo como reconstrucción del pasado, sino como herramienta para interpretar el presente y anticipar riesgos futuros.

En relación con la conmemoración del 24 de marzo, la mayoría de los encuestados considera importante mantener el feriado y respaldar actividades de memoria. No obstante, aparecen diferencias en torno al rol del Estado: mientras algunos sectores prefieren limitar la intervención oficial, una porción mayoritaria avala la organización de actos y políticas públicas vinculadas a la recordación.

Desde la organización impulsora del estudio destacaron que los resultados evidencian un compromiso sostenido de las nuevas generaciones con los valores democráticos. En esa línea, remarcaron que el conocimiento sobre lo ocurrido durante la dictadura no se traduce en indiferencia, sino en un posicionamiento activo frente a posibles retrocesos institucionales.

El informe también pone en valor el recorrido argentino en materia de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, considerado a nivel internacional como un caso de referencia. Desde 2006, más de mil personas han sido condenadas en distintas jurisdicciones del país, en un proceso que, pese a las demoras estructurales, se mantiene como una política de Estado.

En este contexto, y de cara a una nueva conmemoración, la organización convocó a la sociedad a participar de las actividades previstas, haciendo hincapié en la necesidad de que las manifestaciones se desarrollen de manera pacífica y con pleno respeto a la libertad de expresión.

A cincuenta años del quiebre institucional, el estudio sugiere que la memoria no se diluye con el paso del tiempo. Por el contrario, encuentra en las nuevas generaciones un terreno fértil para sostener el debate, reafirmar principios y proyectar el futuro democrático.