La venta libre de medicamentos y el riesgo de repetir tragedias como la del fentanilo adulterado

• El caso del fentanilo adulterado reavivó las advertencias sobre los riesgos de flexibilizar la venta de medicamentos.
• La circulación por canales irregulares dificulta conocer el destino de los lotes denunciados y determinar la cantidad de víctimas.
• La falta de trazabilidad puede demorar las alertas sanitarias y el retiro de productos peligrosos.
• La venta sin supervisión farmacéutica aumenta los riesgos de errores, dosis inadecuadas e interacciones perjudiciales.
• La Procuración consideró inadmisible el recurso estatal contra la suspensión de artículos del DNU 70/2023 sobre dirección técnica.
• El sindicato reclama preservar los controles profesionales y recuperar la capacidad de fiscalización de la ANMAT.

La posibilidad de adquirir medicamentos fuera de las farmacias y sin los controles profesionales correspondientes volvió a quedar en el centro de la controversia tras el escándalo del fentanilo adulterado. El caso, que todavía mantiene abierta la discusión sobre la cantidad definitiva de víctimas fatales, reavivó las advertencias sobre los riesgos de avanzar con una desregulación que permita comercializar remedios en cualquier establecimiento, sin garantías suficientes de almacenamiento, trazabilidad y supervisión farmacéutica.

El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB) cuestionó nuevamente la política impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y sostuvo que la flexibilización de las condiciones de venta podría facilitar situaciones similares a la que se produjo con el fentanilo contaminado. Para la organización, el problema no se limita a la circulación de un medicamento adulterado, sino que expone las consecuencias que puede tener un sistema con controles debilitados.

La preocupación central está vinculada con la posibilidad de que los medicamentos lleguen a los pacientes a través de circuitos comerciales que no garanticen las condiciones necesarias para su distribución. La venta en comercios sin supervisión profesional puede dificultar la identificación del origen de los productos, el seguimiento de los lotes, la detección de irregularidades y el retiro inmediato de unidades potencialmente peligrosas.

El secretario general del sindicato, Marcelo Peretta, advirtió que en el caso del fentanilo no se habrían retirado todos los lotes denunciados. Según explicó, los productos no circularon exclusivamente por canales formales, con facturas, remitos y mecanismos de trazabilidad, sino que también habrían llegado a distintos destinos por vías irregulares.

Esa situación podría explicar por qué la Justicia todavía no cuenta con una cifra definitiva de víctimas fatales. Algunos centros de salud que detectaron la presencia de los lotes cuestionados podrían haber dejado de utilizarlos sin devolverlos ni informar formalmente que todavía los conservaban. A eso se suma la posibilidad de que pacientes o familiares no hayan recurrido a la Justicia para determinar si una muerte estuvo relacionada con el suministro del medicamento contaminado.

El episodio permite observar uno de los principales peligros de una comercialización menos controlada: cuando se pierde información sobre dónde se vendió un producto, quién lo recibió y en qué condiciones fue administrado, resulta mucho más difícil reconstruir su recorrido. Esa falta de trazabilidad puede demorar las alertas sanitarias, obstaculizar las investigaciones y complicar el retiro de medicamentos defectuosos antes de que provoquen nuevos daños.

La venta libre de remedios en establecimientos que no cuentan con dirección técnica farmacéutica también plantea riesgos para los consumidores. Sin la intervención de profesionales, pueden multiplicarse los errores en la elección de productos, las confusiones entre medicamentos, el uso inadecuado de dosis y las combinaciones potencialmente peligrosas. Además, se debilita la posibilidad de advertir sobre contraindicaciones, interacciones y condiciones de conservación.

Desde el sindicato reclamaron que la comercialización se mantenga dentro de un circuito legal, controlado y facturado. También cuestionaron la posibilidad de que medicamentos puedan ofrecerse en plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre, al considerar que ese mecanismo podría ampliar las dificultades para controlar su procedencia y garantizar su seguridad.

En ese contexto, Peretta reclamó recuperar la capacidad operativa de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), organismo al que consideró técnicamente debilitado tras las investigaciones judiciales que involucraron a sus ex directivas por presuntos vínculos con laboratorios. Según su planteo, reconstruir los mecanismos de control demandará años.

La disputa también tiene una dimensión judicial. La Procuración General de la Nación consideró formalmente inadmisible el recurso extraordinario presentado por el Estado contra una decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que había suspendido artículos del DNU 70/2023 relacionados con la dirección técnica farmacéutica.

La resolución mantiene la exigencia de que farmacias, droguerías y herboristerías cuenten con dirección técnica profesional, además de establecer que cada farmacia tenga un farmacéutico exclusivo como responsable. El decreto había habilitado que un mismo profesional pudiera dirigir más de una farmacia, eliminado determinadas exigencias para las herboristerías y flexibilizado las condiciones de funcionamiento durante la ausencia del director técnico.

El debate excede, por lo tanto, una discusión administrativa sobre quién puede vender medicamentos. Lo que está en juego es el alcance de los controles que protegen a los pacientes frente a productos adulterados, vencidos, mal conservados o distribuidos por canales difíciles de fiscalizar. El caso del fentanilo mostró las consecuencias que puede tener la pérdida de trazabilidad y dejó planteada una advertencia: facilitar el acceso comercial a los remedios sin fortalecer los controles puede convertir una política de desregulación en un problema de seguridad sanitaria.