Se frenó el debate por los "trapitos" en Santa Fe y crecen las críticas al proyecto oficial

La decisión del Senado de Santa Fe de postergar el tratamiento de la reforma al Código de Convivencia, que busca regular o prohibir la actividad de los cuidacoches, conocidos popularmente como "trapitos", abrió un nuevo capítulo en la discusión política y jurídica sobre la iniciativa.

Tras el aplazamiento del debate, integrantes del Foro contra la Impunidad y por la Justicia manifestaron su rechazo al proyecto y sostuvieron que la postergación refleja las dificultades técnicas y legales que, a su entender, presenta la propuesta impulsada por el oficialismo.

Desde la organización señalaron que las dudas surgidas dentro del propio bloque de Unidos para Cambiar Santa Fe, sumadas a las observaciones realizadas por el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, ponen en evidencia la necesidad de revisar el texto antes de avanzar con su aprobación.

Según expresaron, el funcionario provincial habría planteado reparos sobre los costos que implicaría judicializar este tipo de infracciones y sostuvo que existen alternativas menos complejas para abordar la problemática en las ciudades.

Los cuestionamientos al proyecto

El Foro presentó un informe jurídico ante el Senado en el que expone distintos puntos que, según considera, podrían derivar en cuestionamientos constitucionales si la norma fuera sancionada.

Uno de los principales reparos apunta al criterio utilizado para aplicar sanciones. La entidad sostiene que el proyecto permitiría castigar conductas a partir de la percepción subjetiva de una persona que se sienta intimidada por la presencia de un cuidacoches, sin que necesariamente exista una conducta concreta que configure una amenaza.

También advierte que esa redacción podría entrar en conflicto con el principio de lesividad, uno de los fundamentos del derecho penal, según el cual solo corresponde aplicar sanciones cuando exista un daño real y verificable hacia terceros.

Otro de los cuestionamientos se vincula con un eventual tratamiento discriminatorio hacia personas en situación de vulnerabilidad económica. Desde el Foro consideran que la iniciativa podría terminar afectando principalmente a quienes desarrollan esta actividad como medio de subsistencia, generando una exclusión social incompatible con los principios establecidos por la legislación vigente.

Piden abrir el diálogo

Tras la suspensión del tratamiento legislativo, la organización reclamó que el receso parlamentario sea aprovechado para convocar a especialistas, organizaciones sociales, cooperativas y constitucionalistas con el objetivo de elaborar un texto que reúna mayores consensos.

Los representantes del Foro señalaron que, hasta el momento, no fueron recibidos formalmente por los senadores para exponer sus observaciones, aunque destacaron que en la Cámara de Diputados sí existieron instancias de diálogo con distintos sectores antes del avance de la iniciativa.

Mientras tanto, el proyecto permanece en suspenso y continúa generando posiciones encontradas entre quienes impulsan una regulación más estricta de la actividad de los cuidacoches y quienes advierten que cualquier modificación deberá respetar las garantías constitucionales y evitar medidas que puedan derivar en situaciones de discriminación o criminalización de la pobreza.